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Los problemas en cuanto los datos, fuentes e interpretación utilizados son elementos que llevaron precipitadamente a los técnicos de la CGR a conclusiones equívocas “vistas las inconsistencias en el entendimiento de la debida aplicación técnica - temporal del Anexo C, y ante la carencia de conocimientos técnicos”, señala el ex titular de la ANDE, Ing. Luis Villordo.
Además indica que el informe presentado por la CGR pudo haber sido enriquecido de manera correcta si hubieran solicitado la colaboración de Itaipú en aclararles el cómo debía tratarse el abordaje de la aplicación del Anexo C, y por ende la determinación y la aplicación del Costo del Servicio para las entidades compradoras determinado por el Tratado. “Más específicamente, por el Anexo C y su reglamentación aprobada por el Consejo de Administración (CA) el 07 de marzo de 1997 (RCA-002/97)”, dijo.
Según Villordo, ya en el inicio del informe de la CGR se puede leer, en la página 11, penúltimo párrafo, que comete graves apreciaciones en su desarrollo sobre el origen de la deuda de los US$ 4.193 millones, alegando que el CA del año 1986 hizo caso omiso a la aplicación del Tratado y al Anexo C, dando lugar al “aumento paulatino, indebido e ilegal de la deuda”.
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“Este teje interpretativo de la CGR, ciertamente, contiene un grave error pues no podría haberse aplicado la determinación del Costo del Servicio por no estar reglamentado el Anexo C, que recién lo estuvo y entra en vigencia, el 07 de marzo de 1997”, argumenta.
Añade que estos errores conceptuales, la CGR arrastra a lo largo de todo su análisis, como en la página 13, “cuando afirma que desde los años 1985 a 1997 se tuvo que haber aplicado la tarifa de 17,10 USD/kW-mes, de acuerdo a un estudio tarifario de la Dirección Financiera”. En este punto, explica que se debe tener presente que en 1997, con la vigencia de la Resolución del Consejo de Administración RCA-002/97 recién se pudo aplicar técnicamente el Anexo C, al haber quedado reglamentado conforme atribución del CA, visto el inciso V.I del citado Anexo. “Lo que nos deja claro que la CGR incurrió en graves interpretaciones que la llevan a conclusiones equivocas”, reitera.
Que revise su informe, pide
“Es loable y posible que la CGR revise su informe dando oportunidad a la Entidad a que realice sus observaciones, considerando que es éste el procedimiento previo de la CGR antes de emitir su informe final; es dar oportunidad al descargo y a las correcciones o precisiones que pueden aportar los entes auditados, considerando el contenido técnico que debe ser analizado y que solo el auditado normalmente posee capacidad técnica -vista su formación específica- en el tema auditado”, sugiere.
Villordo aclara que está a favor de las auditorías permanentes, pero cree que se deberían impulsar mecanismos para realizarlos bajo el manto de Notas Reversales, para dar legalidad y permitir a la CGR contar con documentos oficiales del lado paraguayo y brasileño.
Lo que sostiene la Contraloría
En la conclusión de su Informe Final sobre la deuda de Itaipú, la CGR destacó que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo de la binacional, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad durante 1984 a 1996, a excepción del año 1991, fue en clara transgresión del artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, e incidió sustancialmente a nivel económico y financiero en la entidad.