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En la reunión, de carácter presencial y virtual, en la sede la Cámara de Senadores, el contralor general Camilo Benítez está presentando el informe de la Contraloría General de la República sobre la denominada “deuda espuria”, de más de US$ 4.000 millones. La reunión puede seguirse a través del siguiente vínculo: https://bit.ly/3iQ04AV
El contralor general agregó que en un debate reciente, en el que estaba el senador Miguel Angel “Kencho” Rodriguez, presidente de la ANDE en 1997, “el nos admitió que ellos sabían que esta deuda era ilegal, pero a pesar de que eran conscientes de la ilegalidad de la deuda, ellos (los miembros del Consejo de Administración) consideraron que era un mal menor admitir y pagar esta deuda para llegar a una formula que cancele en 2023 totalmente el pasivo, y vieron que era un éxito el acuerdo de 1997, porque de loc contrario la deuda hubiera ascendido a miles y miles de dólares”.
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El contralor contó en su presentación que tras reunirse con el exdirector general paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen, se conformó el equipo de nexo de la binacional con el equipo auditor de la CGR. “Remitieron muchísima información, que sirvió de manera suficiente para cerrar conclusiones que teníamos de años atrás, en una suerte de presunción”, dijo.
Agregó que las documentaciones no solo fueron remitidas por Itaipú, sino en años anteriores por la Cancillería, que fungía entonces de intermediaria para esta auditoria. “Fueron remitidas todas las documentaciones de forma oficial, tanto por Itaipú como por la Cancillería”, aclaró.
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En su relato, Benítez mencionó que el equipo auditor luego de siete u ocho meses fue cerrando este examen especial a la deuda. “Cabe aclarar eso porque si es una auditoría debía escucharse al auditado, pero consideramos que al ser remitida la documentación por la propia entidad, pudimos confirmar ciertas observaciones que están en el documento final”, indicó.
El contralor señaló que cuando se firmó el tratado de Itaipú y se construyó la presa se contrajeron préstamos para solventar la obra. “Esos préstamos tenían una carga financiera que rondaba el 10% anual, y que la forma de pagarlos era con la tarifa, que debía estar compuesta por el costo operativo y la carga financiera”, recordó.
“Fue así que la historia cuenta que hubo muchos obstáculos, y al principio, a modo de prueba, se entregó la energía en forma gratuita, en 1984 y 1985, al Brasil, cosa que no fue compensada para el lado paraguayo. Luego se previó cuál debía ser el costo de la tarifa”, explicó.
Agregó que el informe que recibieron a través de la Cancillería se refería al estudio tarifario que arrojaba US$ 17,10 el kw (mes) para pagar el costo operativo y las cargas financieras de Itaipy. “Fue así que, según figura en las actas de las sesiones de 1986, argumentando una crisis económica que soportaba el Brasil, con una enorme inflación, los representantes brasileños pidieron la reducción del precio de la tarifa porque, según dijeron, no estaban en condiciones de pagar el precio fijado inicialmente. Entonces se resolvió reducir la tarifa por debajo del costo, un promedio de 10 dólares el kw por 10 años”, detalló.
Esa reducción, a criterio de la CGR, fue en contra de lo que establece el tratado en el Anexo C, y generó una baja de recaudación de US$ 1.700 millones, que es la suma que debió cobrarse no se rebajaba la tarifa de la binacional.
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“En el Consejo, los representantes paraguayos, al resolver bajar la tarifa en contra de lo que establecía en el propio tratado, el director paraguayo, Enzo Debernardi, dijo que las causas son muy conocidas pero las consecuencias que traerá no son tan conocidas como sus causas. Ya advertía el perjuicio que traería para el lado paraguayo”, puntualizó. Sin embargo, ante la consulta del senador Víctor Ríos, sobre el sentido del voto de Debernardi en aquella oportunidad, respondió que según consta en acta, hubo unanimidad en la aprobación.
Benítez también relató que, para ajustar el equilibrio financiero, Itaipú debió contratar nuevos empréstitos para cancelar sus préstamos en el período que finalizaba en 2023, y que entonces ya se hablaba debido a la reducción de la tarifa de Itapú se generó una deuda ilegal. “Esto debe entenderse como contrario a la norma jurídica que regulaba el precio de la tarifa. He escuchado que no era ilegal porque no había ley que se estuviera violando, pero lo que se violó fue el tratado, que está por encima de la ley”, enfatizó.
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El monto que dejó de percibir Itaipú fue de US$ 1.700 millones, señaló y que al dejar de abonar las cargas financieras se generó una deuda vencida que al año 1997 llegaba a US$ 4.193 millones, debido a la reducción de la tarifa.
“La deuda por la violación del tratado es una deuda ilegal”, reiteró.
Encuentro de cuentas
“Encuentro de cuentas es una frase que encontramos mucho en las actas de Itaipú. Quizás en ese momento (1997) se pudo haber compensado el monto y sacado de la refinanciación, pero no se hizo eso, se reconoció el monto y se volvió a prestar dinero y la deuda dio un salto. Si bien se pudo lograr un equilibrio para que se cancele la deuda, y la tarifa tuvo que aumentarse para cubrir el empréstito”, agregó Benítez.
Explicó luego que el informe señala que, como consecuencia la tarifa, tuvo que subir a US$ 22,6 el kw y eso le ocasionó a la ANDE en todos los años siguiente, desde 1997 a 2020, un perjuicio de más de US$ 989 millones, y que ese costo fue trasladado a la población paraguaya.
“En el informe está cuánto es el monto que Eletrobras pagó de más y cuánto cobró de más en intereses, y hay 2.000 millones de dólares. Toda esta coyuntura fue beneficiosa para Eletrobras y perjudicial para Itaipú, ANDE y el estado paraguayo”, reiteró.
Recordó que en el 2000, la ANDE también pasó por una crisis económica, y tampoco pudo pagar el monto que debía por el consumo de electricidad, por lo cual Itaipú le refinanció con una tasa 12% anual en dólares, que pagó en los siguientes cuatro años.
El informe hace referencia también al factor de ajuste, que fue un éxito para el gobierno paraguayo, hecho muchos años después. “El contrato de préstamo tenía un incremento por la inflación del real, y se pueden ver todos los pagos de más por implementación del factor de ajuste”, dijo. Y que todas las subsiguientes refinanciaciones y todos los pagos de Itaipú hasta la fecha son consecuencia de ese “pecado original” de 1986.
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“Creemos que este es un informe, que puede servir al Paraguay para que las personas que tengan la responsabilidad de negociar el tratado traten de tener en cuenta la parte histórica, que se vean los antecedentes. Nosotros concluimos que todas las circunstancias fueron beneficiosas para Eletrobras y para el Tesoro Brasileño y perjudicales para el Paraguay”, aseguró Benítez.
Asimismo mencionó que después de la refinanciación de 1997, el crédito que tenía Eletrobras fue cedido al Tesoro Brasileño, lo que nunca se trató en Itaipú, y fue una acción realizada sin intervención de las autoridades de la binacional, simplemente fue informada mucho después.