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Del resultado de los trabajos de auditoría realizados por la CGR sobre la deuda de Itaipú se resalta la abierta violación al Tratado de la entidad binacional en la aplicación de sus tarifas.
En el año 1984, Itaipú determinó el suministro de energía eléctrica en forma gratuita y en el año 1985 estableció una tarifa provisoria. En tanto que en el año 1986, los representantes brasileños solicitaron la reducción de la tarifa establecida de acuerdo al Tratado, porque el Brasil no se encontraba en condiciones económicas de pagar. A raíz de eso, Itaipú determinó la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad durante los años 1985 al 1997, generando el aumento de su deuda, precisamente con la empresa brasileña Eletrobras, indica el documento.
“Esta situación empujó a que Itaipú tenga que subir su tarifa durante los años 1998 al 2020, de manera a restablecer cierto equilibrio económico, por encima de lo establecido en el estudio tarifario realizado por su Dirección Financiera. Este estudio había establecido una tarifa media constante de 17,10 US$/Kw (mes), sin embargo, su aplicación en ese momento ya no permitía cubrir las deudas que habían aumentado considerablemente por falta de pago durante el periodo 1985-1997″, explica.
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En la conclusión de este Informe Final, resultante de la verificación de los informes y documentos a los que tuvo acceso la CGR, proveídos por la entidad auditada, relacionados con la deuda de la entidad binacional, se destaca que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo de Itaipú Binacional, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad, durante los años 1984 a 1996, a excepción del año 1991, en clara transgresión del artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en la entidad.
Esta situación ocasionó el aumento indebido e ilegal del saldo de su deuda que, a diciembre de 2020 asciende a US$ 3.856.790.000, saldo del cual US$ 3.629.057.000 corresponde a la deuda con Eletrobras (incluida la cesión al Tesoro Nacional Brasileño), equivalente al 94% de la deuda total de Itaipú.
Esta conclusión se fundamenta en las irregularidades evidenciadas y señaladas en el documento del ente contralor, que menciona que desde el año 1985 al año 1997, a excepción del año 1991, al aplicar Itaipú la tarifa inferior al costo del servicio de electricidad, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación al artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, dejó de percibir el importe de US$ 1.757.128.833,22 y generó una deuda ilegal de US$ 4.193.000.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras.
Trato desigual para la ANDE
Ante una situación similar de incapacidad de pago (como la que aquejó al Brasil entre 1985 y 1997), Itaipú le financió sus facturas vencidas a la ANDE correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001 (febrero) a una tasa del 12% anual. En igualdad de condiciones, la misma alternativa de financiamiento se pudo haber dispuesto para el Brasil ante la imposibilidad de pago de la tarifa establecida en el Tratado, para así evitar transgredir lo estipulado en el mismo. Sin embargo, en aquel caso se optó por una medida que generó beneficios a Eletrobras y el Estado Brasileño, añade el documento.
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En caso de que hubiera sido financiada a Eletrobras, la porción de la tarifa que no se encontraba en condiciones de pagar durante los años 1985 a 1997, con los intereses acumulados y proyectados al 2020, Itaipú habría recibido US$ 59.476.117.364,95 de Eletrobras. Con esta suma, Itaipú ya hubiera cancelado su deuda con la misma Entidad muchos años atrás. Sin embargo, la deuda de Itaipú con Eletrobras sigue vigente y se estima su cancelación en el año 2023, cuando el Anexo C deberá ser sujeto a revisión, según lo establece el Tratado, agrega el informe final de auditoría.
Refinanciación de la deuda de Itaipú con Eletrobras
De acuerdo con el informe de la CGR, la deuda de Itaipú con Eletrobras tuvo que ser refinanciada en 1990 por el monto de US$ 9.336.600.000,00 y nuevamente en en 1997, con el Contrato N° 1480/97, por el importe de US$ 16.225.001.360,49, que es el Contrato que continua vigente con un saldo de US$ 3.629.057.000 a diciembre de 2020.
“Las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, expuestas a lo largo del Informe final, demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y del Estado brasileño y en perjuicio de la ANDE y del Estado paraguayo, a pesar de ser la Entidad Binacional Itaipú, propiedad del Estado paraguayo y del Estado brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones”, indican en un resumen.
Impacto en los ciudadanos paraguayos
El contralor Camilo Benítez apuntó en la conferencia de prensa, en la que presentó el informe final de la auditoría, que “como consecuencia del pago ilegal de la tarifa durante todos estos años, se tuvo que incrementar el monto de la tarifa después, y eso impactó en perjuicio de la ANDE, que a su vez impactó en el precio del costo del servicio de electricidad, que impacta en los ciudadanos paraguayos”.
Por su parte, la supervisora del Equipo Auditor, Irene Cuevas, dijo que en el informe se expone dos hipótesis, en base a la que la deuda ya estaría cancelada entre 2014 y 2016. “Teniendo en cuenta el hecho de refinanciarle la porción de la tarifa a Eletrobras, que en su momento no estaba en condiciones de pagar, así como se le financió a la ANDE cuando tampoco estuvo en condiciones de pagar, y proyectando esa porción financiada, más los intereses acumulados, se estima que la deuda estaría cancelada en el 2014″, apuntó.
Asimismo, en otra de las hipótesis, indica que se habría cancelado en el 2016. “En el desarrollo del informe se puede ver con mayor claridad por qué decimos que estaría cancelada en ese año, porque entran muchas variables a considerar para determinar que efectivamente pudo estar cancelada en ese momento. No es un cálculo directo, sino que hay que tener en cuenta la inflación, la capitalización de intereses, las diferencias de cambio, los ajustes”, agregó.
Cuevas añadió que, “partiendo de que la deuda espuria es de US$ 4.193 millones, a partir de ahí se considera que si se refinanció toda la deuda por US$ 36 mil millones, al ser ya ilegal los US$ 4.193 millones, quedaría un remanente nomás ya pendiente de pago, teniendo en cuenta que ese saldo ya tuvo que haber sido cancelado en su momento, es decir 2014″.