Cargando...
Un animoso debate se desarrollo hoy en la audiencia pública virtual convocada sobre el proyecto de ley, presentado por la bancada del FG que declara emergencia educativa y establece, para financiarla, una tasa extraordinaria, por única vez, a las grandes fortunas, a quienes posean un patrimonio superior a los US$ 10 millones.
El ministro de Educación Juan Manuel Brunetti casi no tomó postura al principio, reconoció las carencia y falencias en el sistema educativo e insto a ser “prudentes” con este proyecto.
Según Óscar Orué, subsecretario de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, la propuesta era complicada de justificar desde el punto de vista jurídico porque habría una doble gravamen.
Agregó que el proyecto tendría un efecto confiscatorio de los derechos de las personas y además no es sostenible en el tiempo para solucionar los problemas de la educación, ya que establece que sería temporal, durante la pandemia.
Sobre la presunta inconstitucionalidad de la propuesta, dijo que ya existen gravámenes sobre los inmuebles, que es el impuesto inmobiliario y el impuesto a las ganancias, con las cuales se superpondría.
Lea más: Ley impuesto al patrimonio nefasto, dañino y anti-patriota
El senador Hugo Richer (FG) dijo que no había doble imposición, porque es un impuesto adicional al inmobiliario y que en el artículo 7 inciso f, establece que se descontará esta tasa de lo abonado por el impuesto inmobiliario.
Sin embargo, el senador Pedro Santa Cruz sostuvo que no es una doble imposición dado que lo que se grava es la posesión acumulada del patrimonio y no es lo mismos que el IRP, el impuesto inmobiliario u otros.
Por su parte, Blanca Ávalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) criticó que la respuesta del ministro Brunetti sea “ser prudentes” y recalcó que es inconstitucional burlar el derecho a la educación de los más desprotegidos. Indicó que existen muchos recortes a la cartera de educación en cuanto a materiales didácticos y la universalización de kits alimentarios.
Guilherme Muxfeldt, alumno del Colegio San José, dijo que el problema más grave que tiene nuestro país es el de la educación porque la corrupción y la pobreza son sus consecuencias. Urgió para que el Estado aumente la inversión en ese rubro, tomando el ejemplo de otros países del mundo que entendieron el problema y buscaron la financiación para el efecto.
La docente Mónica Gadea dijo que si funcionarios del gobierno consideran inconstitucional el proyecto deberían dar alternativas y pidió que se garantice, de prosperar el proyecto, que el dinero se invertirá realmente en la educación.
Gabriel Espínola, de la OTEP auténtica, expresó su respaldo a la iniciativa y preguntó si la inequidad tributaria que existe no es acaso inconstitucional.
Lea más: Piden US$ 78 millones para emergencia educativa y postergación de clases presenciales
Wilson Brítez, presidente del gremio de Directores, mencionó las cifras de los recortes que hizo el gobierno a la educación, criticó que solamente haya discursos y ninguna previsibilidad para lo que se viene, incluyendo la preparación para la llegada de las vacunas contra el covid.
La senadora Esperanza Martínez (FG) manifestó que existen muchas violaciones de las garantías de la Constitución para la Salud y la Educación y consideró que si existe voluntad política, el Gobierno debería plantear de dónde se pueden sacar fondos ya que todos están de acuerdo en que existe una emergencia educativa.
Favio López, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), agregó que el problema es la imposibilidad de doble tributo está incorporada a nuestra Constitución y por eso no se puede traer a colación los tributos que se cobran en otros países, donde no existe esa limitación.
Rubén Irala, del Sindicato de Funcionarios del MEC señaló que el Ministerio de Hacienda viola la Constitución al fomentar la discriminación y la inequidad.
El ministro Brunetti expresó que estaban “haciendo el esfuerzo”, que el proyecto era difícil de sostener en el tiempo y reiteró que lo miraban con mucha prudencia.
Tras más de dos horas de audiencia, el senador Richer, uno de los impulsores de la iniciativa, agradeció la participación, dijo que continuarán el debate con convocatorias puntuales en los próximos días.