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Duarte alegó que la intención de controlar la administración de los recursos nacionales en las hidroeléctricas no tiene que ver con la transparencia, sino que sostuvo que son una cuestión “política” y “personales”. También sostuvo que Argentina y Brasil tiene la misma postura que la administración paraguaya, de impedir controles poniendo como argumento el tratado, el plantean tiene más peso que la Constitución Nacional.
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“Si queremos nosotros que la Contraloría entren a auditar las binacionales, cambiemos el Tratado, presentemos una reversal y hagamos legal esta cuestión. Porque si vamos a los tumbos, porque hay cuestiones políticas o intereses personales en conflicto tengamos que romper un acuerdo con una país hermano, pues creo que no es el camino”, dijo, alegando que no solo existe jurisprudencia a favor del secretismo, sino también posturas similares de los condóminos.
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Agregó que no tienen problemas en ir hasta instancias judiciales, ya que sobre todo tiene fallos anteriores a su favor. “Hay un Poder judicial que tiene que ser el que interpreta esto y ahi seguramente se delimitará la posibilidad de hacer o no esto, pero como te digo, hay ya antecedentes en la instancia judicial, donde siempre quedaron sin efectos las leyes que intentaron hacer ya esto tiempo atrás”, indicó el abogado.
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Entre dichos antecedentes mencionó el Acuerdo y Sentencia 280, de junio del año 2011, que dejó sin efecto la Ley 1160, que planteaba entre otras cosas, la auditoría de la binacionales. “Vamos a darle un corte definitivo porque esto es cíclico, siempre pasa en las épocas preelectorales, siempre es un botín político respecto a las personas que están al frente de las instituciones”, alegó, queriendo plantear que el pedido de control supuestamente no tiene como fin últimos transparentar el uso de los fondos que corresponden al pueblo paraguayo.