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-Hace dos años y siete meses que se presentó la primera denuncia del caso metrobús ¿Cómo se avanzan las investigaciones?
-Hay muchísimas diligencias que yo ya había solicitado, principalmente informes. La próxima cuestión que se llevará adelante será la pericia sobre lo construido. Realmente hay que ver qué se construyó, si hay coherencia con lo que se pagó, que es básico y fundamental. Hay muchas diligencias que hay que realizar, estamos avanzando, lo que ahora será determinante será la pericia.
Es una cuestión sumamente delicada. Estoy trabajando en eso, no es que estoy congelando ni mucho menos, al contrario, estamos trabajando en la causa. No va a pasar mucho tiempo para que tomemos una decisión con respecto a las responsabilidades que puedan surgir de todas las investigaciones.
-Algunas construcciones ya fueron derrumbadas ¿Eso afectará a la pericia que se hará? ¿Puede afectar a las investigaciones?
Vamos a mirar qué es lo que hay ahí, porque tenemos informaciones como que eso, aparentemente se tapó, ya por autoridades del ministerio actualmente. Son informaciones no oficiales, pero pedimos informes. La pericia queremos hacer antes de terminar el año, esa es la pretensión que tenemos.
A nosotros nos llama la atención, porque definitivamente las obras que se hicieron fueron derrumbadas, echadas, tapadas, o lo que sea, por el ministerio actualmente. También, en esta administración, se seguía pagando aparentemente, no sabemos.
-¿Por qué hasta hoy no se identificó a los responsables del fracaso del proyecto?
-Tenemos que ver realmente qué es lo que se hizo. Hay cuestiones que no están claras, para ver las responsabilidades de las personas que intervinieron en este tema del metrobús. Del informe de la Contraloría no tenemos un informe final, simplemente es una información genérica. Eso recibimos hace unas semanas del contralor. El estudio que hicieron las Comisiones del Congreso Nacional es un informe más completo, pero existen tres enfoques diferentes.
Pedimos informes, pedimos documentaciones de lo que se pagó. Tenemos informaciones de que el MOPC incluso siguió pagando (a la contratista), que tenemos que corroborar. Según informaciones que manejamos, MOPC cobró el seguro, por las que también pedimos informe.
Por un lado, tenemos que identificar la responsabilidad de la empresa (Mota Engil), si es que existiere, y la responsabilidad de las personas que estaban en ese momento dirigiendo el ministerio. Es una cuestión delicada.
-Tampoco hay que olvidar las excesivas subcontrataciones en el marco de la ejecución del proyecto.
Estamos viendo una situación que es muy complicada, que tenemos que ver cada parte, porque también están las empresas subcontratadas, siendo que en el contrato inicial no tenían autorización de subcontratar a tantas empresas, donde se tienen responsabilidades aparentemente de Mota Engil.
No solo es una causa bastante compleja, sino que sigue teniendo hasta ahora consecuencias. Incluso está en situación arbitral por Mota Engil la cuestión, de un incumplimiento supuesto del contrato. O sea, son situaciones muy complejas, donde aparentemente nosotros vamos a ser los responsables como país, que debe estar asumiendo cuestiones que no sabemos de donde nacen.
Varias denuncias se presentaron en el ministerio Público
Vale señalar que la primera denuncia penal había sido presentada por el ingeniero Herman Pankow, en mayo de 2018, contra el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por lesión de confianza en el marco del proyecto metrobús.
Asimismo, se incluyó al exjefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito, y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas. La denuncia fue ampliada en dos ocasiones y se agregó entre los denunciados al exviceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y a otro funcionario del BID (financista de la obra).
Asimismo, en enero de 2019, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, también por la presunta lesión de confianza y estafa, por el perjuicio que causó dicho fallido plan. Esta carpeta se incluyó en la denuncia de Pankow, que tampoco tuvo avance.
Ambas denuncias se juntaron en una carpeta fiscal, junto con la auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) también presentó al Ministerio Público y el informe de la Comisión Bicameral del Congreso que también investigó el malogrado proyecto.
La fiscal original de la causa designada fue Natalia Silva, quien fue recusada por retrasar las pesquisas, por lo que el caso pasó a manos de la fiscala Esmilda Álvarez. El fiscal Alcides Corbalán también interinó el caso el año pasado.
Se gastó millones y seguirán dilapidando recursos públicos
Vale señalar que el MOPC desembolsó US$ 30 millones a Mota Engil, empresa que terminó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. Hizo obras parciales en un trayecto de 3,8 km, de los casi 12 km que debía tener la obra. Los tramos 2 y 3 (ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) se adjudicaron a la firma portuguesa, por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), durante la gestión de Cartes, pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).
Del monto pagado, Obras Públicas sólo recuperó US$ 4,3 millones de la garantía del anticipo del Banco Itaú (aún faltan US$ 2,1 millones, por lo que el Estado analiza demandar a Itaú). Por ahora, el MOPC tampoco pudo disponer de los G. 40.390 millones (US$ 5,8 millones) de la garantía de fiel cumplimiento, que Royal Seguros SA depositó en una cuenta judicial (pago por consignación), en mayo de este año. La aseguradora pretende que el pago se concrete sólo si el arbitraje en proceso sale a favor del Estado paraguayo.
Además, con total sigilo, el MOPC lanzó ahora una licitación, por vía de la excepción, “para la contratación de los servicios de asesoramiento y representación legal en los arbitrajes internacionales promovidos contra el Estado paraguayo” (ID 388.172).
El llamado en cuestión es para “atender” el arbitraje del fracasado metrobús, contra la firma portuguesa Mota Engil y, además, otro caso contra la firma Serviam SA Sucursal Paraguay (con matriz en Uruguay), que también demandó al Estado en el extranjero, por obras fallidas de la ruta PY09.
Esta consultoría le costará al Estado casi G. 23.809 millones, según documentos del llamado, la apertura de ofertas se realizará mañana, a las 8:30. Este millonario gasto, que tiene financiación de recursos del Tesoro (fuente 10), se realizará a pesar de que tanto la Procuraduría como el MOPC tienen un “ejército” de abogados en sus diferentes direcciones, justamente para atender este tipo de casos, pero al parecer no son suficientes, y optan por seguir dilapidando recursos públicos.