Este “cierre” del Gobierno, que ocurre cuando los republicanos controlan el Congreso y la Casa Blanca, opacó el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump, el sábado.
Tras intensas negociaciones el fin de semana, la oposición demócrata aceptó el lunes votar un proyecto de ley de financimiento provisional del Estado hasta el 8 de febrero, a cambio del compromiso de la mayoría republicana de abordar la regularización de cientos de miles de inmigrantes indocumentados conocidos como “dreamers” (soñadores).
El proyecto de ley acordado superó un obstáculo de procedimiento clave en el Senado por una abrumadora mayoría de 81-18 votos.
Resta la votación del texto en el Senado y se espera la aprobación definitiva en la Cámara de Representantes para el final del día. Poco antes de esa votación clave, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció en el hemiciclo que “después de varias discusiones, ofertas, contraofertas” había logrado un acuerdo con el líder republicano, Mitch McConnell.
“Votaremos hoy para reabrir el gobierno”, dijo Schumer.
Pero recordó a McConnell su promesa de legislar para contemplar la situación migratoria de unos 700.000 “dreamers”, en riesgo de deportación con el fin del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
“Si no lo hace y, por supuesto, espero que lo haga, habrá violado la confianza no solo de los senadores demócratas, sino también de los miembros de su propio partido”, dijo Schumer.
El DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012, expira el próximo 5 de marzo, pero más de 15.000 dreamers ya perdieron su estatus desde que Trump lo derogó en septiembre pasado.
Greisa Martinez Rosas, beneficiaria del programa y activista de la organización United We Dream, instó al Congreso a alcanzar una solución ahora sin postergaciones. “Las promesas no protegerán a nadie de la deportación porque todo retraso significa deportaciones para nosotros” , dijo en una rueda de prensa.
Cientos de miles de empleados federales de Estados Unidos se vieron forzados a quedarse en sus casas el lunes, ante la incapacidad del Congreso de lograr durante el fin de semana un acuerdo presupuestario que permitiera financiar el gobierno, en “shutdown” (cierre) desde el sábado, a las 00:00.
La parálisis no afecta servicios esenciales del gobierno, en particular los que tienen que ver con la seguridad nacional. Pero en la capital federal se notaba la baja de actividad, con el metro y las principales avenidas más vacías que de costumbre.
Desde Twitter, Trump llamó a terminar con la “obstrucción” de los demócratas, a quienes acusó de cerrar el gobierno para lograr concesiones en materia de inmigración, al servicio de “su base de extrema izquierda”.
“Prefieren renunciar a los servicios y a la seguridad de sus ciudadanos en beneficio de los servicios y de la seguridad de los no ciudadanos”, escribió, aludiendo a la “impotencia” de Schumer y otros líderes demócratas para evitar el cierre.
En el Senado, Schumer arremetió contra Trump. “El gran presidente negociador se mantuvo al margen”, dijo.
El proyecto de ley para mantener el financiamiento del gobierno hasta el 8 de febrero requiere 60 votos para ser aprobado en el Senado de 100 miembros, lo que significa que los republicanos, que tienen una mayoría de un escaño, necesitan el apoyo de varios demócratas.
Desde que entró en efecto el cierre del gobierno federal, la Casa Blanca afirmó que no se consideraba la posibilidad de negociar sobre la inmigración hasta que no se vote un presupuesto temporal.
La Estatua de la Libertad dio la pauta de la importancia del tema de la inmigración en el debate. El famoso monumento, cerrado a los turistas desde el sábado por la mañana, reabrió el lunes financiado con fondos del gobierno estatal.
“Es un símbolo de Nueva York y de nuestros valores (...). Su mensaje nunca ha sido tan importante como hoy”, dijo el domingo el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo.
Este es el cuarto “shutdown” del gobierno federal que se registra desde 1990. El último se remonta a 2013, durante el segundo mandato de Obama, y duró 16 días, afectando a unos 800.000 funcionarios.