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Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2019, en el distrito de Minga Guazú y se descubrieron luego de una de las víctimas fue llevada a un centro asistencial por graves problemas de salud. Se descubrió que padecía una enfermedad de transmisión sexual.
Durante el debate, quedó demostrado que el ahora condenado abusó sexualmente de sus dos hijas menores, de 10 y 12 años, conforme se confirmó con el examen médico y psicológico. Igualmente, agredió sexualmente a su hijastro de 7 años. El pequeño, además, era golpeado junto con su madre, en forma sistemática, por lo que se configuró también el hecho punible de violencia familiar.
En cuanto a la violación del deber del cuidado afectó a la niña de 10 años de edad, quien según se probó en el juicio, presentaba un cuadro delicado de salud a causa de los abusos, sin embargo, el enjuiciado no hizo nada para asistirla e incluso quiso impedir que sea llevada a un centro asistencial.
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Sobre la violencia familiar, se probó que el acusado -bajo efectos de alcohol- aplicaba golpes con su mano y con ramas de árboles a su pareja e hijo, quienes incluso en una oportunidad fueron encerrados en una habitación de la casa por cinco horas, siendo torturados psicológicamente. En otras ocasiones, la mujer fue tomada del cuello para ser golpeada a puñetazos.
El Tribunal de Sentencia que dictó presidido por la magistrada Emilia Santos e integrado por Flavia Lorena Recalde y Milciades Ovelar. La defensora pública, Sady Cantero asistió al acusado. A su vez, el Ministerio Público estuvo representado por la agente fiscal Vanesa Candia. El condenado, cuyo nombre se omite para evitar que las víctimas sean identificadas.