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Más que un acuerdo de verdadera unidad, el pacto llamado “Operación Cicatriz” consiste exclusivamente en tener una única bancada colorada en Diputados con 43 votos para evitar el juicio político a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez. Así, ambos podrán terminar, tranquilos, su mandato -que va hasta agosto el 15 de agosto de 2023-.
En contrapartida, el expresidente Horacio Cartes tuvo vía libre para fortalecerse convirtiéndose en un extrapoder para zafar la investigación en su contra en Brasil y utilizar la estructura de la ANR para fortalecer sus intereses.
Incluso, el pacto le favoreció de manera personal, durante el casamiento de su hija Sol Cartes con Patrick Bendlin, realizado el 15 de agosto, en plena pandemia con restricciones sanitarias vigentes y que no pasó a mayores, más allá del pago de una multa. No hubo imputación alguna, como sí ocurrió en otros centenares de casos donde ciudadanos sin respaldo político sí fueron hasta agredidos por las fuerzas policiales. Ese despliegue no fue solo una fiesta: fue una demostración de poder, en la cual Cartes nos restregó en la cara que puede hacer lo que quiera, y que no es un simple mortal.
Lo mismo había ocurrido el 13 de julio, cuando Cartes trajo en su avión privado al expresidente argentino Mauricio Macri, en una época en que los viajeros que llegaban al país debían cumplir cuarentena en aislamiento. Mientras miles de paraguayos permanecían hasta meses en los refugios, sin poder abrazar a su familia, Mauricio y Horacio se fundieron en un abrazo y sin tapabocas. Nunca se supo con certeza el motivo de la reunión.
Varias autoridades fueron salvadas de las interpelaciones que no prosperaron como los ministros de Educación y Ciencias, Eduardo Petta; de Cultura, Rubén Capdevila; del Trabajo, Carla Bacigalupo; el entonces ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat, Dany Durand, y, por ahora, el viceministro de Transporte, Pedro Britos. La ministra de la Niñez, Teresa Martínez, fue interpelada por la Cámara de Diputados, pero no habría votos para el “voto censura” porque con sus respuestas dejó en ridículo al cartismo.
Y tras la interpelación, Cartes fue implacable con quien osó desobedecerle: Hugo Ramírez, el siempre polémico diputado conocido por su peculiar comicidad a la hora de promocionarse en las redes sociales. Ramírez dijo que la ministra Martínez había dado una suerte de clase magistral a los legisladores y por ello fue directamente echado de Honor Colorado.
En contrapartida, Raúl Latorre, siempre fiel en Honor Colorado y al expresidente, cuestionó y sigue cuestionando las respuestas de Martínez; tal vez no solamente porque no las entendió, sino más porque sigue la línea de desinformación promovida por Cartes en torno al Plan de Niñez que, curiosamente, fue diseñado durante su gobierno. Y al que obedece, un premio: la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso. Pura “cicatriz”.
También se salvó la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñonez, cuyo juicio político no prosperó gracias a esa mayoría colorada que se formó en la Cámara de Diputados, lo que alimentó aún más la versión de que Cartes fue un articulador importante para que sea designada en el cargo.
Abdo consiguió también la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2021, permitiendo incluso que el Congreso agregue ampliaciones en plena crisis por la pandemia, que fueron aceptadas por el Gobierno. Éste a cambio, tuvo la aprobación de varios préstamos, así como una modificación del límite para el déficit fiscal, y la colocación de bonos soberanos, entre otros.
El 22 de julio de 2020, Abdo y Cartes se reunieron con gobernadores, ocasión en que se acordó la extensión del mandato del diputado Pedro Alliana (cartista) al frente de la ANR hasta el 2022, pese a la ilegalidad cuestionada de la decisión.
También se realizó una redistribución de cargos dentro del Comité Ejecutivo de la ANR en el marco de la supuesta unidad, igualando las fuerzas dentro del Partido Colorado. Esto se concretó el 29 de julio, cuando el Comité Ejecutivo en la ANR — que antes era dominado por Honor Colorado cedió cargos a Añeteté como el articulador de la “Operación Cicatriz” José Alderete, electo vicepresidente 1°, y Luis Castiglioni electo vicepresidente 2° de la ANR, además de la inclusión de otros miembros.
Cigarrillos y cicatriz
Las conversaciones entre cartistas y abdistas se retomaron tras el intento de Juicio Político contra Mario Abdo Benítez, por el Acta Entreguista de Itaipú en agosto de 2019. “Con la anulación del acta secreta de Itaipú y la remoción de los que fueron parte de la misma, el movimiento Honor Colorado considera reparado el daño”, dijo entonces Pedro Alliana pese al repudio ciudadano.
Sin embargo, la denominada Operación Cicatriz se inició el 8 de febrero de 2020. Ocurrió días después de que se decomisaran 40 millones de cajetillas de cigarrillos de la marca producida por Tabesa, propiedad del expresidente Cartes. Tras dicho operativo anticontrabando, encabezado por Emilio Fuster, Cartes dijo en un acto político en Itapúa que estaba dispuesto a “perdonar”, pero exigió rectificar errores como el despido de cartistas del gobierno y el que hayan pedido a Estados Unidos de América no comprar bonos emitidos en la última etapa del gobierno cartista.
Cartes condicionó el diálogo con el Gobierno a que José Alderete sea su único interlocutor y prometió apoyo económico a los candidatos a intendentes y concejales. Luego de este anuncio ya no hubo megaoperativos por parte del gobierno contra el contrabando tabacalero. “No comparto que PDP (el Partido Democrático Progresista, liderado por Rafael Filizzola y su esposa Desireé Masi) y algunas personas manden más que ustedes. No quiero confusiones, tampoco mentiras y si esto tendrá un costo, entonces que tenga”, dijo Cartes.
Mandatos, gabinete y blanqueos
Ya para el 19 de agosto de 2020, el presidente Mario Abdo pisoteó sus discursos de respetar la institucionalidad. Fue al inscribir junto a Cartes el Movimiento “Concordia Colorada”, con miras a impulsar candidaturas de consenso para las Municipales 2021. “La llegada al final del mandato en buena situación nos conviene a todos más allá de que entre o salga el cigarrillo”, incluso admitió el jefe del gabinete presidencial Juan E. Villamayor.
El 11 de setiembre Abdo y Cartes sellaron públicamente la cicatriz en el acto de aniversario de la ANR en que se dieron un “abrazo republicano”.
La Operación Cicatriz también afectó la integración del gabinete del gobierno de turno. El 12 de noviembre Liz Cramer fue separada del Ministerio de Industria y Comercio para ir al Consejo de Itaipú. El senador Luis Castiglioni fue llamado a reemplazar a Cramer para que de esa manera, su vacancia en la Cámara Alta permitiera volver al Senado el suplente cartista Arnaldo Franco, otra condición de Cartes.
Finalmente la Operación Cicatriz permitiría que el 14 de noviembre último, en una Convención Extraordinaria, el Partido Colorado oficializara la extensión del mandato del diputado Pedro Alliana como presidente de la ANR y demás autoridades partidarias hasta el 2022.
Actualmente casi cualquier decisión política o jurídica se atribuye a la Operación Cicatriz: el cajoneo de la investigación del caso del “doleiro” Darío Messer; la protección legislativa al imputado senador Rodolfo Friedmann (Añetete), el blanqueo judicial al procesador senador Javier Zacarías Irún (cartista), la excarcelación de los diputados Miguel Cuevas (Añetete) y Ulises Quintana (cartista, ex Añetete) e incluso la aprobación de una ley que prolonga por un mes las pérdidas de investidura entre otros.
Bajac, expulsada por amplia mayoría
El martes 14 de abril del corriente año, en sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores expulsó de su seno, por una aplastante mayoría de 40 votos, a la senadora liberal María Eugenia Bajac, que se transformó así en la sexta legisladora en dejar obligadamente su banca.
Bajac, con viáticos del presupuesto de la Cámara viajó a Perú, aunque su propósito era viajar a Guatemala a participar de un evento de tipo religioso, es decir, no vinculado a su atribuciones y responsabilidades.
Estando en Lima, Perú, no guardó las medidas de restricción vigentes y pese a ser advertida de que tuvo contacto con gente contagiada, por el Covid no se aisló ni siguió las medidas sanitarias al volver al Paraguay.
Inclusive, la legisladora concurrió a una sesión del Senado realizada en la sala de la Cámara de Diputados, pese a que se había sometido al hisopado y debía aguardar el resultado. El propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, advirtió al presidente del Senado, Blas Llano, sobre la inconducta de Bajac.
La mayoría en el Senado consideró que la misma incurrió en uso indebido de influencias, ya que utilizó su condición de legisladora para no cumplir las reglas sanitarias, brindando un pésimo ejemplo a la ciudadanía. Además, solamente devolvió el viático que cobró en forma irregular luego de que el entonces presidente del Senado, Blas Llano, se lo exigiera.
Antes que Bajac, fueron despojados de su investidura en el actual periodo legislativo Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, Dionisio Amarilla, del PLRA y Víctor Bogado colorado cartista. En tanto, Jorge Oviedo Matto, de Unace y Oscar González Daher, colorado cartista, renunciaron cuando estaban por ser expulsados por sus colegas.
Blindaje a cuestionados intendentes y creación de feudos políticos y violación a la Constitución
La Cámara de Diputados este año preparó el terreno para las próximas elecciones municipales internas simultáneas que se realizarán el 20 de junio del 2021. Aprovechó el tiempo de pandemia para blanquear a intendentes de todos los sectores y para crear nuevos distritos.
Los diputados sacaron ventaja de la cuarentena, el aplazo de las elecciones municipales y la extensión del mandato de las autoridades comunales para blanquear a cuestionados intendentes, colorados y opositores sobre quienes pesaban supuestas irregularidades.
Gracias al pacto entre colorados, liberales y algunos opositores varios intendentes colorados, liberales y de alianza se salvaron de que se aprueben los pedidos de intervenciones municipales del Ejecutivo, y por ende de que se pueda concluir en un informe negativo que los termine destituyendo.
Entre los intendentes salvados se cita a: Samuel González (ANR, Añetete), intendente de Arroyito (Concepción); Presentado Martínez (ANR, Añetete), intendente de Teniente Esteban Martínez (Presidente Hayes) y Carlos Palacios (ANR, cartista), intendente de Limpio (Central).
También se salvaron los opositores entre ellos: el intendente acusado Raúl Mendoza (PLRA, llanista), intendente de San Antonio (Central); el imputado Luis Urbieta (PLRA), intendente de Concepción (Concepción) y Luis Yd (Alianza), intendente de Encarnación. Al largo listado de salvados, también se suma José Carlos Acevedo (PLRA, efrainísta), intendente de Pedro Juan Caballero (Pedro Juan Caballero). El jefe comunal fue imputado por violación de la cuarentena sanitaria.
Feudos políticos
Este año los parlamentarios crearon cuatro nuevos municipios que ya entrarán en competencia en las próximas contiendas electorales con el único fin de captar recursos que se destinan a los royalties y Fonacide. Se tratan de los municipios de: Laurel (Canindeyú), Cerro Corá (Amambay - Colonia Cap. Raúl Ocampos o Chirigüelo), Campo Aceval (Presidente Hayes) y Paso Horqueta (Concepción).
Pendientes de promulgación
Están pendientes de la promulgación del ejecutivo la creación de los distritos de San José del Rosario (San Pedro), Itacuá (Concepción), Boquerón (Colonia Neuland, Boquerón) y Puerto Ybapobó (San Pedro). Nueva Asunción (Chaco’i, Presidente Hayes) tiene media sanción.
Violación a la Constitución y castigo a detractores
Como un hecho sin precedentes en la historia de la Cámara de Diputados, éste año una mayoría de colorados cartistas y abdistas y el liberal Édgar Ortiz (PLRA, llanista) suspendieron de forma ilegal a la diputada liberal Celeste Amarilla (PLRA) por 60 días y sin goce de dieta.
La legisladora tocó un tema sensible para los colorados: el narcotráfico. Denunció que varios diputados y senadores ingresaron al Congreso con dinero sucio o de origen espurio, incluso la compra-venta de votos para la aprobación o rechazo de polémicos proyectos de ley.
La mayoría aplanadora al suspender a la diputada violentaron el artículo 191 de la Constitución Nacional, que da inmunidad de opinión a los parlamentarios. El castigo de los diputados provocó el repudio ciudadano y el pronunciamiento de la propia iglesia Católica, de la Cámara de Senadores, de varias organizaciones civiles y del encargado de negocios de la embajada de los Estado Unidos de América (EE.UU), Joseph “Joe” Salazar.
El hecho llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la diputada Amarilla.
<u>Injerencia Política</u>
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Este órgano extrapoder creado en la Carta Magna de 1992, ha sido mal utilizado a lo largo de estos años, y esta penosa situación ha quedado revelada a partir de la difusión de los audios que fueron filtrados en este medio de prensa para conocimiento de la ciudadanía. Todo apunta que esta distorsión jurídica que ha permitido la corrupción pública, ha sido por influencia e injerencia de políticos que no tuvieron ni tienen escrúpulos para pervertir el derecho y conseguirse así beneficios, especialmente económicos.
La injerencia política en la Justicia era un secreto a voces, pero gracias a los audios filtrados desde el JEM, la ciudadanía pudo saber la forma grosera y desembozada en que políticos realizaban el “apriete” a jueces y fiscales para que estos operadores de justicia fallen a favor de aquellos.
La misma conformación del JEM prevista en la Constitución Nacional, dispone la presencia de los políticos en este órgano, dando lugar a que dos senadores y dos diputados integren el quórum del pleno, lo que no hace más que favorecer y fortalecer al cuestionado sector político para que sus objetadas decisiones afecten a todo el sistema jurídico del país. Y es que el Jurado tiene la posibilidad de coacción porque tiene la facultad de enjuiciar a jueces y fiscales para luego destituirlos de sus funciones, si así lo requieren. Deben ser muy pocos los operadores de justicia que se resisten a los embates que propone el sector político.
El caso conocido como 31M, sobre el atropello al local partidario del PLRA en el que asesinaron a Rodrigo Quintana, es una de los últimas causas donde se demuestra la injerencia política con el enjuiciamiento al juez penal de garantías Alcides Corbeta, quien fue procesado por el Jurado porque no admitió el pedido del querellante Guillermo Duarte, para solicitar los extractos de teléfonos celulares de todas las autoridades nacionales que se comunicaron con el entonces comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo, para conocer quien o quienes pudieron dar la orden de atracar la sede partidaria, entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017.
En este caso, según las fuentes del JEM, el miembro de este órgano, el diputado colorado cartista Hernán David Rivas, está operando fuertemente para conseguir los votos de sus colegas para destituir al juez Corbeta, sin importar que esta decisión corresponda o no jurídicamente. Solo se tiene en cuenta el interés económico o político.
Como Rivas no estaba consiguiendo los votos para la remoción de Corbeta, llegó al colmo de excusarse con la falta de energía eléctrica para no conectarse a la sesión virtual del JEM, y no dar de ese modo el quórum requerido para analizar la sentencia para el juez.
Pero Rivas lo volvió a hacer y en una segunda oportunidad también evitó que se tratara el estudio de la sentencia al “aparecer” en la sesión virtual, luego que se haya postergado el estudio de la sentencia, por falta de quórum. Este caso sigue postergado.
Desde la revelación de los audios filtrados del JEM, solamente en ese año, 2017, fue presidente de este órgano un miembro no político, el abogado Cristian Daniel Kriskovich, representante de las universidades privadas.
Entonces, por ese año, el diputado liberal Eusebio Alvarenga, hizo unas declaraciones públicas que cayeron bien a la ciudadanía al asegurar que los políticos ya no deberían estar al frente de una institución como el Jurado, porque “contaminan” el sistema, tal como quedó evidenciado con la cuestionada presencia del senador colorado Óscar González Daher, quien se constituyó en el epicentro del escándalo de “aprietes” a jueces y fiscales, en ocasión de ejercer la presidencia del JEM, y que posteriormente, fue destituido del Parlamento Nacional y además fue procesado por tráfico de influencias y otros delitos derivados de esta coacción.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Alvarenga, en el 2018 ya se “olvidó” de lo que había prometido, y fue uno de los que maniobró para votar a favor del senador colorado Enrique Bacchetta Chiriani, quien fue elegido ese año titular del órgano extrapoder. Como si no bastara esta maniobra, también tuvo como un “extra” a Alvarenga quien aceptó la vicepresidencia del Jurado.
En el 2019, Bacchetta Chiriani hizo nuevamente el “rekutú” (reelección) como presidente del Jurado, y el senador liberal Fernando Silva Facetti, fue elegido en noviembre de 2020 para ejercer la titularidad del JEM, hasta diciembre de 2021.
Para muchos, el tráfico de influencias en el Jurado sigue presente. Uno de los casos en que políticos como Alvarenga, ponen especial interés como en el caso de la Secta Moon, en la que se disputan varios millones de dólares en valiosas tierras del Chaco paraguayo, por citar solo una de las causas.
La actual conformación del Jurado es de ocho miembros, de los cuales, dos son senadores, dos diputados, dos ministros de Corte y dos representantes del Consejo de la Magistratura. Lo que no deja de llamar la atención es que los miembros del Jurado que no están definidos como políticos, igual estos siguen las directrices de lo que ordenen los políticos.
Consejo de la Magistratura
En el caso del Consejo de la Magistratura (CM), la injerencia política es igual o peor que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Una de las últimas evidencias de la influencia del sector político fue la conformación de terna para ministro de Corte de la que fue designado por el Senado el abogado César Manuel Diésel, de quien se dijo insistentemente que tenía de “padrino” al vicepresidente de la República Hugo Velázquez, quien por cierto, se sigue aprovechando de la falta de liderazgo del actual presidente Mario Abdo.
El caso de Diésel es una de las demostraciones más groseras de la injerencia política que se pudo dar en el Consejo de la Magistratura en la conformación de terna para reemplazar a la jubilada ministra de Corte Miryam Peña, en la que también estuvieron incluidos como ternados los camaristas Delio Vera Navarro y Gustavo Santander Dans.
La influencia política en el caso de Diesel quedó demostrada porque este candidato a lo largo del proceso de conformación de terna a cargo del CM, quedó ubicado en el lugar 19 de entre 21 participantes. Esta ubicación en la que quedó Diesel no le permitía ni por asomo integrar la terna por ser uno de los más rezagados del proceso.
Sin embargo, los miembros del CM, al culminar la tercera etapa, la última prevista en el reglamento de conformación de terna que fue elaborado por el mismo Consejo de la Magistratura, de forma totalmente irregular e ilegal los ocho consejeros procedieron a proponer 12 nombres de candidatos, de los cuales, los más votados integrarían la terna, obviando de esta manera, todo el proceso que realizaron para elegir a los más aptos.
Este procedimiento de proponer nombres de candidatos a la terna una vez concluida la tercera etapa, ya no estaba previsto en la ley ni en el reglamento del CM, pero los consejeros igual lo hicieron para ubicarle a Diesel entre los tres seleccionados, a pesar de que este concursante había culminado en el anteúltimo lugar, como se había dicho.
Esta misma maniobra ya se había hecho para la conformación de la terna en la que se designó como fiscala general del Estado a Sandra Quiñónez, quien igualmente había quedado en los últimos lugares del “concurso” para integrar la terna, en el que ya sonaba fuerte que Quiñónez tenía el apoyo del entonces presidente de la República Horacio Cartes, como finalmente quedó evidenciado.
Esto demuestra que todo el proceso de conformación de terna es una gran farsa, montada para que los políticos puedan designar a sus jueces y fiscales que luego les ayudarán cuando tengan problemas con la justicia.
Tanto en el Jurado como en el Consejo de la Magistratura las sesiones son transmitidas en vivo a través de plataformas de difusión social, pero de igual manera, las maniobras para favorecer a los “amigos”, o a una de las partes del conflicto, igual se perpetran sin que ninguno de sus miembros se ruborice.
Lo que queda claro y es evidente, es que son los políticos los que marcan el rumbo, tienen la batuta de esta orquesta que suena bastante desafinada y que además, pretenden quedarse por mucho tiempo, a no ser que la ciudadanía reaccione para removerlos.
La disputa por el poder en Asunción
En la Municipalidad de Asunción no aterrizó del todo la “Operación Cicatriz” porque el actual jefe comunal Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) se “independizó” de sus aliados políticos tradicionales como el diputado Hugo Ramírez (ANR, expulsado del cartismo).
La pandemia salvó al intendente porque con la cuarentena obligatoria tuvo poco contacto político con funcionarios y concejales. Ínterin “Nenecho” adoptó decisiones importantes como la rescisión del contrato con el consorcio TX, adjudicado para la consultoría al Sistema de Gestión Tributaria y Catastral, considerada como una tercerización, lo que fue aplaudido por un importante sector asunceño.
Esta decisión finalmente tendría como consecuencia una demanda millonaria por parte de la empresa. Asimismo, anunció la desvinculación de casi 400 funcionarios, apuntando a una disminución de la gruesa nómina, con lo que también se ganó el aplauso de los contribuyentes aunque la lista nunca se dio a conocer.
A esto se sumaron innumerables licitaciones realizadas en el marco de las emergencias por dengue y posteriormente por la pandemia del Covid-19, las que no fueron publicadas en el portal de Contrataciones Públicas y fueron hechas vía contratación directa, sin ningún control. El derroche en salarios continuó a tal punto que en abril de este año, Rodríguez anunció que la municipalidad se encontraba en “saldo rojo” debido a la bajísima recaudación por la pandemia.
Finalmente, en octubre se desata una crisis dentro del municipio debido a que la Fiscalía imputó a Rodríguez, al exintendente de Asunción Mario Ferreiro y a 11 concejales, por la supuesta producción de documentos no auténticos.
La investigación es en referencia a la ejecución del contrato suscrito con la empresa Empo Ltda. y/o S.A. para la prestación de servicios de recolección de basura, a la que se le había dado dinero con certificados de cumplimiento tributarios falsos.
La carrera por el poder en Asunción está más candente que nunca, y mientras surgen candidatos que buscan la “bendición” del presidente Mario Abdo Benítez o de Horacio Cartes, se mantienen las conversaciones entre autoridades, y aparecen los “trapos sucios”. Es la lucha por quien gane el voto ciudadano en el 2021 y se quede con el gran “premio” de estar al mando de una institución que tiene de presupuesto 1 billón 700 mil millones de guaraníes y unos 8.000 funcionarios. El año terminó sin grandes mejoras y con un intendente enfocado en su candidatura y no en la ciudad.
¿Cicatriz hasta 2023?
Con un Mario Abdo muy debilitado políticamente y con Cartes gobernando tras bambalinas, la pregunta que queda es si la operación, el movimiento “Concordia Colorada”, perdurará hasta 2023, año electoral.
Con los papelones que registra el actual gobierno, siendo el último la vergonzosa intención del ahora exprocurador Sergio Coscia de entregar US$ 7.000.000 a una empresa argentina para finiquitar un acuerdo sin que el propio presidente de la República lo sepa, queda la duda de si Mario Abdo podrá resistir más embates sin el apoyo de Horacio Cartes.
Muchos colorados no están de acuerdo con “Cicatriz”, pero ninguno hasta ahora tiene el poder político o financiero para hacer frente a estas dos figuras clave del Partido Colorado. La intención de ambos movimientos de la ANR es evitar que la oposición llegue unida a las Elecciones Generales de 2023. Ya en 2018 estuvo el PLRA y el Frente Guasu muy cerca de vencer; y esa probabilidad es una que definitivamente los colorados quieren anular.
Pero 2023 será un año candente, en el que la ciudadanía utilizará una herramienta que conoció en julio del año pasado: la lupa. El sentimiento patriótico se aviva porque en ese año se debe conocer los resultados de la negociación del Anexo C de Itaipú, un proceso que exige cero fallas por parte del gobierno de turno. Sus implicancias van mucho más allá de una serie de reuniones y charlatanerías, de mesas de trabajo inútiles y de zalamerías por parte de Jair Bolsonaro.
En el 2023 se juega nada más y nada menos que la misma soberanía de la República del Paraguay frente a la República Federativa del Brasil.