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SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, corresponsal). La CGR no envió hasta ahora a sus auditores para verificar las costosas obras municipales que fueron ejecutadas con dinero de la Compensación por los desaparecidos Saltos del Guairá. A esto se suman los recursos de royalties y Fonacide.
La Comuna local, a cargo de Eduardo Paniagua, recibió desde el año 2010 hasta ahora más de 40 millones de dólares (unos G. 220.000 millones al cambio actual) del Estado paraguayo en dichos conceptos. Es la Municipalidad que más dinero recibe de las arcas estatales entre los 250 municipios existentes en el país.
El principal rubro que hace la gran diferencia en relación con los demás municipios es el de la compensación. Salto del Guairá recibía de forma exclusiva una suma de US$ 10.800.000 anuales en concepto de compensación por sus cataratas desaparecidas en el año 1982 con la creación de la represa hidroeléctrica Itaipú.
Esos recursos empezaron a desembolsarse a partir de mayo de 2012, cuando entró en vigencia la citada ley. A partir de este año (mayo de 2015), después de tres años de vigencia, el monto se redujo a 8.400.000 dólares anuales, porque una segunda ley de compensación aprobada el año pasado incluyó a los otros 12 municipios restantes de Canindeyú como beneficiarios menores. Cada municipio recibirá 200.000 dólares anuales.
Denuncias
Según los ediles no oficialistas, Eduardo Paniagua habría incurrido en graves irregularidades en el uso de los jugosos recursos que recibió de Hacienda en estos casi cinco años de su gobierno. Sospechan fuertemente que las obras encaradas en dicho periodo están sobrefacturadas.
El concejal Jorge Fleitas, colorado disidente, había calificado como “empedrado de oro” las pavimentaciones construidas durante la administración del exintendente Eduardo Paniagua (ANR), por el alto costo de las mismas.
Según afirmó, en Salto del Guairá el empedrado se construye a precios que llegan a los G. 120.000 el metro cuadrado, mientras que en el municipio de Katuete, distante solo 50 kilómetros, hacen la misma obra por G. 45.000 el metro cuadrado.
Criterio de CGR
Sobre las supuestas sobrefacturaciones y acusaciones vertidas por los concejales, el exintendente Eduardo Paniagua afirmó que todas las documentaciones del empleo de los recursos de la compensación por los Saltos del Guairá obran en la Controlaría General de la República, y que queda a criterio de ellos realizar o no una inspección de las obras realizadas.
Empresas “amigas”
Junto al concejal Jorge Fleitas, un grupo de siete concejales habían solicitado a la Contraloría General de la República, en más de una ocasión, que ordene la realización un estudio técnico sobre el costo de los proyectos de mejoramiento vial encarados por el exintendente Eduardo Paniagua.
Denunciaron, asimismo, que el exjefe comunal colorado y actual candidato al rekutu adjudicó las obras siempre a la misma media docena de “empresas” que fueron creadas por sus amigos y parientes.
Estas firmas serían “San Felipe”, de Felipe Villalba Jara; “San Ramón”, de Felipe Villalba Jara; VAR, de Víctor Aparecido Ramoa; Constructora Canindeyú, de Joel Ignacio Méndez; Mbaracayú, de Rufino Gayoso; y Edivi SA, cuyo responsable es Gustavo Díaz de Vivar.
Presumen que muchos de ellos son apenas prestanombres, y que el verdadero beneficiario de las obras municipales en todos estos años fue su hermano Félix Paniagua. Este, sin embargo, no aparece como contratista.
Estudios privados que fueron realizados a pedido de algunos ediles dan cuenta de que habría una supuesta sobrefacturación de al menos 30 por ciento en las obras de empedrados. También existirían sobrefacturaciones en la construcción de asfaltados, alcantarillados, plazas y otras obras encaradas por la Comuna cuando el hoy candidato colorado administraba los fondos municipales.
Los ediles de la bancada no oficialista de la Junta de Salto presentaron pedidos de auditoría no solo ante la CGR, también recurrieron a la Auditoría General de la Presidencia de la República, pero el propio intendente Paniagua vetó el pedido.
Finalmente, recurrieron a distintas comisiones de la Cámara de Senadores, pero tampoco sirvió para lograr la anhelada auditoría.