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En el caso de Cynthia Rossana Pineda Morel, afirman que hay más de diez causas que se están litigando en su Juzgado sin que hayan pasado por el sorteo correspondiente, debido a que “ella trabaja directamente con el exjuez Daniel Colmán, que ahora litiga y de quien Pineda fue actuaria por más de siete años”, explicó el presidente del Colegio de Abogados, Mauro Barreto.
“Cuando se ingresa un expediente al sistema, se hace un sorteo y aparece la carátula con el juez que atenderá el caso, etcétera, y debajo aparece el número de tasa judicial. Estos son casos en los que no hay tasa judicial, entonces significa que no hubo sorteo. Las causas entraron directamente al Juzgado de Pineda para beneficiar a Daniel Colmán. La jueza tenía obligación de inhibirse”, señaló Barreto.
Los abogados expusieron dos casos. El primero es el expediente “New Foutain trading import-export SA c/ Sang Pil Nam s/ reconocimiento de Crédito”, que según la denuncia, ingresó sin el sorteo correspondiente.
“La jueza había decretado medida cautelar de secuestro de mercaderías por valor de 800.000 dólares americanos, mercaderías que hasta ahora su propietario no puede recuperar, además ordenó por una medida cautelar al director de Aduanas que realice el despacho de otras mercaderías y entregue al actor de la demanda. El abogado representante de la parte actora es el exjuez Daniel Colmán, quien fue jefe de la hoy jueza”, señala el escrito de los abogados.
Además, según el documento, “en fecha 30 de marzo del año 2015, siguiendo el mismo sistema, sin haber ingresado al sorteo, se tramita el expediente caratulado: Grupo Buen Futuro SA s/ convocatoria de acreedores. El Juzgado es del 6º Turno, a cargo de Cynthia Rossana Pineda Morel y el Actuario Judicial, en esta ocasión, el abogado Sixto Raúl Melgarejo, siendo el representante legal de la empresa actora, Daniel Colmán Martínez (El mismo equipo)”.
“La verdadera intención de este pedido de convocatoria de acreedores ha sido evitar el sello de falta de fondo o cuenta cancelada en los cheques que se irían presentando para su cobro, prohibiendo a los Bancos sellarlos de esta manera; pero sí colocando el sello de no pago por orden judicial, con lo que se evita pagar la cuenta a sus acreedores por orden judicial, por un monto de aproximadamente 12.000.000 de dólares americanos”, afirma el escrito.
Respecto al juez Sergio Rodríguez, quien está ternado nuevamente, el Colegio de Abogados señala en la nota que en su Juzgado “se ha tornado normal que se presenten juicios ejecutivos con documentos que son firmados en cualquier parte del país, no importa la Jurisdicción, pues la orden de embargo y secuestro se consigue en el día solo abonando la suma de G. 500.000, siendo los operadores del juez, la actuaria judicial Zoraida Noemí Bogado y el ujier notificador Rodrigo López Faria”.
Como ejemplo de los juicios ejecutivos para secuestro de vehículos, el abogado Barreto citó que la empresa Prestigio Automóviles SAECA, en sus pagarés afirma que su jurisdicción es Ciudad del Este, pero presenta litigios de este tipo en el Juzgado de Presidente Franco. Respecto a Barrios, la nota dice que “la misma tiene auditoría de la Corte por haber dispuesto medidas sustitutivas a favor de un procesado por la Ley 1340. El resultado fue remitido al Jurado de Enjuiciamiento sin que hasta este momento se haya resuelto sobre su procesamiento”.
ladaga.mariana@gmail.com