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Luis María Benítez Riera llegó a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por primera vez en febrero de 2011. Ese año entró a trabajar al Poder Judicial Eduardo José Benítez Araújo. Él está casado con la hija del ministro, María Sofía Benítez Sienra, quien desde ese mismo año es funcionaria del departamento administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá ( EBY).
Benítez Araújo era asistente administrativo de la Dirección de Recursos Humanos, pero en el 2016 pasó a ser asesor. En ese puesto, por Resolución 3.184/17, pasó a percibir G. 3.768.090 en concepto de Bonificación por Responsabilidad en el Cargo. Este bono se suma a los G. 7.536.180 de salario y a una bonificación y gratificación por grado académico de G. 360.000.
El 20 de junio pasado, a través de la Resolución 1.322, la Corte Suprema de Justicia dispuso una reestructuración dentro de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos. En el artículo 6, comisiona a Eduardo José Benítez Araújo como asesor de esa dirección. El artículo 7 señala que se mantiene en vigencia para el yerno del ministro el pago de bonificación por responsabilidad en el cargo, de G. 3.768.090.
Casualmente, o tal vez no, en la nómina de funcionarios de junio de 2018 que publica el Poder Judicial en su página web, con la categoría de Benítez Araújo, que es Asesor (I), hay 73 funcionarios. De todos ellos, solamente 6 perciben una bonificación por Responsabilidad en el Cargo. Quienes menos cobran en este concepto son José María Costa Ruiz y Juan José Martínez Aguiar, quienes reciben G. 2.732.676. Rocío Darlene Orzuza Pérez, Carla Patricia Cálcena Bogado y Elio Hernán Noguera Mendieta perciben G. 3.415.845.
Siempre según la planilla, el único que gana G. 3.768.090, el monto más alto en concepto de Bonificación por Responsabilidad en el Cargo, es Eduardo José Benítez Araújo. El pago de este bono al yerno del ministro le cuesta al Estado G. 45.217.080 al año.
El coordinador de Prensa del Poder Judicial, David Ortiz, explicó el pago de la bonificación por Responsabilidad en el Cargo es un beneficio que está amparado por el reglamento de la Corte.
Mientras Benítez Araújo recibe este importante bono dentro del Poder Judicial, su esposa e hija del ministro, María Sofía Benítez Sienra, trabaja en el departamento administrativo de Yacyretá, en Asunción. En total gana G. 18.163.715 mensuales, que incluyen un salario de G. 11.705.000, una bonificación por antigüedad de G. 1.638.784, G. 1.334.438 en concepto de “presentismo”, G. 800.663 por tener título universitario, G. 841.410 como gastos de almuerzo, G. 1.682.820 de asignación familiar y G. 160.000 de subsidio por energía eléctrica.
La nuera
Un año después que Eduardo José Benítez entrara a trabajar en el Poder Judicial, en el 2012 ingresó a la institución la doctora Laura Geraldine Bordenave Gamarra. En ese momento ella era novia del médico Luis María Benítez Sienra, hijo del ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera.
La pareja se casó en el 2013 y en el 2014 se mudó a vivir a México, donde Luis María Benítez se especializó en cardiología y Laura Bordenave lo hizo en reumatología. Ellos retornaron al país en 2018. Durante estos cuatro años en el exterior, Laura Bordenave siguió cobrando sus salarios, además de otros beneficios, como funcionaria del Poder Judicial.
En defensa de la nuera, la Corte Suprema de Justicia argumentó que el 23 de diciembre de 2013 los ministros le habían concedido a ella un permiso especial con goce de sueldo básico, o sea, supuestamente le habían autorizado a cobrar sin ir a trabajar. Este permiso fue prorrogado el 2 de febrero y el 25 de agosto de 2015, el 31 de enero y el 19 de diciembre de 2017, según el legajo de la funcionaria.
Laura Bordenave volvió a hacer consultorio en el Palacio de Justicia, en el área de Kinesiología y Fisioterapia, recién en marzo de este año.
Igualmente, desde este año ella es funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS), donde también fue contratado el hijo del ministro, Luis María Benítez Sienra.
Para casos como los de Bordenave, el artículo 54 de la Ley 1.626, en el 2013 concedía permisos sin goce de sueldo y hasta por tres años. Recién tres años después de que la médica fuera beneficiada por la Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 2016, la Ley 5776 modificó el citado artículo, permitiendo a funcionarios públicos de carrera obtener permisos con goce de sueldo hasta por tres años, prorrogable por un año más.