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El dirigente humanista dijo ayer a este diario que las gestiones para recuperar bienes malhabidos de jerarcas de la dictadura de Alfredo Stroessner son responsabilidad de la Procuraduría General de la República.
Santiago Rolón fue consultado respecto al pedido del procurador, Pedro Valiente Lara, que las organizaciones de víctimas de la dictadura y de derechos humanos le ayuden en la tarea de recuperar bienes malhabidos, porque solo no lo logrará. Fue durante una manifestación de organizaciones de víctimas de la dictadura frente a la Procuraduría, exigiendo el retiro de la acción de inconstitucionalidad que planteó Valiente Lara contra normativas que establece pago de indemnización a familiares y víctimas de la dictadura.
“Esa es responsabilidad del Estado de recuperar los bienes malhabidos”, respondió Rolón. Recordó que hay una ley que dice que el Gobierno debe pagar a las víctimas de la dictadura de diversos recursos del Estado y después recuperar bienes malhabidos para devolver a las arcas públicas lo que se pagó a las víctimas.
Señaló que siempre apoyarán las gestiones que se realicen con el objeto de recuperar bienes malhabidos. Recordó que la Comisión de Verdad y Justicia entregó a los tres poderes del Estado todos los documentos relacionados a los bienes dilapidados durante la dictadura de Stroessner, fruto de trabajos de investigación.
“Ellos tienen que actuar nomás ya como autoridad. En la documentación que se entregó a las autoridades hay nombres, apellidos, dirección de personas. Ellas son las responsables de ejecutar esas acciones. Nosotros les vamos a ayudar apoyándolos”, manifestó.
Agregó que los datos de la Comisión de Verdad y Justicia refieren a que unos 7 millones de hectáreas de tierras se dilapidaron y entregaron a personas allegadas a la dictadura, militares, funcionarios y policías.
Hacienda promete pagar
Organizaciones de familiares y víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner recibieron la promesa del Ministerio de Hacienda de que en la segunda quincena de este mes se pagará en concepto de indemnización a 39 personas. De acuerdo a los datos, existen resoluciones favorables de unas 2.000 personas que deben cobrar.