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Extensión universitaria
Siguiendo con el voluminoso informe de la Contraloría General de la República del 2014, tenemos que la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) abonó en el ejercicio fiscal de 2013 más de ciento setenta y tres millones de guaraníes en concepto de remuneraciones a docentes, por proyectos de extensión universitaria “para el fortalecimiento de la calidad educativa” en la citada facultad. “Sin embargo –señalan los auditores–, no se remitieron resultados de los proyectos y programas de los que formaron parte de Docentes de Extensión Universitaria”.
La Contraloría también detectó que “percibieron remuneraciones como Docentes de Extensión Universitaria: Juan Gilberto Fretes, Lida Mirta Miño de Velazco, Rosa Niselly Céspedes Pino, Adriana Noemí Ramírez, en todos los casos mencionados los mismos percibieron un total de G. 4.338.400 por los meses de setiembre a diciembre de 2013; sin embargo, estos no estaban incluidos en el equipo de trabajo en el Proyecto de Extensión Universitaria”.
A más de no existir –como se deduce del informe–, las evaluaciones realizadas, la duración del proyecto se extendió indebidamente. De acuerdo con la resolución número 4 del 2012, “los proyectos tendrán una duración inicial de seis meses, pudiendo ser renovados, previa evaluación”. Sin embargo, se prolongó de marzo a diciembre.
En el caso del señor Juan Gilberto Fretes, el informe de Contraloría menciona que percibió una remuneración de G. 15.284.808 correspondiente al año fiscal 2012, y que al requerimiento de la Contraloría, la Universidad Nacional de Pilar (UNP) no remitió copia de título universitario del señor Fretes, pero que sí recibió remuneración con la categoría de profesor con rubro U42.
Respecto a la presentación de informe sobre extensión, la Contraloría puntualiza que el mismo carece de formalidades básicas, y no consta de precisiones sobre quién lo elaboró, y tampoco posee firma alguna que acredite su responsabilidad. Pide a los responsables de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) a que observen el cumplimiento de las normas establecidas al respecto en su carta orgánica.
Respecto al caso del señor Adilio Lezcano, la Universidad Nacional de Pilar (UNP) confirmó a la Contraloría que en el año 2012 se desempeñó como extensionista, sin brindar mayores detalles. Lezcano percibió la suma de G. 24.331.200 con rubro U68 de docente, pero sin poseer o demostrar título, según el informe del ente contralor. Al igual que en el caso del señor Fretes, menciona que el informe sobre extensión carece de las formalidades básicas como firmas, identificación del o los responsables y la fecha de elaboración, revisión o aprobación del informe.
Los casos de Tania Riveros y Alberto Ojeda son similares a los anteriores: la primera recibió una remuneración de G. 17.439.574 y el segundo G. 24.331.200 durante el ejercicio 2012, en ambos casos, no se registra posesión de título docente, y la variable resulta en la no presentación de trabajo realizado, constituyéndose esto en una doble irregularidad, además de la percepción de dinero sin las condiciones requeridas, la no prestación del servicio o trabajo remunerado.
“Urgente”
La Contraloría pide “de manera urgente” que las autoridades de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) establezcan un control sobre las remuneraciones a los docentes de Extensión Universitaria “en base a evidencia de trabajos realizados y los avances de los mismos”.
Este pedido “urgente” de los auditores hace suponer la ausencia de tareas por las que se estuvo abonando millonarias sumas.
Otros casos irregulares
En su informe, la Contraloría también menciona otros casos irregulares, como el de Leonardo Javier Pérez, quien fue nombrado profesor permanente sin poseer título universitario o docente. El rubro con el que fue beneficiado de G. 15.284.808 (quince millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos ocho guaraníes) corresponde a profesor de Conservatorio de Música categoría U42, según el informe. Bajo esa figura la Universidad Nacional de Pilar (UNP) justifica el desembolso como proyecto de “Coordinación de actividades de capacitación de desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria a través de la piscicultura”.
El ente fiscalizador agrega en su informe que dicho proyecto no se encuentra entre los aprobados para el ejercicio 2012 y, además, el señor Pérez no reúne los requisitos que la ley exige para percibir la remuneración con la que fue beneficiado.
El señor Pablo Ríos percibió en el año 2012 la suma de G. 44.208.600 (cuarenta y cuatro millones doscientos ocho mil seiscientos guaraníes) como director y coordinador de comunicación de la Universidad Nacional del Pilar, con rubro docente y sin poseer título. Consta también en el informe que el cargo mencionado y justificado por la universidad no figura en el organigrama funcional de la casa de estudios.
Próxima nota: Informes sobre incumplimiento de horarios y deberes.
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