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El ministro Luis María Benítez Riera tiene a su nuera, Laura Bordenave, trabajando como médica del Poder Judicial e incluso le permitió cobrar salario durante cuatro años sin ir a trabajar. Así también, los exministros Miguel Óscar Bajac Albertini y Víctor Núñez beneficiaron a sus parientes.
Ana Fiandro Bajac de Ortiz es sobrina de Óscar Bajac, quien dejó su cargo de ministro el mes pasado por haber cumplido 75 años de edad.
La doctora Fiandro Bajac atiende en los consultorios del Poder Judicial, pero en la planilla está “maquillada” como asistente administrativa. Tiene un salario de G. 5.633.735. Su antigüedad es del 2011.
Leonardo Zarza Barrios, cardiólogo, hace consultorio en el Poder Judicial una vez por semana y cobra G. 4.538.935 mensuales.
Zarza Barrios es marido de María Stella Ignacia Albertini, prima de María Julia Albertini, esposa del exministro de la Corte Víctor Núñez. Este renunció a su cargo en el 2014, antes que el Congreso aprobara su juicio político.
Los hijos de Zarza, sobrinos de Víctor Núñez, también son funcionarios del Poder Judicial. Leonardo Zarza Albertini es asistente en la Dirección de Derechos Humanos y gana 5.446.745 guaraníes más bonificaciones. César Augusto Zarza es asistente en la Dirección de Asuntos Internacionales e Integridad Institucional y gana G. 3.909.310. El cardiólogo trabaja en el Poder Judicial desde 2008. Sus hijos lo hacen desde el 2009 y 2010, respectivamente.
Pese a que los funcionarios tienen seguro médico, en el Poder Judicial hay más de 30 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, nutricionistas, odontólogos y demás. Incluso hay cinco camas para fisioterapia. Esta “clínica” cuesta más de G. 1.500 millones anuales solo en salarios.
Ayer, tras las publicaciones de ABC, la Corte dispuso una auditoría en el Departamento de Servicios Médicos del Poder Judicial. Además, hoy el pleno estudiará un plan de reestructuración del servicio, reasignando a los profesionales que ya no sean necesarios, según informaron.
Los actuarios exigen la lista
La Asociación Paraguaya de Actuarios Judiciales (APAJ) repudió que en el Poder Judicial funcione una clínica con médicos y enfermeros que figuran como funcionarios administrativos en las planillas y que en su mayoría concurren pocos días a la semana a trabajar. Los dirigentes del gremio exigieron la nómina completa de personas que trabajan en esa dependencia. La APAJ calificó de vergonzoso el alto costo que representa la clínica al Estado.