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VILLA FLORIDA (Rafael Montiel, corresponsal). Orué presidió la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal cuando se presentó la denuncia ante la Contraloría. Luego renunció a su banca a raíz de cuestionamientos por cobrar dieta de concejal y sueldo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Indicó que el contralor general, Roy Rodgers Canás, notificó al intendente de Villa Florida, Michel Patricio Flores Fernández (ANR), el 24 de octubre de 2016, la conclusión de la auditoría realizada a la Comuna, con relación a la ejecución de recursos del Fonacide, correspondiente al año 2016. Explicó que el organismo realizó una verificación técnica de las obras realizadas en siete instituciones educativas y detectó un daño patrimonial superior a G. 248 millones.
Según el informe, los auditores observaron incumplimientos de especificaciones técnicas, certificación y pago de cantidades de obras diferentes a las realmente ejecutadas, ampliaciones de contrato sin justificación, no aplicación de multas por atrasos en la ejecución de las obras, ocasionando todo ello un pago de más en contra de los intereses de la Comuna.
“El modo operandi consistió en suscribir una adenda con la empresa GB Construcciones, con la cual duplicó ilegalmente la responsabilidad y los pagos, ocasionando un daño patrimonial de G. 248.134.032. Por otro lado, el mismo informe sostiene un pago sin sustento de documentos, equivalente a G. 185.123.280”, denunció Orué.
En ese contexto, en la página 7 del informe de auditoría se cuantifica una inversión de G. 834.078.130, de los cuales G. 248.134.032 fueron ejecutados como pagos duplicados y G. 185.123.280 no justifican documentos o carecen de sustento legal, en violación del Art. 56 de la Ley Nº 1535/99 Financiera del Estado.
El nuevo contralor Enrique García, el 5 de diciembre pasado, presentó un reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio comunal por G. 45 millones contra Flores. “Con esta acción evidentemente el contralor maquinó dolosamente la disminución de la expectativa de pena del intendente en el proceso de la investigación penal. A esto se agrega que los mismos auditores que firmaron su informe de auditoría y que detectaron un daño patrimonial superior, terminaron reportando un informe falso a la Fiscalía, señalando en su reporte daño patrimonial inferior contradiciendo el resultado de su propia auditoría”, indicó Orué.
El intendente Flores señaló que se fiscalizó la obra y se enviaron las documentaciones que respaldan los gastos a la CGR. Añadió que el 5 de diciembre último solicitó al ente contralor que envíe de nuevo a sus auditores para volver a hacer la auditoría. Dejó entrever que existe una fuerte presión política partidaria en su contra porque él es el jefe de campaña de un sector colorado que promueve a Carlos Arrechea como precandidato a gobernador, y al actual gobernador Derlis Maidana, para diputado.