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Más de 20 funcionarios provenientes de su “valle”, Itá, contrató el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, desde que asumió ese puesto, en noviembre de 2016. Otros de su entorno inmediato pertenecían a la organización “Abogados Dignos del Paraguay (ADP)”, que él presidía y por la cual se candidató al Consejo de la Magistratura antes de ser defensor del Pueblo.
Por ejemplo, según los documentos, Hugo Zarza, uno de los oriundos de Itá, es jefe de tesorería y liquidación de sueldos. En noviembre de 2016 viajó a Buenos Aires, Argentina, acompañando a Godoy para “defender derechos fundamentales”, lo que no está incluido en sus funciones.
Del 9 al 13 de octubre pasado el defensor del Pueblo volvió a Buenos Aires por el caso de un paraguayo asesinado. Según planilla de viáticos, lo acompañaron Hipólito Oviedo, su secretario general, miembro de ADP, y Eduardo Marecos, jefe de archivo de expedientes, otro oriundo de Itá. También fue Mario Aranda, jefe de pensiones especiales, parte de ADP. En total, los tres gastaron G. 30.486.670 en viáticos.
Marecos también acompañó al defensor del Pueblo a Santo Domingo, República Dominicana, donde hubo un Curso de Normas Internacionales del Trabajo para Magistrados, Juristas y Docentes en Derecho. Fue del 9 al 13 de julio pasado. El viático para este funcionario, que es bachiller, fue de G. 10.087.616.
Acorde a las planillas, Idilia Escurra es directora general de administración y finanzas; Esmilce Vega es directora de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas; y Laureano Sosa es secretario privado. Los tres tienen en común con Godoy su procedencia: Itá.
Así cómo Oviedo y Aranda, Luz Marina Galeano, la directora de la unidad especializada en víctimas de la dictadura también es miembro de “Abogados Dignos del Paraguay”.
Mientras las personas procedentes de Itá y los abogados miembros de la ADP perciben, según planillas, buenos salarios, bonificaciones y viáticos, otros funcionarios de la Defensoría Pública denuncian malos tratos y la existencia de contratados que con más de diez años de antigüedad cobran menos que el salario mínimo vigente, de G. 2.112.562.
En la planilla de sueldos de octubre figuran al menos diez trabajadores de la Defensoría del Pueblo que perciben solamente G. 1.964.507.
Según denuncias, a la inequidad salarial se sumarían malos tratos y amenazas de despidos del defensor del Pueblo a los funcionarios que no son de su predilección. También indican las denuncias que Godoy procedió a despidos sin previo sumario administrativo.
Sobre esos despidos, Godoy afirmó que separó sólo a funcionarios corruptos. Sobre los contratados por él, aseveró que son personas de su confianza y se ufanó de no tener ningún pariente en la función pública.
mariana.ladaga@abc.com.py