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Hasta hace poco el presidente Horacio Cartes era uno de los más férreos detractores de la tarea legislativa, pero desde hace un tiempo empezó a virar lentamente.
La decisión de vetar parcialmente la ley que reglamenta el proceso de pérdida de investidura de los parlamentarios se funda en necesidades políticas. Es un guiño claro a sus futuros compañeros, pero también es una cuestión de supervivencia. Objetar todo el proyecto de ley no solo lo enfrentaba directamente a los parlamentarios; además mantenía abierta la posibilidad de que mayorías mínimas sean suficientes para acordar la remoción de un legislador.
Cartes –junto con sus aliados–, en algunos meses más estará en el Congreso y podría exponerse a situaciones de ese tipo. Ahora al confirmar la necesidad de mayorías calificadas, que por cierto no están previstas en la Constitución, se levanta una alta muralla para que los parlamentarios dejen sus cargos por inconductas. En un parlamento profundamente fragmentado llegar a 30 o 53 votos en las cámaras en una tarea sumamente complicada.
Los parlamentarios retribuyeron el gesto de Cartes con una cuidada movida para dejar en los cajones la renuncia del vicepresidente y dar una señal al Presidente. Si los dos presentan renuncia y los parlamentarios no tratan los pedidos ambos podrán ser electos sin perder sus actuales cargos. Estarán controlando ministerios y secretarías hasta después de ser electos. No fue casualidad que hasta los mismos legisladores colorados no hayan asistido a la sesión del Congreso donde se debía aceptar la renuncia del vicepresidente Juan Afara.
El mensaje en redes sociales del presidente Cartes terminó por confirmar la movida. Su pedido público por elegir a la miembro de la Corte, Alicia Pucheta, para reemplazar a Afara dejaba en claro que no estaba dispuesto a ceder espacios a los políticos.
Las recientes adjudicaciones de un contrato de 9.000 millones de guaraníes que hizo el MOPC a la empresa ligada a Mario Abdo se encuadra en una lógica similar. Hace dos años, la administración Cartes congeló todas las adjudicaciones a Abdo. Ahora que ganó la interna y es un candidato del Partido Colorado volvieron las adjudicaciones.
Algo similar está pasando con los cargos institucionales. La designación de Sandra Quiñónez y el pedido de juicio político al contralor general de la República terminó uniendo a todos los colorados. Más allá de sus diferencias tenían claro que ceder la Fiscalía General del Estado no era aceptable. Del mismo modo también entendieron que el escandaloso manejo que está haciendo Enrique García de la Contraloría tenía que terminar. Y no solo por el manejo oscuro sino sobre todo por el espacio de poder que podría quedar en manos de una persona que responde a sus propios intereses.
En esa cruzada de acomodar acuerdos y poder a finales de semana se empezó a presionar con fuerza la tarea de la prensa. La colega Mabel Rehnfeldt fue convocada a tribunales para dar explicaciones sobre su labor como periodista y para ser presionada que revele sus fuentes, cuando claramente la Constitución ampara el secreto de las fuentes. La rápida caída del senador Óscar González Daher no solo hizo sonar las alarmas en el Congreso y apuro la aprobación de una ley que claramente resguarda a los legisladores, sino además activó los resortes del poder político para tratar de limitar la tarea de la prensa.
El reparto de espacios y el intento de acomodar instituciones no alcanza para sostener la democracia. El último informe de la Fundación Bertelsmann de Alemania sobre el deterioro de la democracia en la región lo confirma.
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