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De hecho, la concepción fundamental de los constitucionalistas de 1992 fue lograr mediante la “flamante institución” una mejor distribución de la riqueza y un mayor acercamiento de las autoridades y el pueblo, y los beneficios estatales. El gobernador es el representante del Poder Ejecutivo en su zona.
Lastimosamente, en los 25 años de su vigencia, los gobiernos departamentales, lo que debería ser una instancia de alta importancia en la descentralización, fomento y desarrollo del interior, se fueron convirtiendo en un antro de corrupción para la repartija del dinero público.
Más que acciones a favor del pueblo, se ha venido observando un vil saqueo mediante obras fantasmas, obras de pésima calidad o inconclusas y, sobre todo, una rapacidad descarada en las sobrefacturaciones de multimillonarios contratos, que realizan casi casi sin control alguno.
En el departamento de Canindeyú asumió el cargo el gobernador César Ramírez, “El tigre” de Cerro Porteño, con mínima experiencia como político, y por ende con un gran capital de credibilidad que trae en su alforja de futbolista exitoso, conquistado en tiempos muy difíciles.
Se espera de este ciudadano una conducta radicalmente distinta de los políticos ladrones que lo antecedieron y que, con gran juego de cintura (como lo fue en el fútbol) actúe limpio y con resultado en el manejo de la cosa pública. Encontró una institución con G. 280 en caja y G. 25.000 millones de deudas, cuando el presupuesto de 2018 es de G. 60.000 millones y no se observan obras de envergadura que hayan sido encaradas por la administración del cuestionado Alfonzo Noria (ANR).
Se espera que el dinero que haya sobrado se aplique en favor de la población, y no solo sirva para enriquecer a las autoridades de turno y sus parientes, como lo ha venido siendo hasta el 15 de agosto.
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