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Una vez más, se salvarían de una merecida destitución, pese a que los tres han demostrado una conducta indecorosa: plagio de una tesis doctoral, malgasto de viáticos, clientelismo y nepotismo galopante. En un país en el que las instituciones funcionasen más o menos bien, hace rato habrían tenido que renunciar.
La clase política representada en el Congreso no impulsará el mecanismo constitucional de destitución “porque es demasiado diciembre” y porque existe una división tajante en los dos principales partidos, lo cual hace difícil llegar a un consenso sobre los reemplazantes de los ministros.
El presidente del Senado Silvio Ovelar (ANR, Añetete) dijo que, si no hay acuerdo político previo, el juicio no correrá. Achaca al Frente Guasu que su interés en el juicio pasa por obtener un cupo entre los tres ministros, algo que ese sector político no oculta. Ovelar no dice, en cambio, que de haber una barrida en el TSJE ellos exigirán su cupo, al igual que el PLRA.
El problema es la división existente en los partidos, sin liderazgos claros.
En el Partido Colorado, básicamente, hay ahora dos sectores representados en el Senado. Si bien el oficialismo, expresión que engloba a los que respaldan al presidente, es mayoría (11 contra 6 de HC) , no se trata de un bloque homogéneo sino que en su interior coexisten varios liderazgos y otros tantos intereses que no será fácil conciliar.
En el Partido Liberal Radical Auténtico, la cuestión es parecida aunque al revés. El oficialismo partidario (efrainismo) es minoría. Están 4 senadores que responden al presidente del partido, Efraín Alegre y los otros 11 que tienen su propia hoja de ruta.
El presidente de la República no dice ni sí ni no al planteamiento del juicio político a los integrantes del TSJE. Más allá del morbo sobre el hecho de que el ministro Ramírez Zambonini es pareja sentimental de su madre, la actitud de Abdo Benítez es señal evidente de que no tiene intenciones de liderar la movida. El mandatario esperará que eventualmente los partidos se pongan de acuerdo y vengan después con una propuesta concreta para poder analizar su viabilidad.
Como hizo en el caso de la designación de nuevos ministros de la Corte, el presidente quiere a toda costa evitar dar la impresión de que negocia cargos en los otros poderes o extrapoderes del Estado.
En tanto, en el Congreso, en particular en el Senado, no hay demasiado interés de parte de algunos legisladores en guardar las formas y están dispuestos a hablar de un gran “paquete” de cargos a negociar que incluya la Corte Suprema, la Contraloría y, por qué no, una Convención Constituyente con temas específicos a cambiar en la Carta Magna.
Conciliar estos intereses será complicado, por lo que la excusa de que estamos en el mes de diciembre puede llegar a imponerse.
Sin embargo, llevar las cosas al próximo año abre un abanico de posibilidades.
Puede que se logre un gran pacto político para negociar todos los cargos en danza, además de la reforma electoral y, eventualmente, la reforma constitucional y la reelección que algunos políticos siguen teniendo en su agenda.
El riesgo es que los primeros meses del año suelen ser turbulentos, en términos políticos.
Esto inclusive puede hacer que las negociaciones se adelanten y que tengamos un verano atípico en el que se definan muchos temas antes que las cosas puedan complicarse.
mcaceres@abc.com.py