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Los candidatos que se presentan para las próximas elecciones coinciden en que impulsarán una reforma constitucional por medio de una Convención Nacional, que sería convocada en los primeros meses de 2019. De fondo, la gran aspiración de la clase política se resume en instalar de una buena vez la figura de la reelección presidencial, siempre tan deseada por los sucesivos mandatarios que pasaron.
Casi nadie se plantea la necesidad de consensuar un gran pacto nacional para acordar políticas de Estado a mediano y largo plazo.
Si bien existen planes que hizo este gobierno (y también el anterior) en base a objetivos, con una proyección que va más allá de un periodo presidencial, los mismos fueron elaborados por técnicos y representantes de la sociedad civil.
El problema es que no hubo un compromiso formal de los principales partidos políticos y de sus representantes, que son quienes deben tener el convencimiento y la voluntad de hacer realidad las propuestas.
En los primeros años que siguieron a la recuperación democrática en nuestro país y específicamente durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy (1993/1998) se produjo algo parecido a un gran acuerdo político que involucró a casi todas las fuerzas vigentes en ese momento.
Fue aquel famoso “Pacto de Gobernabilidad”. Es cierto que consistió sobre todo en un acuerdo para distribuirse cupos y cargos en la Corte Suprema y en otras instituciones que la Constitución había renovado, como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, por citar algunos.
El acuerdo se cumplió en gran parte, pese a evidentes falencias. Hubo grandes condicionantes y una crisis de por medio, que incluyo hasta intentos de golpe de Estado, debido al tutelaje militar que aún reinaba en esos años con la figura del comandante del Ejército Gral. Lino Oviedo.
Las crisis políticas que se sucedieron a partir de ese entonces hicieron que la democracia paraguaya fuera a los tumbos.
Aquel pacto político quedó prácticamente en el olvido tras los acontecimientos trágicos del marzo paraguayo y con la caída de unos y el surgimiento de nuevos actores políticos que no habían participado de ninguna conversación y que no se sentían obligados a cumplir ningún compromiso para fortalecer las instituciones.
Es evidente que ahora estamos empantanados en una grave crisis, que se manifiesta en un gran descreimiento ciudadano hacia las instituciones de la democracia. Esto no se solucionará simplemente con un nuevo gobierno que asuma en 2018, por más buena voluntad que tenga.
Es necesario un nuevo y amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Aunque parezca una cuestión de otros tiempos, cuando salíamos de una larga dictadura y estaba todo por hacerse.
Esta vez, además de acordar cargos con un criterio de equilibrio entre fuerzas políticas y de racionalidad, también se deberían pactar políticas de Estado, con objetivos económicos así como también proyectos para la educación, salud, seguridad e infraestructura.
El acuerdo debería ser que se lleven adelante los proyectos quienquiera que esté al frente del Ejecutivo, del Congreso y del Poder Judicial.
De otra manera, seguiremos eligiendo cada cinco años gobiernos que descalificarán todo lo anterior, prometerán cambiar todo, en un círculo vicioso del que no podremos salir.
mcaceres@abc.com.py