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Tal vez la característica más notable del juicio iniciado el martes fue que nadie, ni defensores ni acusadores, parecían sinceros. Para decirlo mejor, parecieron guardarse de revelar sus verdaderas motivaciones o intenciones.
El contralor García fue nombrado en noviembre de 2016, es decir durante el anterior periodo legislativo, mediante un pacto entre colorados y sectores de izquierda. Previamente, estuvo como asesor legal en la Municipalidad de Asunción donde una negligencia suya le costó a la institución perder un juicio millonario. Sin bien hubo un “arreglo” entre la Comuna y la empresa Ivesur, hasta ahora hay un millonario reclamo de dinero de parte de los abogados de la contraparte.
Desde el principio, García arrastró la sospecha por ser un funcionario opositor en el principal organismo de control del Estado, que llegó al cargo con el respaldo del oficialismo.
Con la asunción del nuevo gobierno colorado, García se acercó a los liberales como manera de tener respaldo político. Su enfrentamiento con la fiscal general Sandra Quiñónez derivó en revelaciones sobre millonarios depósitos bancarios de dudoso origen que hizo y que lo pusieron en el foco mediático.
La acusación de la fiscalía en su contra hizo que el caso llegara hasta el Parlamento, dada la necesidad de que esa institución lo destituyera, mediante el juicio político, para que pudiera ser juzgado en la instancia correspondiente.
El juicio se inició formalmente en marzo de 2018, con la aprobación del libelo acusatorio en la Cámara de Diputados. Fue remitido al Senado en junio de ese año y estuvo parado hasta principios del presente año. En ese interín, el mismo García pidió, en setiembre de 2018, que se finiquitase el trámite, seguro de que contaba con protección política para que la iniciativa se archivase.
El escenario político fue cambiando hasta culminar ayer con la decisión del funcionario de tirar la toalla, lo cual coincidió, “casualmetne” con la confirmación minutos antes en el pleno del Senado de que se habían sellado los votos para proceder a su destitución.
Lo interesante o espeluznante fue todo lo que previamente ocurrió en la sesión, con discursos que parecían sacados de un “film” de Cantinflas o de una película pretendidamente seria, pero pésimamente dirigida, con actores de cuarta categoría.
Puede que hubiera convenido suspender por un momento la percepción de la realidad y ver la mayor parte de lo que ocurrió ayer en el Senado como un compilado de ironías o de un humor fino en el que actores disfrazados de políticos locales, a los que uno conoce muy bien, desparramaban chistes desopilantes sin que sus rostros revelasen el tono de comedia.
Así, se vería a un actor disfrazado del senador colorado Juan Carlos Galaverna llamando “caradura” a otro actor caracterizado como el senador Fernando Silva Facetti o a actores respresentando a los senadores Blas Llano y Zulma Gómez pidiendo que se respeten el reglamento interno y las leyes. Otro actor, muy parecido a Dionisio Amarilla haciendo ante todos un número digno de “El Gran Dictador” de Charles Chaplin aunque, lamentablemente, con sonido. Otro actor, maquillado como Enrique Riera, reiterando un repetido sketch cuya gracia (supuesta) consistía en ponerse como medida y ejemplo de todo lo excelso que puede ser un funcionario público.
Faltó, tal vez como último acto, que un actor, disfrazado de Silvio Ovelar, en papel de presidente, repitiera el cierre de aquel dibujo animado de Porky, diciendo: “Esto fue todo, amigos”.
mcaceres@abc.com.py