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Huelga decir que desde el año 1993, cuando asumió el primer gobierno con las nuevas reglas constitucionales, hasta ahora, nunca se lograron establecer consensos básicos que fuera más allá de respetar el resultado de las periódicas elecciones que se fueron dando.
Los primeros años de nuestra novel democracia fueron difíciles, porque la sociedad paraguaya salía de una experiencia fuertemente autoritaria. De hecho, continuamos viviendo un tiempo bajo la tutela militar, primero con Andrés Rodríguez y luego con la influencia continuada de un personaje de baja estatura pero de grandes ambiciones, como Lino Oviedo.
En ese primer lustro, se impulsó un llamado “pacto de gobernabilidad” que, en la práctica, sirvió básicamente para que los partidos con representación democrática acordasen un reparto más o menos consensuado de cargos en las nuevas instituciones que creó la Constitución.
Luego del traumático “Marzo Paraguayo” de 1999 y pasado el esperpéntico “gobierno” (es un decir) de Lucho González Macchi, parecía que podía encarrilarse el país en un camino institucional previsible. Más aún, cuando en 2008 se concretó la alternancia pacífica de un gobierno a otro de distinto signo político.
Sin embargo, aquella administración quedó interrumpida, utilizando una figura válida de la Constitución, pero con una aplicación “a la paraguaya”. Ese episodio de 2012 dejó al descubierto la fragilidad del sistema porque evidenció que la voluntad popular podía ser desconocida con la utilización perversa de los mismos mecanismos constitucionales.
Podemos creer que las sucesivas elecciones demuestran que vivimos bajo un sistema democrático. Sin embargo, la verdad es que seguimos sin rumbo.
A esta altura, no deberíamos esperar que un mesías venga a solucionar mágicamente nuestros problemas en educación, salud, seguridad, justicia social.
Sería mejor exigir a los principales líderes políticos que dejen de lado sus ínfulas de salvadores de la patria para ponerse de acuerdo, por medio de ese gran y postergado acuerdo, en cuestiones elementales referidas a atender y solucionar las necesidades reales de la mayoría del pueblo, con políticas de Estado y también evitar que se sigan profundizando las diferencias entre quienes en nuestro país viven bien y quienes no cubren sus necesidades básicas.
La alternativa es esperar que las cosas empeoren hasta el punto de desembocar en un Estado fallido, manejado por narcotraficantes y toda clase de delincuentes, como ya se va perfilando, peligrosamente.
mcaceres@abc.com.py