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El jueves último, la jueza penal de garantías Rosarito Montanía otorgó el sobreseimiento definitivo al exgobernador de Central y exsenador Carlos Amarilla. El abogado Rodrigo Yódice reveló que ahora Amarilla analiza la posibilidad de accionar contra los funcionarios públicos y contra el ente que generó lo que calificó de “descalabro”.
La imputación que dio origen a la causa refería un supuesto faltante de más de G. 9 mil millones en el periodo correspondiente a los años 2012 y 2013. Estas irregularidades fueron advertidas por un informe de Contraloría General de la República.
El abogado defensor del político dijo que el ente contralor señaló 15 puntos, de los cuales el Ministerio Público tomó nueve como posibles conductas penales relevantes.
La investigación realizada por la Fiscalía demostró que ocho hechos no ocurrieron y el noveno fue descartado por la imposibilidad de demostrar su materialización.
Para Yódice, esta situación evidencia que los auditores de la Contraloría General de la República no cumplieron con las reglas básicas del arte de la auditoría ni actuaron con imparcialidad, independencia y objetividad.
“Evidentemente este informe estuvo direccionado a generar un proceso penal en contra del Lic. Carlos Amarilla que la única explicación que uno puede encontrar es que se daría por las circunstancias políticas que rodearon en su momento a la situación del Lic. Carlos Amarilla, quien tenía un discurso bastante contestatario al entonces gobierno anterior”, indicó.
Destacó que no es posible que los auditores de la Contraloría no se hayan dado cuenta cuando cuestionaron la no provisión de galletitas para la merienda escolar, de que Amarilla hacía tiempo ya había dejado la gobernación de Central y, en consecuencia, ningún resultado podría ser imputable al mismo.
“He ahí una demostración clara de la malicia y la falsedad contenida en el informe de auditoría”, afirmó el letrado.
“En eso quiero ser muy claro: la Fiscalía de ninguna manera fue mal utilizada. La Fiscalía recibió un informe emanado de los organismos de control de actividades económicas y financieras del Estado que revelaban presuntos indicios, o sea, la Fiscalía actuó dentro del rol que le compete. Pero acá el problema es que el órgano que tenía que haberle entregado datos y elementos convencionales fidedignos, le mintió descaradamente, introdujo datos falsarios y con ello se generó un proceso penal que solamente ocasionó perjuicios irreparables al Lic. Carlos Amarilla”, acotó Yódice.
CGR advirtió millonario perjuicio
El informe de la Contraloría General reportó indicio de hechos punibles con un supuesto perjuicio patrimonial de G. 9.355.976.599 en varios rubros, tales como el de alimentos para la merienda escolar, tanto para el desayuno como el almuerzo, en la construcción de pavimentos y de un comedor en la Gobernación. También se incluyó la búsqueda de un listado de cheques con cuyos respaldos no se contaba. El 3 de marzo del 2017 la fiscala Victoria Acuña allanó la gobernación para incautar documentos varios.