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Con la complicidad del Poder Judicial, el Ministerio Público, al igual que decenas de instituciones públicas, es favorecido con la orden de la Sala Constitucional de la Corte que prohíbe que la Contraloría General de la República audite las cuentas de la Fiscalía General.
Solamente puede verificar la situación administrativa del Ministerio Público el Tribunal de Cuentas, una dependencia judicial que no tiene el personal ni la infraestructura para auditar las cuentas.
También se le objeta la persecución a sindicalistas.