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En el Paraguay, las licitaciones públicas amañadas han sido –y al parecer lo siguen siendo– una fuente inagotable de enriquecimientos ilícitos. De lo que se suele tratar es de que el órgano convocante elabore los pliegos de bases y condiciones de tal modo que sus especificaciones técnicas solo puedan ser cumplidas por cierto oferente, patrocinado por algún político adicto al uso indebido de influencias. El pago eventual por el servicio así prestado saldrá del bolsillo de los contribuyentes, mediante el sobrecosto de rigor. En general, a esta práctica viciosa no escapan las entidades binacionales, según surgiría de la licitación pública hecha por Itaipú Binacional para la provisión –por casi 32 millones de dólares (248.713 millones de guaraníes)– de unos 328.000 muebles escolares diseñados por un equipo técnico del Ministerio de Educación y Ciencias, a pedido del presidente Santiago Peña, según dijo el ministro Luis Ramírez.
Todo indica que el llamativo procedimiento estuvo orientado a favorecer a la firma Kamamya SA, dedicada a la venta de edredones, cortinas y medias. Pertenece al ciudadano chino Long Jiang, a quien una foto publicada lo muestra saludando al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en compañía de Blas Antonio Pereira, un exfuncionario de la Municipalidad de Ciudad del Este que al parecer influye bastante en la entidad binacional. Un breve relato de las sospechosas actuaciones, por decir lo menos, puede empezar con que hubo dos convocatorias: la primera, fechada el 5 de julio de 2024, que fue “suspendida hasta nuevo aviso” un mes más tarde, para revisar las especificaciones técnicas y hacer “ajustes pertinentes al pliego de bases y condiciones y documentos anexos”, tras lo cual se hizo una segunda llamada el 29 de noviembre del mismo año.
En la primera ocasión, las empresas paraguayas interesadas habrían podido presentar sus ofertas, pero no así en la segunda, porque las nuevas especificaciones técnicas incluyeron componentes metálicos que no podían fabricarse en el país en tiempo oportuno. En cambio, la empresa finalmente ganadora –o el citado empresario chino–, habiendo recibido presumiblemente una información privilegiada, se adelantó el 21 de noviembre a comprar de la República Popular China unos muebles que respondían a las nuevas exigencias, como si ya las conociera de antemano, con lo cual ganó la licitación pública, pudiendo sospecharse que lo hizo contra el principio de igualdad y libre competencia, pero respondiendo a una costumbre fraudulenta en nuestro país. Al respecto, José Luis Rodríguez Tornaco, asesor de Comunicación Social del órgano convocante, señaló que este no puede “emitir opinión sobre la política comercial de las empresas”, como si en el caso comentado dicha “política” hubiera sido del todo ajena a la compra de los muebles ya adaptados a los “ajustes” del pliego de bases y condiciones, que aún no habían sido publicados.
En defensa de la producción nacional, tanto la Unión Industrial Paraguaya (UIP) como el Centro Industrial y Metalúrgico del Paraguay y la Cámara Paraguaya del Acero criticaron con severidad lo acontecido, porque limitaba en gran medida la participación de firmas paraguayas con capacidad técnica y operativa. El presidente de la última entidad citada, Rodrigo Schussmüller, calificó el hecho como “un robo”, algo no desmentido tampoco por el hecho de que la firma Kamamya SA haya comprado cada uno de los muebles metálicos por 15 dólares (117.750 guaraníes) y los haya vendido a la entidad binacional dirigida por Justo Zacarías Irún a un costo promedio unitario de nada menos que 96 dólares (756.689 guaraníes).
Se diría, de esta forma, que el cuento chino fue de lo más rentable, tal vez no solo para el empresario de igual origen, aunque esta última cuestión no esté del todo clara. En efecto, una de sus dos cédulas de identidad, expedida en nuestro país –vencida en 2019– dice que “Aarón Bruno Jiang” nació en San Carlos en 1979, al igual que su partida de nacimiento, en tanto que según la otra –válida hasta 2020– el bien relacionado contratista vio la luz en Zhejiang (República Popular China) en 1971, con el nombre de Long Jiang. Se plantea pues la pregunta de a quién contrató Itaipú Binacional y la de si el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil tuvieron que ver –lo que parece evidente– con la gestación de esa inquietante “doble personalidad”.
Son tan fuertes aquí los indicios de corruptelas, que se confirmaría la triste experiencia de que las licitaciones públicas sirven en gran medida –bajo el manto de atender una necesidad pública– para satisfacer la voracidad de los que mandan y la de sus allegados; se las manipula sin mucho disimulo, porque la impunidad se ha convertido en regla, a costa incluso de la salud y de la educación públicas. Eso de favorecer a un participante, adelantándole las nuevas reglas del juego en forma reservada, es una variante más de las conocidas maquinaciones urdidas para lograr provechos particulares en detrimento del bien común, sin que hasta hoy se vean señales de que serán combatidas penal y administrativamente.
El delito de guante blanco sería honorable, según el aberrante código moral imperante en la función pública, donde robar y dejar robar parece ser la regla de oro. Tenemos un montón de organismos que deberían intervenir en escandalosos casos como estos, como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entre otros, pero la pelota les pasa entre las piernas.
