Cargando...
En virtud de una paradoja cruel, en nuestro país no escasea el agua, pero son muy frecuentes los cortes en los suministros de energía hidroeléctrica y del vital líquido, sobre todo durante el verano, como resultado de las deficiencias de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap). “Apenas prendés un aire acondicionado y ya se te corta la luz, o no podés regar tus plantas porque escasea el agua”, se quejaba una pobladora de San Bernardino, la tradicional ciudad veraniega distante apenas 45 km de Asunción. Y conste que estos problemas no se presentan repentinamente, sino que se repiten cada año, de modo que la falta de solución ya obedece, sin lugar a dudas, a la inutilidad, la imprevisión, la indiferencia o la corrupción, o todas ellas juntas, de las autoridades de ambas entidades.
Al igual que las demás compañías estatales, la ANDE y la Essap prestan un pésimo servicio a la ciudadanía, sin que se adviertan signos de mejora desde hace ya largos años. El Paraguay no suele ser castigado por súbitas catástrofes naturales; la escasez de lluvias y las bajantes de los ríos son fenómenos estacionales previsibles que permitirían tomar medidas oportunas para que la provisión no sea afectada, pero poco o nada se hace al respecto, como si los responsables no tuvieran la menor idea de lo que significa planificar.
La irritante historia se repite una y otra vez, sin que se tomen medidas radicales de saneamiento institucional para que los usuarios, entre los que desde luego figuran los industriales y los comerciantes, no sigan sufriendo a menudo la carencia de servicios básicos. Pasan las décadas y todo sigue igual, como si hubiera que soportar con toda mansedumbre la evidente ineptitud de los administradores de la ANDE y de la Essap: atentan impunemente contra el bienestar de la población y la economía nacional, pero Santiago Peña se permite equiparar al Paraguay con Qatar. Sin duda alguna, además de San Bernardino, existen varios otros lugares que fueron excluidos al planificar el programa catarí del Paraguay. Basta con resumir algunos incidentes de las últimas dos semanas para ilustrar la gravedad de la situación reinante, que persistirá mientras el Gobierno siga ignorando su deber de asegurar el abastecimiento ininterrumpido de energía hidroeléctrica y de agua potable.
En la tarde del 9 de enero, un apagón afectó a la región metropolitana debido, “posiblemente”, a un incendio en el Parque Nacional Acosta Ñu, a lo que se sumó, según expertos, que está fuera de servicio el Esquema de Control de Contingencias de la ANDE, que hace dos años costó siete millones de dólares. Al mediodía del 18 de enero, una línea de transmisión dejó de funcionar en el departamento de Itapúa por causas ignoradas, dejando sin energía eléctrica a seis municipios. El 10 de enero se supo que vecinos de Villa Florida denunciaron la mala calidad del agua proveida por la Essap, que también afectaba el turismo: era turbia, hedionda y no servía para beberla, para cocinar ni para lavar ropa. Un par de días después, los vecinos del asunceno barrio San Vicente se quejaron de lo mismo y de la escasez del líquido, lo que obligó al cierre de una lavandería y a la instalación de un costoso tanque de agua en una vivienda; el 15 de enero, vecinos del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este se quejaron de carecer de agua porque serían priorizados los clientes del microcentro; el 18 de enero, diversos sectores de San Bernardino quedaron sin agua mientras eran reparadas unas tuberías de bombeo.
Está visto que los jerarcas de la ANDE y de la Essap no se esfuerzan por brindar un servicio continuo y de buena calidad: obran o dejan de obrar como si no les importara la suerte de los usuarios, pues no tienen la alternativa de recurrir a otros prestadores: el monopolio los mantiene cautivos. La probabilidad de que la inoperancia de los administradores les cueste el cargo es mínima, de modo que allí siguen tan campantes, como si la insatisfacción de los clientes fuera irrelevante.
Así las cosas, es de preguntarse quién o quiénes se ocupan de defender los derechos de las víctimas, pues se sabe muy poco de lo que vienen haciendo en tal sentido el Congreso, la Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor y al Usuario o la Defensoría del Pueblo, cuyos integrantes también están a sueldo de quienes padecen los cortes de luz o la falta de agua potable. Incluso, en un país solo medianamente serio, en que los derechos de los ciudadanos son más o menos respetados, quienes dirigen una empresa estatal no pueden hacer ni dejar de hacer lo que se les antoje: están obligados a servir a la comunidad, sin caer en la tentación de servirse de ella, como es habitual por estos lares. La ciudadanía víctima debe movilizarse con firmeza y perseverancia, dentro del marco de la ley, y no resignarse mansamente a que sus derechos sigan siendo ignorados o pisoteados por los que mandan.