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En noviembre de 2023, el entonces novato presidente Santiago Peña restablecía llamativamente relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela luego de una ruptura de cuatro años. De hecho, tras la victoria cartista en abril de 2023, Peña ya había manifestado sus intenciones de reanudar las relaciones con el régimen chavista, lo cual se concretó a finales de ese año.
Sin embargo, el 6 de enero pasado, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Paraguay y el retiro inmediato de su embajada, medida que se dio en rechazo de las declaraciones de Santiago Peña, quien un día antes sostuvo una conversación con el líder opositor, Edmundo González, reiterándole su apoyo como presidente electo y ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio pasado. El Presidente paraguayo había informado además que en la conversación por videoconferencia mantenida con González Urrutia y María Corina Machado, “coincidieron en que la región debe unirse para trabajar por el respeto irrestricto de la voluntad popular y no permitir la vigencia de regímenes autoritarios”.
Esta frase expresada por Peña pareciera ser un discurso político contrario a ciertas prácticas restrictivas de libertades fundamentales como las que persiguen los gobiernos dictatoriales. Sin embargo, muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno cartista nada tienen que envidiar a las políticas instauradas por Nicolás Maduro. Un ejemplo de ello es la hegemonía comunicacional ya impuesta en su momento por Hugo Chávez, quien dio los primeros pasos para el cierre de RCTV, un canal pionero en Venezuela, concretado por Maduro, quien en los más de 10 años de gobierno cerró más de 200 medios de comunicación, dispuso el arresto de periodistas y se registraron asesinatos y desapariciones forzadas de trabajadores de la prensa.
En Paraguay, no tenemos aún estas calamidades, pero el acecho a la libertad de expresión ha sido una constante con este nuevo Gobierno. Si bien Peña se ha jactado de la firma de la declaración de Chapultepec, su Gobierno se ha caracterizado por una solapada –y a veces abierta– hostilidad hacia la libertad de expresión, además de una fuerte tensión con la sociedad civil. Mujeres periodistas que cubren el Congreso Nacional han sido víctimas de ofensas y agresiones por parte de algunos legisladores como la senadora Norma Aquino alias Yamy Nal y el diputado Yamil Esgaib. Otro hecho similar también fue el protagonizado por Santiago Peña cuando reaccionó de manera ofuscada acusando a nuestra multimedia de impulsar una campaña de mentiras, apuntando con el dedo al periodista, y hablando en tono prepotente al ser interrogado acerca de un posible conflicto de intereses.
Otro hecho contrario a la libertad de expresión fue el intento de reglamentación para el ingreso y circulación de periodistas al Congreso Nacional, propuesto por el diputado Yamil Esgaib, quien pretendió limitar la labor periodística ante el descubrimiento de numerosos casos de nepotismo y corrupción en el Congreso.
Otra de las medidas represivas del régimen chavista fue sin dudas el exilio forzado de varios líderes opositores. Recordemos aquella frase que gritaba públicamente Hugo Chávez al gobernador Manuel Rosales, amenazando con “barrerlo del mapa político venezolano”, antes de que el mismo se exiliase en Perú. La misma suerte corrieron Leopoldo López, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En Paraguay, nuestro Congreso Nacional ha mostrado su lado más oscuro contra la democracia, expulsando a la senadora opositora Kattya González a través de un cuestionado juicio de pérdida de investidura montado por el simple hecho de no someterse al régimen cartista y mostrar una línea discursiva contraria a la línea de Gobierno.
Con esta expulsión, que ha sido más bien una medida “aleccionadora”, otros congresistas opositores saben que podrían correr la misma suerte si llegaran a significar una “molestia” para los operadores políticos del cartismo. Es decir, el exilio impuesto por Maduro es similar al amedrentamiento ejercido desde el Congreso Nacional con una mayoría que tiene la potestad de expulsar opositores aprovechándose de un Poder Judicial que no ofrece garantías de seguridad jurídica.
Otra de las grandes similitudes entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Peña es el intento de criminalización de las ONG y, en especial, a defensores de derechos humanos para impedir el financiamiento internacional. Actualmente, la Asamblea General de Venezuela aprobó la ley sobre fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y entidades afines, como ya lo ha hecho la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Mientras tanto en Paraguay, luego de iniciarse una tenaz persecución en contra de las ONG, también fue promulgada la “ley garrote” que busca amedrentar la labor de la sociedad civil organizada, en especial aquellas consideradas “enemigas del Gobierno” por investigar hechos de corrupción, promover la transparencia y fortalecer la información de interés público.
Por lo tanto, como ya nos tiene acostumbrados el presidente Santiago Peña, la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, denostando contra su Gobierno por considerarlo autoritario, no es más que uno de los tantos discursos vacíos de este Gobierno, ya que por un lado Peña quiere desmarcarse del régimen de Maduro, pero las medidas adoptadas por “casa” nos muestran a un gobierno cada vez más parecido al que critica.