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La exposición de motivos del proyecto de ley que “establece las 40 horas laborales semanales y deroga varios artículos de las leyes laborales para su plena vigencia”, que estaría próximo a tratarse en el Senado, es más que nada una larga reproducción de referencias periodísticas y comparaciones con realidades muy diferentes a las del Paraguay. Por ejemplo, menciona un artículo en Harvard Business Review de Sarah Green Carmichael, una columnista especializada en temas de alta gerencia en Estados Unidos, que cita estudios realizados por una investigadora del Instituto Finlandés de Salud Laboral. También se refiere a legislación comparada en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Suecia, Islandia y Japón. Y, paradójicamente, se reconoce que, en varios de estos países, por diversos motivos, la reducción de las jornadas laborales está fracasando.
En cuanto a Sudamérica, la exposición se limita a copiar extractos de una publicación del diario boliviano La Razón (que no cita fuentes), en la cual se señala que cinco de diez países sudamericanos (Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay) tienen jornadas semanales de 48 horas, mientras que en Colombia es de 47 horas, en Chile de 45, en Brasil de 44 y en Ecuador y Venezuela de 40. También se insertan un mapa de la Organización Internacional del Trabajo y una lista de jornadas semanales por países (con fuente “JO/MC-DD-BF”, que no pudimos identificar), pero en todos los casos ello se refiere solo a lo que establecen las respectivas leyes laborales, algo que, sabemos, está muy alejado de la práctica en países donde predomina una alta informalidad, como Paraguay.
El proyectista sostiene su justificación en que menores jornadas laborales incrementarán la productividad, lo que terminará beneficiando a las empresas, bajo la premisa de que la tecnología, el desarrollo científico y las energías modernas hacen más eficiente el trabajo humano. Lindas palabras, pero la ley no puede divorciarse de la realidad. La idea de que el ser humano paulatinamente irá trabajando menos horas durante más años de actividad es defendida por muchos especialistas, como el recientemente fallecido sociólogo italiano Doménico de Masi, incluso como un método para paliar las crisis de los sistemas previsionales provocada por el aumento de la expectativa de vida. Pero el propio De Masi se encarga una y otra vez de aclarar que él hace alusión a los países desarrollados, a las sociedades “posindustriales”, donde, para empezar, la mayor parte de la fuerza laboral se encuadra en el marco de la ley.
No es el caso del Paraguay. Si se llegase a aprobar este proyecto de ley, a los únicos que les alcanzaría sería a los funcionarios públicos, que, de hecho, no llegan a las 48 horas semanales, en detrimento de los servicios a la ciudadanía, y a una minoría de trabajadores asalariados formales, toda vez que sus empleadores no procedan a una disminución de personal por efecto de la nueva ley. Quedarían excluidas las dos terceras partes de la mano de obra que se desempeña en el mercado informal, y ni hablar de los 165.000 desocupados (personas que buscan activamente trabajo y no lo consiguen) y los 100.000 “subocupados visibles” (personas que trabajan menos de 30 horas semanales, quisieran trabajar más y no lo logran).
Si hay grandes compañías o empresas que, por sus características, pueden reducir sus jornadas, u otorgar más días libres, para impulsar la motivación y la productividad, pueden hacerlo sin necesidad de una ley. Pero un altísimo porcentaje de las unidades económicas en el país son pequeñas o muy pequeñas y, por lo general, para ellas una reducción de jornada con el mismo salario sería un sobrecosto difícil de absorber. Como inevitable consecuencia, contratarán menos o contratarán en negro.
El gran desafío en el campo laboral paraguayo es la formalización. Más del 35% de los asalariados no está aportando a la seguridad social y los asalariados son, a su vez, la minoría. Si se le suma el ejército de cuentapropistas, la magnitud del mercado negro laboral es abrumadora. Hay que empezar por ahí, con leyes y medidas que generen incentivos para revertir la situación, no para agravarla.