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Si bien la calificadora de riesgos Moody’s otorgó grado de inversión a Paraguay en julio del año pasado, la Standard & Poor’s mejoró su perspectiva sobre nuestro país de estable a positiva, y su colega Fitch Ratings mantuvo la calificación dentro del grado especulativo, al tiempo de realizar comentarios sobre ciertas condiciones que debe cumplir para alcanzar el grado de inversión y no volver a retroceder, una de las mayores debilidades de nuestro país es la seguridad jurídica.
A juzgar por el letargo de la justicia para la resolución de casos emblemáticos para la consolidación de la democracia y la avasallante sanción y promulgación de leyes que riñen con el respeto de libertades fundamentales, la falta de seguridad jurídica pone en peligro la confianza y estabilidad económica de Paraguay para las inversiones extranjeras.
Una de las peores crisis del 2024 que ha puesto en jaque a la institucionalidad y la seguridad jurídica ha sido sin dudas la expulsión del Congreso de la senadora Kattya González (ex-PEN), quien a través de la figura de la “pérdida de investidura” fue despojada de su banca en el Parlamento, la cual obtuvo con la legitimación de más de cien mil electores, siendo una de las candidatas más votadas en las últimas elecciones generales.
Pero nada de esto importa cuando la suerte está echada. Kattya González perdía su banca hace casi un año, y hasta este momento la Corte Suprema de Justicia no se expide sobre la acción de inconstitucionalidad planteada, dejando en completa incertidumbre la seguridad jurídica y consagrando la impunidad de las decisiones arbitrarias del Poder Legislativo.
Otro caso llamativo que demuestra cómo la vara de la justicia se aplica de manera distinta en Paraguay dependiendo de quién esté sentado en el banquillo de los acusados, ha sido el “premio de Navidad” otorgado a Óscar “Ñoño” Núñez, hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), quien luego de recibir una condena de 11 años de cárcel tras haberse comprobado el desfalco a la Gobernación de Presidente Hayes donde fungía de gobernador, y haber quedado demostrado que utilizó los fondos de merienda escolar de los niños para pagar hasta deudas de apuestas de caballo, fue beneficiado con el arresto domiciliario. Sin embargo, otros miles de presos que ni siquiera están condenados siguen privados de su libertad bajo la figura de la “prisión preventiva”, aumentando la superpoblación de presos sin condena a un 60% del total de la población penitenciaria.
No podemos dejar de mencionar la inacción de la justicia paraguaya para contribuir al esclarecimiento del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido hace casi tres años en Colombia. Mientras las autoridades colombianas han capturado a importantes líderes de la banda criminal, y pese a que uno de ellos había declarado que la orden de matar a Pecci provino de Paraguay, nuestras autoridades poco o nada han hecho para esclarecer el caso y dar con el o los autores morales del magnicidio. Todo lo contrario, el fiscal general, Emiliano Rolón, ha expresado claramente que “ni Mandrake” puede resolver el caso, diluyendo las esperanzas en una labor eficiente del Ministerio Público, institución a la cual pertenecía el fiscal asesinado.
Entonces, por un lado tenemos un Parlamento que con amplia mayoría cartista hace y deshace a su antojo, sancionando leyes contrarias a las libertades básicas de expresión y asociación como la conocida “ley garrote” o “ley antioenegés”, o como la ley que restringe la participación de paraguayos migrantes en las elecciones en nuestro país, sin siquiera abrir un espacio de diálogo con las comunidades afectadas para escuchar su parecer. Un Parlamento que con simple mayoría puede excluir a quien quiera, como lo demostró expulsando a Kattya González para dar un mensaje “ejemplificador” de “sometimiento o expulsión”.
Por otro lado, tenemos un Poder Judicial condescendiente con algunos y severo con otros, dando a los “amigos todo”, incluso el arresto domiciliario cuando el hecho de corrupción demostrado merece una ejemplar consecuencia. “A los enemigos garrote”, como a Kattya González quien a poco de cumplirse un año de su expulsión no puede contar con una decisión que logre clarificar el rumbo de nuestra justicia incierta. Y “a los indiferentes la ley”: con ellos se puede aparentar un Estado de derecho.
Y finalmente tenemos al Ministerio Público, que poco o nada ha hecho para esclarecer un crimen emblemático para la propia institución, nada más y nada menos que el asesinato de uno de sus fiscales en manos del crimen organizado al que dice combatir.
Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestro país avance en grado de inversión cuando ni el proceso de formación de leyes garantiza la seguridad de la participación ciudadana, cuando el Poder Judicial no garantiza la misma vara de juzgamiento a todos los ciudadanos, cuando el Ministerio Público no se esfuerza en esclarecer ni siquiera el crimen de un fiscal? ¿Qué pueden esperar los inversores extranjeros? ¿Qué clima de negocios puede existir en un país sin seguridad jurídica? Sin dudas esta gran debilidad será el mayor desafío para Paraguay en este año que se inicia.