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Mientras saltan nuevos escandalosos casos de nepotismo del entorno del poder, verdaderas cachetadas a la ciudadanía trabajadora, el presidente Santiago Peña tiene en la mesa para su promulgación una ley completamente desnaturalizada “de la carrera civil y de la función pública”, sancionada subrepticiamente y sin debate por el Senado en su última sesión antes del receso parlamentario, que deja las manos libres a políticos y a otros ordeñadores compulsivos de las ubres del Estado para continuar con el indignante festín a costa de la gente.
Esta ley debía ser la piedra angular de la reforma del Estado, el instrumento que viniera a corregir los crónicos abusos con las planillas del personal estatal, eliminar el nepotismo y los privilegios indebidos, asegurar la igualdad de oportunidades para los paraguayos con méritos y aptitudes, promover a los buenos funcionarios y protegerlos frente a los paracaidistas, los parásitos, los padrinos políticos, los traficantes de influencias y de lealtades, y mejorar los servicios estatales a la población, que es la que paga los sueldos con sus impuestos.
Una nueva ley que hiciera borrón y cuenta nueva era necesaria porque la vigente, la 1626/2000, que ya tiene 25 años, ha sido tan sistemáticamente perforada, con una complicidad del Poder Judicial que roza el prevaricato, por decir lo menos, que ha perdido toda efectividad para cumplir sus objetivos y garantizar un manejo correcto y honesto de los recursos del Estado. Pero el adefesio que se terminó aprobando hace peor el remedio que la enfermedad. Para esto, nos quedamos con lo que tenemos.
Hubo tres proyectos. El primero fue presentado por el expresidente Mario Abdo Benítez en octubre de 2022 y nunca se trató. Este Gobierno le introdujo modificaciones “para concretar una administración más ágil, previsible, transparente y de puertas abiertas al ciudadano”, según se leía en la argumentación. Se dijo que se respetarían los derechos adquiridos, pero que, a partir de la nueva norma, “la única vía de ingreso a la función pública” en todos los organismos de la administración central y de los entes descentralizados sería el concurso de oposición, salvo casos de desastres o calamidades declarados previamente por ley. Se establecían estrictas limitaciones para los cargos de confianza y de asesores, y se prohibía la contratación directa de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
El texto de este proyecto estuvo disponible durante casi un año en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas para su “socialización”, junto con información sobre sus alcances y puntos más relevantes. Sin embargo, sorpresivamente, sobre el final del año, el Gobierno lo volvió a cambiar por otro más laxo, supuestamente en consenso con sindicatos de funcionarios, el que, a su vez, sufrió cruciales cambios (para peor) en la Cámara de Diputados, que fueron aceptados sin cuestionamientos y en sesión exprés por la Cámara de Senadores.
El proyecto sancionado, entre otras aberraciones, excluye olímpicamente de la normativa al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que podrán hacer sus propios reglamentos, y deja abierta la lista de “cargos de conducción política”, lo que implica un peligroso retroceso, ya que actualmente la misma es cerrada y taxativa.
Como ejemplo del despropósito, el artículo 17, en su primer párrafo, prohíbe el nepotismo en cargos de confianza, pero ya en el párrafo siguiente establece que la prohibición “no regirá” cuando “la persona designada (…) cuente con experiencia notoria y un conocimiento técnico específico manifiesto en la materia”. ¿Y el concurso como “única vía de ingreso”? Bien, gracias. Una tomadura de pelo.
Se alega que el Gobierno tendrá potestad para anular abusivos contratos colectivos, pero para eso no se requiere otra ley, ya existen todas las herramientas necesarias si realmente quieren usarlas, ya que dichos contratos son nulos si no son refrendados por el Presupuesto General de la Nación. Tampoco es admisible el “argumento” de la división de poderes y de la autonomía presupuestaria, porque el único poder administrador del Estado es el Poder Ejecutivo, una función constitucionalmente indelegable, lo que incluye a las entidades binacionales.
Este es el proyecto que Santiago Peña tiene en la mesa, al tiempo que salen a luz más y más casos de “nepobabies” y no tan “babies”, como la consuegra del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, Sandra Ofelia Saldívar, con 39,7 millones de guaraníes mensuales más beneficios en Yacyretá, o el sobrino de Calé, Simón Galaverna, y el hermano del ministro del Ambiente, Eduardo de Barros Barreto, con 45 millones cada uno en la misma entidad, pese a su situación “catastrófica”, según su director financiero. Si el Presidente la promulga sin objeciones, estará ratificando su aval a estos escándalos que sacuden su gestión y demostrando a propios y extraños que no tiene la más mínima voluntad de sanear la administración pública.