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Standard & Poor’s elevó su perspectiva sobre el Paraguay de estable a positiva, pero, al igual que su colega Fitch Ratings, finalmente mantuvo la calificación de los títulos soberanos paraguayos en BB+, todavía dentro del grado especulativo, con observaciones sobre las condiciones que se tienen que cumplir para avanzar al grado de inversión o, de lo contrario, volver a retroceder. La señal es manifiesta. Los inversores internacionales ven con simpatía el proceso socioeconómico en nuestro país, confían en su potencial, valoran los esfuerzos, son optimistas sobre la capacidad de las autoridades de generar mejoras cualitativas, pero dejan claro que todavía no es suficiente para jugar en primera división.
La euforia que generó en el Gobierno y en agentes económicos la movida de Moody’s Investor Services en julio de 2024, con el otorgamiento de la calificación Baa3 a los bonos nacionales de largo plazo en moneda extranjera, el primer peldaño del grado de inversión en su escala, pronto se vio atenuada por la postura mucho más cauta de las otras dos grandes evaluadoras de riesgo de referencia internacional, por motivos que explicó recientemente un alto ejecutivo de Fitch, provocando incluso el enojo público del viceministro de Economía, y que ahora puntualiza Standard & Poor’s.
En su informe, comenzando por lo positivo, S&P menciona las buenas expectativas puestas en grandes proyectos forestales y energéticos, así como en el continuado crecimiento del producto interno bruto (PIB), que, si bien se está desacelerando, cerró en torno al 4% en 2024 (frente al 4,7% de 2023) y se proyecta en 3,8% para 2025.
“Podríamos elevar nuestras calificaciones soberanas al grado de inversión si el crecimiento económico y la diversificación fortalecen la resiliencia del Paraguay ante posibles shocks. Esto, sumado al compromiso y la mejora de los resultados fiscales, medidos por el aumento anual de la deuda neta del gobierno central como porcentaje del PIB, debería ayudar a estabilizar la carga de (dicha) deuda”, señala.
Sin embargo, en contrapartida, advierte que la perspectiva positiva se podría revertir en los próximos 12 a 24 meses si el crecimiento económico cede, limitando las mejoras en las finanzas públicas, y si no se controla el nivel de endeudamiento, al que consideró “estructuralmente alto”. Al respecto, Todd Martínez, director senior y codirector de las Américas en el grupo de soberanos de Fitch Ratings, igualmente observó en un foro realizado en diciembre que la deuda pública paraguaya se duplicó en los últimos cuatro años y que la cuenta de intereses se triplicó como proporción de los ingresos en ese lapso.
Resta saber si Moody’s va a ratificar su calificación a mediados de año, pero, al margen de ello, cada una con sus matices, las tres grandes evaluadoras coinciden en lo fundamental. Las tres ubican al Paraguay en un nivel medio, justo en el límite entre los países que pueden aspirar a un mayor flujo de capitales e inversiones directas de calidad y los que todavía representan una apuesta riesgosa, lo que limita en gran manera y eleva el costo de la atracción de tales capitales e inversiones, cruciales para expandir la generación de riquezas y de oportunidades.
Correctamente, el Gobierno parece haber tomado buena nota de ello. Tras el anuncio de S&P, el presidente Santiago Peña reconoció que “aún hay mucho por hacer y camino por recorrer” y dijo que estarán enfocados en mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal y en llevar adelante “reformas necesarias para acompañar el desarrollo”.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, por su parte, indicó que seguirán “trabajando arduamente” para cumplir el plan de convergencia del déficit para retornar al 1,5% del PIB en 2026 y que este año priorizarán el “ordenamiento de la deficitaria Caja Fiscal”.
Eso está muy bien, toda vez que pasen de una vez a los hechos. Es cierto que este año se redujo el déficit (aunque hay dudas sobre el porcentaje final, por las deudas impagas que reclaman contratistas de obras), pero no por un menor gasto, sino por un aumento del 20% en las recaudaciones, es decir, más dinero extraído a la ciudadanía, como derivación justamente del crecimiento económico. En cambio, el gasto salarial creció 7,2% en dólares y los intereses de la deuda nada menos que 27,1%. En cuanto a las reformas, no ha habido avances de ningún tipo, como tampoco lo ha habido en la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. Entonces, “hay mucho por hacer”, pero solo con palabras no van a convencer ni a las calificadoras, ni a los inversores, ni a nadie.