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La inflación en 2024 fue del 3,8%, ligeramente superior al 3,7% de 2023, dentro de la meta del Banco Central del Paraguay, lo cual ha sido destacado como un logro del Gobierno. Sin embargo, una vez más, la suba de precios ha sido mucho mayor en los bienes y servicios de primera necesidad, especialmente alimentos. Con ello se reconfirma que el peso principal del ajuste, del costo de la ineficiente burocracia estatal, del excesivo gasto público improductivo, con su altísimo componente de corrupción y de privilegios indebidos, sigue recayendo principalmente sobre los segmentos más pobres de la población.
El rubro “alimentación y bebidas no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor subió 5,2% en el año, 40% por encima del promedio general. Entre 2021 y 2024, los alimentos se encarecieron 38,5%, lo que es 60% más que todos los ítems combinados.
Esto ha significado un impacto tremendo en las economías de las familias de menores recursos por la sencilla razón de que estas gastan la mayor parte de sus ingresos en comida (y cuanto más pobres, más todavía), por lo que el efecto es directamente proporcional. Tales familias, en especial las más vulnerables, han sufrido una merma real en su ya de por sí exigua capacidad adquisitiva de casi el 40% en tan solo cuatro años.
Aunque en menor medida, también lo han sufrido de manera muy considerable las capas medias y medias bajas. En parte se compensó con sucesivos reajustes del salario mínimo, pero eso solo alcanza a una pequeña minoría de trabajadores formales en relación de dependencia y de funcionarios públicos, que en conjunto no llegan ni a un cuarto de la fuerza laboral paraguaya, caracterizada por una muy fuerte incidencia de trabajo independiente e informal. La gran mayoría tuvo que absorber la suba de precios existente, más las inducidas por el propio ajuste salarial.
Los sectores más pudientes tienen muchas maneras de protegerse frente a la inflación, y a menudo incluso le sacan provecho. Al no gastar todos sus ingresos, solo les afecta parcialmente, mientras que sus ahorros los pueden convertir a monedas fuertes, invertirlos en instrumentos financieros o en bienes que acrecienten su patrimonio. Pero los que no tienen esa posibilidad son víctimas de un deterioro constante de sus finanzas. Para tener una idea, cada 8,3% de inflación anual equivale a la pérdida de un mes entero de ingresos de un trabajador medio. Vale decir que, aun con una inflación relativamente moderada del 3,8%, la mayoría perdió casi la mitad de un aguinaldo en 2024. Para los más pobres, que gastan proporcionalmente más en alimentos, la pérdida fue mayor.
La gran pregunta es: ¿por qué hay inflación? Hay quienes sostienen que la suba de precios es mera especulación, otros la intentan explicar por factores externos, como la apreciación del dólar o la disparada de los combustibles en 2022 por la guerra en Ucrania. Una porción marginal de economistas, sobre todo los que propugnan el aumento del gasto y del déficit, todavía defiende esas posturas, pero las ciencias económicas mayormente aceptadas ya han demostrado fehacientemente, con el sustento de la evidencia empírica, que la inflación como fenómeno siempre tiene un origen monetario. Puede haber un producto o un grupo de productos que puntualmente suban por razones coyunturales, pero cuando sube todo el promedio (inflación), ello se debe a un exceso de dinero en la economía.
El dinero es solo un medio de cambio, no es sinónimo de riqueza. Si en una economía hay más dinero que los bienes y servicios que representa, automáticamente ese dinero pierde valor frente a esos bienes y servicios, eso es la inflación. Como referencia, en Paraguay los billetes y monedas en circulación (M0) pegaron un salto súbito del 30% en 2020, el primero de la pandemia, y ya no volvieron atrás, lo que desembocó en una inflación de dos dígitos en 2023. Pese a medidas restrictivas del Banco Central, entre 2021 y 2024, el M0 volvió a crecer otro 17%, muy por arriba del crecimiento económico, que fue del 9,3% en el mismo período. Por eso hay inflación.
Demás está decir que el causante principal es el sector público o, más específicamente, el gasto estatal improductivo o sobrefacturado, cuya ejecución no obtiene una tasa de retorno suficiente para compensar la emisión monetaria. En otras palabras, los pobres hoy son más pobres para financiar a los planilleros, a los “nepobabies”, a los operadores políticos, para sostener el robo y el derroche de recursos públicos. Así de simple.