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Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o les aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno.
Sin embargo, la ley establece que quien delinque contra el patrimonio de todos carga con una responsabilidad tanto penal como civil, lo que implica que no solo debe sufrir la pena carcelaria prevista en la ley, sino también reparar el daño causado a la comunidad. Así, la ciudadanía no debe conformarse con que los corruptos en el ejercicio de un cargo público terminen entre rejas, las pocas veces en que los agentes fiscales y los jueces tienen el valor de no someterse ante el poder político. También es necesario que los bienes mal habidos sean recuperados para atender servicios diversos que beneficien a sus legítimos dueños, entre los que figuran los relativos a la sanidad y a la educación pública.
Como resulta intolerable que al recuperar su libertad pasen a gozar de las ingresos generados por sus fechorías de guante blanco, existe un órgano de origen constitucional llamado Procuraduría General de la República (PGR), dependiente del Poder Ejecutivo, y dirigido desde 2023 por Marco Aurelio González, cuya función básica es representar y defender, judicial o extrajudicialmente, los intereses patrimoniales del Estado. Para ello, su ley orgánica le permite accionar ante los tribunales civiles a fin de que los perjuicios causados al patrimonio estatal sean resarcidos.
El plazo máximo para demandar la reparación del daño se extingue a los dos años de ejecutoriada la condena, así que la PGR debe apresurarse para, entre otras cosas, coordinar con el Ministerio Público, la Dirección Nacional de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y la Abogacía del Tesoro la detección, el rastreo, la identificación y la localización de bienes o derechos de los condenados, a fin de precautelar el ejercicio de las acciones civiles.
En verdad, no abundan las actuaciones de la PGR tendientes a obtener de los penados el resarcimiento de los perjuicios causados al erario. Por ejemplo, están en curso ante un Tribunal de Sentencia las promovidas contra el exministro de la Niñez y Adolescencia José María Orué y tres exfuncionarios para que reparen con intereses el daño valuado en unos 6.400 millones de guaraníes, que causaron con la campaña “Un vaso de leche”, lanzada en 2012, así como con las vinculadas con los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy, condenados en 2022 a diez y a siete años de prisión, respectivamente, por haber desviado en 2012 más de 68.000 millones de guaraníes que debían destinarse a una supuesta federación de productores frutihortícolas.
En 2014, el entonces jefe de la PGR, Roberto Moreno, dijo que no existía “una sola demanda contra un funcionario para recuperar un bien mal habido o algo robado”. Si la situación mejoró en algo, está muy lejos de satisfacer la necesidad pública de que los frutos del latrocinio sistemático sean recuperados con prontitud. Ahora mismo surgen los casos de los exgobernadores departamentales Hugo Javier González y Óscar Núñez, (de los departamentos Central y Presidente Hayes) por 5.105.600.000 y 42.500 millones de guaraníes, respectivamente, cuyas condenas aún no están firmes. El resarcimiento oportuno requiere también que la Justicia no sea tan morosa como acostumbra.
Recuperar el dinero público sustraído a manos llenas, debido a la codicia de unos administradores que confían en la indolencia de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y de la judicatura, es indispensable, no solo para atender mejor el interés general, sino también para sanear el Estado y disuadir a futuros ladrones. La tentación de saquear las arcas públicas se atenuará bastante cuando aumente la probabilidad de que quienes incurran en él conozcan el rigor del Código Penal y deban desprenderse del patrimonio usurpado. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.