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A casi tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, de manos del crimen organizado, la identidad del autor moral parece cada vez más difícil de obtener. La justicia colombiana ha procesado y condenado a los autores materiales y sus cómplices, entre ellos, Francisco Correa Galeano, señalado de ser el cerebro del crimen y también un testigo clave, ya que al cooperar con la Fiscalía colombiana logró obtener una reducción de pena e identificar a otros miembros del grupo criminal.
De acuerdo con la investigación, Correa Galeano fue el encargado de transportar y entregar a los autores materiales el arma de fuego utilizada en el crimen del fiscal Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en el sector de Barú, en Cartagena (Colombia). Correa fue condenado a seis años luego de obtener una reducción de pena por colaborar con la investigación, sin embargo, el confeso asesino de Pecci fue hallado muerto el pasado 3 de enero en la cárcel de La Picota (Colombia), una prisión en el sur de la capital colombiana con un alto índice de hacinamiento y una conocida inseguridad, luego de ser trasladado allí desde una dependencia de alta seguridad de la Fiscalía.
Mientras tanto, la Fiscalía paraguaya sigue manteniendo una intolerable inacción y un llamativo desinterés en el avance de la investigación local a los efectos de responder la pregunta que una y otra vez realiza la familia del fiscal Pecci, sus colegas fiscales y toda la sociedad paraguaya: ¿Quién dio la orden?
Luego del crimen de Correa, a lo que muchos analistas consideran como una “quema de archivo”, la familia del fiscal expresó su dolor por la pérdida de cualquier vida humana, condenando la violencia y remarcando su frustración y temor a la impunidad que rodea el caso. Denunció además la falta de avances significativos por parte del Ministerio Público de Paraguay en la investigación, independientemente de los cambios en su liderazgo y remarcó diciendo que “el temor de que deliberadamente se esté dejando pasar el tiempo es cada vez más grande”.
Además, los familiares exigieron que las autoridades paraguayas abandonen el “secretismo inconstitucional”, ya que no pueden hasta ahora acceder a la carpeta fiscal, y solicitaron que el Ministerio Público cumpla con su deber de esclarecer el crimen, individualizando y castigando a los culpables. También señalaron que las respuestas recibidas han sido absurdas y ofensivas, indicando que “la indiferencia de las instituciones equivale a COMPLICIDAD” (las mayúsculas son nuestras). Instaron además a las instituciones del sistema de Justicia a tomar una postura contundente en este caso y reiteraron su compromiso de seguir exigiendo justicia, no solo por Marcelo Pecci, sino también por el futuro de Paraguay. “Si el Paraguay no castiga a los culpables, ¿qué futuro podemos esperar para nuestro país?”, concluyó el mensaje.
Sin embargo, y pese a ser un tema de connotada trascendencia nacional e internacional no solo el asesinato de Francisco Correa Galeano, autor confeso del magnicidio de Pecci, sino la cada vez más lejana posibilidad de llegar al autor moral, tanto el presidente de la República, Santiago Peña, quien utiliza sus redes sociales hasta para celebrar una victoria de nuestra selección de fútbol, como el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien utilizó las redes institucionales para hacer saber que era su cumpleaños, no se han expresado hasta el momento, guardando un llamativo silencio.
Recordemos que en sus declaraciones, Correa Galeano había asegurado que la orden de matar a Pecci provino de Paraguay y que un político paraguayo habría mantenido una reunión con los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenados a 25 años de cárcel. Señaló también en su momento que los hermanos Pérez Hoyos lo contrataron para coordinar el asesinato del fiscal paraguayo.
Sin embargo, hasta el momento el fiscal general no ha emitido un solo comentario al respecto, y según los familiares del fiscal Pecci, ha negado una y otra vez el acceso a las actuaciones fiscales, más bien se ha limitado a restar importancia al caso diciendo a la ciudadanía: “Ni Mandrake puede solucionar el tema Pecci” dando de esta forma pocas chances de que se llegue con éxito hasta el fondo en investigación del asesinato del fiscal en Colombia.
Mientras la propia institución a la cual pertenecía el fiscal Pecci, asesinado a manos del crimen organizado, siga minimizando las investigaciones y sin esclarecer el caso que permita descubrir a los autores morales, no podemos exigir a nuestros fiscales que combatan al crimen organizado, a la mafia internacional y a poderosos intereses económicos del crimen transnacional sin la garantía de que van a ser protegidos, cuanto menos, por la institución a la cual representan. El caso Pecci no es “un caso más”, representa la respuesta del Estado ante el ataque del crimen organizado y la justicia paraguaya no debe descansar hasta saber QUIÉN DIO LA ORDEN.