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Es sabido que en nuestro país existe la propensión de que fiscales y jueces tiendan a someterse dócilmente al poder político, por lo que son raras las ocasiones en que los ladrones de fondos públicos conocen en carne propia el rigor de la ley penal. Tan es así que cuando el Ministerio Público y la judicatura no hacen más que cumplir con su deber, ya merecen el aplauso de la ciudadanía habituada a la impunidad lisa y llana de quienes administran el dinero de los contribuyentes solo para enriquecerse a costa suya, incluso apropiándose de recursos destinados a atenuar los efectos económicos de una trágica pandemia. Por eso, es elogiable que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez, haya condenado –por unanimidad– a diez años de cárcel al exgobernador del departamento Central Hugo Javier González –a quien el actual jefe de Estado, Santiago Peña, calificó alguna vez de un “hermano” suyo de “gran sensibilidad y calidad humana”– por los hechos punibles de lesión de confianza grave y uso de facturas falsas o “clonadas” para realizar obras ya existentes.
Según los antecedentes, el daño patrimonial causado, entre noviembre de 2020 y julio de 2021, fue de 5.105.600.000 guaraníes, gracias a la complicidad del director de Gabinete Miguel Ángel Robles, a quien también se le impuso una década de cárcel. Es destacable que las juzgadoras hayan sido más severas que los fiscales, que pidieron ocho años de prisión para el exanimador de fiestas, cuyo arresto domiciliario fue revocado para ser recluido en una penitenciaría, como el común de los delincuentes.
Vale la pena mencionar que, al dictarse el fallo que alienta la esperanza de que sea imitado en todas las causas abiertas por hechos de corrupción, la presidente del tribunal, Karina Cáceres, enfatizó que “así no se debe jugar con la plata del pueblo paraguayo”, esto es, malversarla falsificando o “clonando” comprobantes, como en este caso, o mediante licitaciones amañadas y tráfico de influencias, entre otras fechorías habituales en los emprendimientos públicos. Ahora se espera que, en su momento, la Procuraduría General de la República intente hacer efectiva la responsabilidad civil de los penados, para que reparen el daño infligido al patrimonio público.
Repugna que un virus haya servido –directa o indirectamente– para el enriquecimiento ilícito de más de un sinvergüenza, sin que se haya impuesto el condigno castigo, más aún, sin que ni siquiera se haya abierto una investigación penal pese a los fuertes indicios que la exigían. Tal fue el caso de César Ramírez, exfutbolista, exgobernador de Canindeyú y actual ministro de Deportes. En este caso, el Ministerio Público, antes encabezado por Sandra Quiñónez y hoy por Emiliano Rolón, no ha creído necesario indagar cómo fueron empleados los 12.764 millones de guaraníes transferidos a la Gobernación, entre fines de 2020 y mediados de 2021, para reactivar la economía afectada por la pandemia. No importó que el dinero haya ido a parar, el mismo día en que lo solicitaron, a dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que tenían como miembro a un funcionario de la Gobernación, exempleado de la madre de Ramírez, y a otra del mismo carácter, constituida por un exfuncionario que años atrás había sido involucrado en un robo bancario. El hoy ministro solo dijo que “todas las obras están”, desmeritó las denuncias como meros asuntos administrativos y prometió pedir un examen a la Contraloría General de la República (CGR), cuyos resultados se ignoran, si es que fue realizado. Es presumible que fuertes influencias extraoficiales hicieron que el descaro, por decir lo menos, no haya alarmado a los órganos que deben velar por el buen uso del dinero público y sancionar su desvío.
El fallo referido tiene como alentador precedente al que afectó en diciembre de 2023 al exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez, hermano del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez: el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, compuesto por Cándida Fleitas, Elsa García y Claudia Criscioni, lo condenó a once años de cárcel, por corruptelas que causaron un perjuicio patrimonial de 42.500 millones de guaraníes; hoy cumple arresto domiciliario, tras haber ofrecido una fianza valorada en unos 54.000 millones de guaraníes, mientras el Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes analiza el caso, siendo de esperar que el mismo no sea influido por el clan que impera en la zona.
Varios delitos en el ejercicio de la función publica serán dirimidos en un juicio oral y público, por decisión de la máxima autoridad judicial: afectan a Joaquín Roa, quien dirigió la Secretaría de Emergencia Nacional entre 2013 y 2022. Según la acusación fiscal recibió de su amigo Alberto Koube un yate valorado en 450.000 dólares, presuntamente a cambio de contrataciones amañadas por un valor total de 16.080 millones de guaraníes.
Son numerosos los casos de altos funcionarios, intendentes y gobernadores que han quedado impunes por obra y gracia de fiscales o jueces codiciosos o cobardes, que toleran a los bandidos de levita dedicados a “jugar con la plata del pueblo paraguayo”, utilizando palabras de la jueza Cáceres. Quizás el más escandaloso de los últimos años haya sido la absolución dispuesta en diciembre de 2023 por un Tribunal de Sentencia integrado por Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez, en favor del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón (declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos) y de su cónyuge, María Selva Morínigo, acusados de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero, respectivamente. Hay mucho que hacer, en fin, para lograr la igualdad ante la Justicia, de modo de impedir que también los peces más o menos gordos de la función pública escapen de sus redes.