Cargando...
El 27 de febrero del año pasado, la exsenadora Kattya González promovió ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara Alta que el 14 de febrero la privó de su investidura por un supuesto uso indebido de influencias, violando el reglamento interno y el derecho a la defensa de la afectada. En la ocasión, el abogado Roberto Marcial González, representante de la afectada, manifestó su “plena confianza” en dicha Sala, integrada por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos, porque “el caso es fácil” y la máxima instancia judicial “ha demostrado un valor de independencia”. Y bien, está visto que su confianza resultó exagerada, pues la morosidad de las actuaciones obligó a su representada a urgir el 5 de diciembre –por quinta vez– que se dicte sentencia en la acción a la que se le dio trámite el 24 de abril, al tiempo de rechazarse el pedido de reponer en el cargo a la actora como medida cautelar. Dado que el ministro Ríos adujo insólitamente que suspender la resolución implicaría anticipar la decisión de fondo, debe entenderse que a su criterio dicha medida no debería dictarse en ningún asunto judicial, aunque esté legislada.
Tras expedirse el órgano parlamentario que dictó la arbitraria resolución, la Fiscalía General del Estado dictaminó el 14 de junio que ella debía ser revocada, cumpliendo así con su deber de ajustarse al Derecho. La ya excesiva demora se prolongó aún más cuando los miembros de la Sala Constitucional pidieron el 21 de agosto que el caso sea resuelto por los nueve ministros que encabezan el Poder Judicial. En efecto, dos de ellos –César Garay y Eugenio Jiménez Rolón– se inhibieron de entender en el caso alegando amistad con Juan Carlos Mendonca, otro abogado de Kattya González, así que deberán ser reemplazados por camaristas de los fueros civil y comercial, aún desconocidos. Ante tanta demora, que ya induce a dudar si se está frente al deseo de analizar muy a fondo la causa o si de por medio existe una cobardía de no complicarse tomando alguna decisión que desate el malhumor de alguien poderoso, surge la pregunta: ¿tanto cuesta encontrar a los sustitutos que hasta hoy no se ha podido integrar el pleno? Ya pasaron diez meses sin que se haya resuelto una acción de inconstitucionalidad de suma importancia para la institucionalidad republicana. Si a ello se agrega la “feria judicial” de enero, podría pasar más de un año antes de que se subsane en parte una atroz injusticia, admitiendo la pretensión de la damnificada, desenlace este que se torna muy incierto dada la influencia del poderoso factor “cartesiano”.
De hecho, aquí el correcto análisis de la cuestión de fondo y la observancia de los plazos procesales dependen en gran medida de la integridad necesaria para resistir la presión o el halago de quien se ha sentido agraviado por una legisladora que se negó a doblegarse, pese a haber sido invitada a ello por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) en nombre de su jefe partidario, según denunció la exsenadora. Hay fuertes indicios de que esa integridad no se destaca en el tratamiento de este grave asunto, de modo que no debería sorprender que se convalide una decisión aberrante que afecta no solo a cierta persona, sino también al funcionamiento regular de un órgano constitucional. Si se sentara el precedente, la mayoría de un órgano colegiado podrá librarse de un miembro molesto de la minoría, inventando alguna excusa y modificando ad hoc un reglamento interno, tal como se hizo con Kattya González, causando, como diría el ministro Ríos, un “gravamen irreparable al sistema democrático que debe ser tutelado siempre por la Corte Suprema de Justicia”.
La Constitución dice que los congresistas “no estarán sujetos a mandatos imperativos”, incluyendo, como es obvio, los que provengan del presidente de un partido oficialista al que le irriten las críticas de alguno de ellos. Si es inadmisible que uno de los poderes del Estado quebrante la independencia de otro, también lo es que un poder fáctico interfiera en la composición de un cuerpo legislativo, con la complicidad de la más alta autoridad judicial. Puede suponerse que el hecho de que la causa vaya a ser resuelta por la totalidad de sus miembros responde a su trascendencia y no solo a la intención de dilatar el procedimiento; en efecto, lo que se decida será de gran relevancia para el Estado de derecho, de modo que conviene que la ciudadanía siga de cerca cuanto ocurra en torno a esta acción de inconstitucionalidad en la que, cabe insistir, está en juego algo más que el retorno de Kattya González a su banca bien ganada. Sería indignante que el autoritarismo vuelva a imponerse, esta vez en sede judicial, para dar satisfacción a una sed de poder que parece insaciable.
Es de desear que los nueve magistrados que deben entender en esta cuestión trascendental tengan el valor de poner las cosas en su lugar para impedir lo que parece ser una mano larga que se metió en el Senado para satisfacer un mísero rencor.