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Es de lamentar que las últimas declaraciones de Óscar Stark, presidente y único miembro del Directorio (!) de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), una sociedad anónima que tiene como solitario socio al Estado, no den motivos para el optimismo con relación a este verdadero lastre para el erario que, por lo demás, no presta ningún servicio relevante a la población. Según dijo, los ingresos de la empresa estatal solo alcanzan para abonar tributos, retribuir a unos 2.500 empleados y solventar su seguridad social, de lo que se infiere que es incapaz de pagar sus deudas de 110 millones de dólares que crecen a un ritmo de 10.000 millones de guaraníes mensuales, de cubrir los gastos de mantenimiento de sus equipos y de costear la modernización de la infraestructura. “Copaco está atada con alambre”, dijo su jefe que, pese a todo, afirma que está “lejos de hallarse en quiebra”, pues tendría una amplia red de fibra óptica, centenares de sitios de antenas y cerca de quinientos inmuebles, algunos de los cuales ya estarían siendo vendidos o alquilados.
En otros términos, aún se puede seguir tirando del carro hasta que se agoten esos activos o el Ministerio de Economía y Finanzas deje de seguir tapando sus agujeros a costa de la salud o de la educación públicas. Sin entrar en detalles, Óscar Stark habló de la necesidad de “reestructurar” la de hecho arruinada empresa. Vale preguntar, ¿intentará para ello la singular hazaña de que la telefonía fija resulte más atractiva que la móvil, o que su satélite Hola Paraguay (Vox) sea alguna vez una filial competitiva en un mercado en el que tres operadoras ya están bien arraigadas? El presidente de la Copaco fue algo más preciso con respecto al superpoblado plantel: sostuvo que es necesario reducirlo a la mitad, dando como elocuente ejemplo de la irracionalidad reinante que algunas de sus oficinas recaudan solo tres millones de guaraníes por mes, suma equivalente al sueldo mensual de un empleado.
Más aún, la empresa sigue abonando los salarios de cuarenta comisionados a otras entidades públicas, algunos desde hace diez años. Stark explicó al respecto que la recientemente promulgada ley del Presupuesto nacional habilita el traspaso de empleados de Copaco a otras instituciones del Estado, lo que permitiría reducir la carga salarial que actualmente consume los recursos de la empresa. Es decir, se solucionaría en parte un problema de la entidad trasladando la carga sobre los contribuyentes en general, que de hecho ya la están pagando. ¡Vaya solución!
De hecho, es muy probable que quienes sobraban en la empresa de comunicaciones también vuelvan a estar de más allí donde vayan a parar sin demostrar sus méritos y aptitudes, pero conservando su antigüedad, su régimen jubilatorio y sus “derechos adquiridos” en 2016 mediante un contrato colectivo de trabajo, circunstancia esta que puede generar una desigualdad con los funcionarios de la casa.
Quizá resulte menos gravoso para los contribuyentes en general el programa de retiro voluntario que se está elaborando para desprenderse de 700 empleados en los primeros tres meses de este año. Todo dependerá seguramente de las concesiones que el presidente de la Copaco esté dispuesto a hacer para aligerar la pesada carga. Estas maniobras desesperadas implican algo más que el resultado de largos años de negligencias: son la penosa consecuencia del hecho de que el Estado paraguayo es un pésimo empresario, incapaz de sobrevivir en un mercado libre. Sin duda, se sintió muy cómodo con el monopolio de la telefonía fija, pero no pudo adaptarse al rápido desarrollo de las telecomunicaciones ni a la competencia con otras operadoras que, como es obvio, no incurrían en licitaciones amañadas y solo contrataban a las personas idóneas que eran indispensables para brindar un buen servicio.
Si un Estado corrupto y prebendario mal puede gestionar como se debe la salud y la educación públicas, tampoco está en condiciones de lidiar en un terreno donde poco importan la filiación partidaria o el patrocinio de un mandamás. Hace un año y aludiendo a la Copaco, el presidente Santiago Peña dijo que no había ningún plan de inversión, porque “invertir en una empresa que está prácticamente en quiebra es muy complicado”. Aunque Óscar Stark no esté de acuerdo con él, es razonable sostener que, siendo así, bien cabe insistir en la necesidad de liquidar o privatizar cuanto antes ese elefante blanco, continuador de la nefasta Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco), que en 2001 cambió de nombre y se convirtió en una sociedad anónima como paso previo a su transferencia al sector privado, que nunca ocurrió. Los contribuyentes no tienen por qué seguir soportando tan nefasta situación, al precio adicional de desviar recursos que deben orientarse al bien común.