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Empezamos un nuevo año con esperanzas renovadas y muchos deseos de construir un Paraguay de oportunidades, de igualdad real, de salud y educación de excelencia, de justicia social, de vida digna y de menor corrupción estatal. Para ello debemos tener fresca la memoria de todo lo que pasamos durante el 2024. Un año caracterizado por la desvergüenza parlamentaria que día tras día traspasaba nuevos límites de asombro y decepción.
Recordemos los escándalos por contratos y nombramientos inmerecidos de personas que no cumplían más que con “el requisito” de ser amigos, parientes o parejas sentimentales de senadores y diputados. Capacidad y conocimiento no importaron a la hora de decidir quiénes ocuparían los cargos, ya que estos personajes conocidos como “nepobabies” accedieron a jugosos salarios sin concurso previo, sin títulos universitarios, sin siquiera reunir el requisito esencial de idoneidad para el cargo. Entre ellos se encuentran la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana (Montserrat Alliana), quien con apenas 25 años ostenta un salario de G. 18 millones como “asesora” de la Cámara de Diputados.
Además de este caso, muchos otros salieron a la luz pública para repudio e indignación ciudadana, como ejemplos citamos a Ronald Solinger Gamarra, hijo del diputado Germán Solinger (ANR-HC) con el “modesto” salario de G. 35 millones en la EBY; Silvana Jazmín Frutos Adorno, hija del diputado José “Mino” Adorno (ANR-HC), quien pese a no contar siquiera con título universitario fue contratada como “asesora” de su propio padre, con un salario de G. 4.500.000. Pero no contento con colocar a su hija como su asesora, el diputado Adorno también mandó contratar a su hijastra, Liliana Raquel Busto Fretes, con un salario de G. 10 millones, en el cargo de “asesora de gabinete”.
No olvidemos el caso de Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres (PLRA-cartista), quien a inicios de 2024 fue salpicado por denuncias de planillerismo en la Municipalidad de Presidente Franco, donde su padre, Roque Godoy, es el intendente. Tras las investigaciones periodísticas que evidenciaron estos casos de nepotismo y corrupción, el Ministerio Público abrió una carpeta fiscal por cobro indebido de honorarios, en la que se logró la imputación tanto de Roya Torres como de su hijo, quien con sus “tiernos” 18 años percibía un salario de G. 9.500.000 sin ir a trabajar, según lo corroboró la propia Fiscalía.
El diputado Cleto Giménez no se quedó atrás, ya que logró ubicar en su despacho a sus dos hijas, Johana Denisse y Danna Maricela, quienes ganaban G. 3.300.000 y G. 7.700.000, respectivamente. Antes de ello, también se había difundido la contratación de Alejandro Ovelar, hijo del senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, apodado “Trato Apu’a”. El joven percibía G. 3.300.000 y tras los escraches se vio obligado a renunciar.
Por supuesto, sumado a estos escándalos también fuimos testigos de llamativos contratos a yernos y nueras de parlamentarios. El caso de Weldon Walter Black Zaldívar, esposo de Monserrat Alliana y yerno del vicepresidente Pedro Alliana, quien, según fuentes internas del IPS, figura como contratado con un pago por producto de G. 100 millones anuales. Sin embargo, pese a los indicios de nepotismo, en estos casos el Ministerio Público optó por desestimar la denuncia.
Sumado a estos vergonzosos contratos y nombramientos sin concurso y con abultados salarios a jóvenes bachilleres por el simple hecho de ser hijos de “nuestros representantes” electos, también fuimos testigos del despilfarro estatal del dinero público, en viajes donde veíamos a 15 legisladores realizar lujosos tours por Estados Unidos, donde fueron como supuestos “observadores” de las elecciones presidenciales “sin ser invitados por el Gobierno norteamericano”. Como si fuera poco, Estados Unidos es un país que cuenta con un sistema electoral completamente diferente al nuestro, por lo que fue un viaje meramente de placer.
No olvidemos los debates parlamentarios, en especial aquellos en los cuales debían tratar temas de interés para la ciudadanía, como la ley más importante del país, el Presupuesto General de la Nación 2025, donde muchas veces primaban sus intereses personales o del partido antes que los del país. Ejemplo, el tratamiento del autoaumento de la dieta parlamentaria a cambio de aprobar todos los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo para su sanción. Así, puede pensarse que las negociaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo se realizaron siempre bajo un esquema de extorsión mutua.
Tampoco olvidemos aquellos debates en los que se trataron los rubros que debían asignarse a salud y educación, o el destino del importe del seguro médico vip que los legisladores querían autoasignarse. Estos debates no pudieron ser tratados a profundidad, ya que las sesiones terminaban siendo suspendidas y levantadas por el presidente tras peleas entre los legisladores, siendo el pueblo paraguayo el único perjudicado al verse privado del debate parlamentario en temas de trascendental interés. Solo eran aprobados cuando previamente se había acordado cómo repartirse los beneficios.
A la hora de aprobar leyes “garrote” contra la sociedad civil, o al momento de votar por el aumento de la dieta parlamentaria o los cupos de combustible, no existían peleas, no existían levantamiento de sesión ni suspensiones, porque, cabe pensar, previamente se había acordado con la alta cúpula gubernamental la repartija de beneficios.
El 2024 nos demostró que el Congreso Nacional es capaz de volver a decepcionarnos siempre una vez más, que la capacidad de asombro es imposible perder, pero –sobre todo– nos ha enseñado que la paciencia tiene un límite, que el pueblo está cansado, y es de esperar que este año que comienza redoble las fuerzas para luchar contra la corrupción, la injusticia y la impunidad de su desvergonzado actuar.