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El seductor eslogan “Vamos a estar mejor”, que el entonces candidato presidencial Santiago Peña lanzó de cara a los comicios de 2023, contenía la seductora promesa de que el bienestar general iba a aumentar si la mayoría de sus conciudadanos confiaba en ella. No pasó mucho tiempo tras haber asumido el cargo ganado en las urnas para que se constate que el bienestar de numerosos cartistas aumentó bastante con la conquista de altos cargos estatales o con el ascenso a otros mejor remunerados, sin que hasta hoy se observe que el del común de la gente haya corrido ni de lejos igual suerte.
Los datos macroeconómicos sobre la tasa de inflación y el producto interno bruto fueron aceptables; a ellos se suma que, por primera vez, una de las agencias de calificación del mundo otorgó al Paraguay el “grado de inversión”, lo que significa que es confiable para invertir porque, entre otras cosas, la probabilidad del impago de su deuda pública es reducida. Empero, los datos referidos no bastan para asegurar el desarrollo socioeconómico sostenido, pues también es preciso que las instituciones funcionen bien, tal como lo han destacado Daron Acemoglu y James A. Robinson, ganadores con Simon Johnson del Premio Nobel de Economía 2024, en su libro “Por qué fracasan los países”. Allí se lee que la causa no radica en su ubicación geográfica ni en su cultura, sino en que las instituciones “extractivas” concentran y perpetúan el poder y la riqueza en una “élite” que las controla y descuida invertir en los servicios públicos básicos.
Si la Organización de las Naciones Unidas estima que la corrupción, propia de las instituciones “extractivas”, se queda con el 5% del producto interno bruto mundial, no es temerario suponer que dicho porcentaje es muy superior en nuestro país azotado por el saqueo rutinario desde la función pública dirigencial, del que también se benefician en menor grado las clientelas políticas y los parientes montados, por ejemplo, en el Presupuesto del Poder Legislativo, donde el año pasado consumieron casi 240.000 millones de guaraníes por ocupar un total de 2.331 cargos. El aumento de seis millones de guaraníes mensuales que se otorgaron sus jefes para este año es otra muestra de que el Congreso obra, en efecto, como una institución “extractiva”, que está al servicio de sí misma, en primer lugar. El Estado es un botín del que hay que aprovecharse a como dé lugar, tanto para gozar de la vida como para seguir en el poder con igual objetivo, reservando para la campaña electoral venidera una parte de los ingresos aportados por los contribuyentes o los sobornadores.
Si por élite se entiende “una minoría selecta o rectora”, en el Paraguay lo de “selecta”, en el sentido de distinguida, resulta difícilmente aplicable, atendiendo no solo la calidad moral e intelectual del común de los miembros del Poder Legislativo. Tampoco el Ejecutivo deslumbra por la sapiencia y la integridad de los ministros, entre otros; más bien, asusta por su ineptitud y por su obsecuencia ante el poder detrás del trono, la misma que exhibió la mayoría del Senado al cometer la iniquidad de expulsar a una miembro desafecta al gran jefe y aún no repuesta en su banca debido a una sospechosa dilación de la Corte Suprema de Justicia. Por cierto, si en materia de ausencia de corrupción nuestro país ocupó el año anterior el 28° lugar entre 32 países latinoamericanos y caribeños, en cuanto a la vigencia del Estado de derecho, o sea, al imperio de la ley, llegó al puesto 24°, según el Word Justice Project.
También ambos datos son relevantes en cuanto a la posibilidad de atraer inversiones que creen fuentes de trabajo y reduzcan la informalidad; para ello, es imprescindible no solo que la vida, la libertad y los bienes de las personas sean protegidos por las fuerzas del orden, sino también que las instituciones otorguen seguridad jurídica. Las reglas del juego, a ser aplicadas a todos por igual, deben tener estabilidad y no depender del humor cambiante de los legisladores y del jefe de Estado, habituados ambos a dar marchas y contramarchas ridículas, como la acaecida en torno a la cooperación con la estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA).
Como se ve, hay numerosas asignaturas pendientes a las que debería prestarse atención, y no querer transmitir la idea de que todo anda maravillosamente, que este Gobierno consiguió las mayores conquistas para el Paraguay en su historia, cuando que a diario la gente experimenta las mismas carencias de hace décadas y se perpetran abusos institucionales. Si no cambian las cosas, no se va a conseguir que la famosa promesa presidencial de “Vamos a estar mejor” llegue a todos los paraguayos y no solo a quienes integran la clase gobernante.