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En la noche del miércoles de Navidad, Eduardo González Pérez, hermano de la concejala de Lambaré Carolina González y cuñado del diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), quien también es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue aprehendido por la Policía luego de ser denunciado por sus vecinos por realizar disparos al aire, y tras encontrar en su domicilio 3 vainillas servidas de un arma calibre 9 mm. Este delito está previsto y penado en el artículo 203 del Código Penal como “producción de riesgos comunes”, en concordancia con la Ley de Armas 4036/10.
Sin embargo, esta detención duró poco tiempo, ya que al ser trasladado por la Policía para la realización de la prueba de alcotest conforme al procedimiento de rigor, el fiscal de turno, José Luis Casaccia, fue contactado por el personal policial pero, para sorpresa de los mismos, dispuso la inmediata libertad del cuñado del diputado cartista y, por supuesto, ordenó que no se le realice ninguna prueba que eventualmente pudiera comprometer a González, como la de nitritos y nitratos, tampoco dispuso la realización del test de alcoholemia, es decir, anuló la posibilidad de producir cualquier tipo de elemento probatorio de la realización del delito denunciado, obstruyendo el fiscal su propia investigación, e incurriendo claramente en mal desempeño de funciones, ya que su única misión es la de investigar y no la de contribuir a la impunidad.
Como consecuencia lógica del llamativo y complaciente comportamiento del fiscal, los medios de prensa tomaron contacto con él, ya que casualmente el Ministerio Público había advertido dos días atrás a través de todas sus redes sociales que los disparos al aire tienen una pena privativa de libertad de hasta cinco años. En entrevista con radio Monumental, el fiscal José Luis Casaccia mostraba serias dificultades al hablar, aparentando encontrarse en estado etílico; asimismo, profirió amenazas y ofensas a su entrevistador, Santiago González, a quien terminó incluso amenazando con investigarlo, mostrándose altamente ofuscado por haber sido “molestado” para la entrevista.
Este hecho denota varias cuestiones muy graves para la democracia, el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la posibilidad de captación de inversiones extranjeras, la igualdad ante la ley, la función del Ministerio Público, el rol de la Justicia y por supuesto la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Vayamos por parte.
La producción de riesgos comunes a través del disparo de armas de fuego es un hecho punible con pena de hasta cinco años de cárcel. Esta nefasta práctica común en tiempos de euforia y borrachera ha costado la vida de mucha gente inocente. Leonardo perdió a su hijo de 10 años en una Nochebuena hace 23 años, Paz Valentina con tan solo 3 años perdió la vida en la madrugada de la Navidad del 2012, Marilina de 27 años fue herida con una bala perdida al salir a su balcón a despedir a su esposo en Campo 9, también un niño de 13 años oriundo de la Chacarita recibió el impacto de una bala perdida mientras se dirigía a la despensa de su barrio; estos últimos lograron salvar sus vidas. Sin embargo, el tipo penal no exige el resultado de muerte o lesión, basta con la tentativa, es decir, basta con el hecho de realizar disparos al aire para que la conducta pueda ser sancionada. Por lo tanto, el actuar del fiscal Casaccia, dejando alevosamente sin pruebas su investigación, además de ser un mal desempeño en la función que constitucionalmente tienen los agentes fiscales de representar a la sociedad, constituye una afrenta a las víctimas, familiares de víctimas, denunciantes que recurrieron a la justicia en la confianza de que iban a ser protegidos, policías que esperaban una instrucción del director de la investigación acorde a la ley y la sociedad que necesita confiar en su representante ante el sistema de justicia.
Por otro lado, y exactamente igual a lo ocurrido con el hermano del senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), quien fue beneficiado con arresto domiciliario tras ser condenado a 11 años por comprobarse que utilizaba fondos de la Gobernación para pagar apuestas de carreras de caballo, el caso del cuñado del también cartista Orlando Arévalo nos demuestra que en Paraguay se aplica aquella tristemente recordada frase del dictador Alfredo Stroessner: “PARA LOS AMIGOS TODO, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley”. Es decir, los privilegios del poder para los amigos no solo se evidencian en el Congreso con contratos inmerecidos a parientes, novias, amantes, yernos y amigos, sino también se manifiestan en una Justicia completamente sometida al poder de turno, condenando a los indiferentes, persiguiendo a los enemigos y beneficiando a los amigos.
Y por último, la amenaza a los trabajadores de la prensa por hacer su trabajo por parte de funcionarios públicos sentados temporalmente en alguna silla de poder, quienes probablemente toman como ejemplo al presidente Santiago Peña, que no pierde oportunidad de amenazar a reporteros cuando alguna pregunta le incomoda, solo demuestra que olvidan el papel trascendental de la prensa para la democracia. El periodista es la vía de acceso para la transmisión de la información entre esos “servidores públicos” y su mandante, el pueblo paraguayo. Es decir, al amenazar, insultar o negarse a conversar con la prensa, en realidad le están dando la espalda a la ciudadanía con quien deberían estar comprometidos.
Hemos caído en el abismo más oscuro de la desvergüenza, la corrupción y la inmoralidad del poder de turno, el cual privilegia a los suyos y persigue a quienes no lo son. Y mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial sigan subyugados al capricho de cada llamada telefónica, la justicia paraguaya seguirá siendo un " tiro al aire”, con todos los riesgos que ello implica para la democracia.