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Fue sorpresa hace unos días que el exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez, hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), consiguiera ser beneficiado con arresto domiciliario tras compurgar el mínimo de su condena de 11 años y ofrecer una fianza de más de 50.000 millones de guaraníes. El exgobernador fue condenado hace exactamente un año tras ser hallado culpable de desfalco a la Gobernación de Presidente Hayes.
En el juicio se comprobó el funcionamiento de un esquema de desvío millonario de dinero del Gobierno departamental que causó un perjuicio al Estado paraguayo de 42.500 millones de guaraníes. Ñoño Núñez incurrió en el tipo penal de administración en provecho propio, utilizando recursos de la Gobernación. Según lo que concluyó en su momento el Tribunal de Sentencias, el condenado utilizó dinero público para pagar deudas de campaña, carreras de caballos, deudas privadas, entre otras cosas.
El caso tardó más de ocho años en llegar a juicio debido a las constantes chicanas que luego continuaron durante el juicio, que se retrasó nuevamente 11 meses. El fiscal de la causa, Luis Said, fue incluso objeto de denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y persecuciones que casi lograron su destitución a mediados de este año, por haberse “atrevido” a investigar y enjuiciar al hermano del hoy influyente Bachi Núñez.
Pese a toda esta lucha contra un esquema de corrupción y tantos años de investigación que llevaron a una condena ejemplificadora en la tan debilitada justicia paraguaya, recientemente el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Cándida Fleitas, Elsa García y Ana Rodríguez, otorgó al condenado un desvergonzado privilegio que permitirá a Ñoño Núñez pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la tranquilidad de su hogar luego de cumplir el mínimo de los 11 años de condena por lesión de confianza, administración en provecho propio y otros delitos, y causar, según lo probado en juicio oral, un multimillonario perjuicio económico a la Gobernación de Presidente Hayes.
El fiscal del caso había explicado en su momento que los cheques emitidos a la orden de la Gobernación eran utilizados por el exgobernador Núñez y los demás condenados, para el pago de cuentas o préstamos particulares, apuestas de caballos o carga de combustible para actividades electorales partidarias. Estos fondos de la Gobernación de Presidente Hayes, específicamente fondos de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) debían ser destinados a la construcción de escuelas y la provisión de alimentos a las comunidades aisladas del Chaco.
Es decir, si existe algo peor que apropiarse de fondos públicos para provecho privado, es apropiarse de fondos que debían destinarse a fortalecer la educación y las condiciones de comunidades altamente vulnerables en sectores empobrecidos de Paraguay, para realizar ¡APUESTAS EN CARRERAS DE CABALLOS! Este acto de corrupción no solo constituye un hecho inmoral y desvergonzado, sino que relega el futuro de niños y niñas del Chaco Paraguayo, anteponiendo el vicio de las apuestas y las necesidades personales como el pago de combustible o préstamos particulares.
Si bien la condena del exgobernador aún no se encuentra firme, pues la misma fue apelada, es importante recordar que desde el inicio de la investigación hasta el dictamiento de la sentencia transcurrieron casi 9 años debido a las interminables chicanas procesales planteadas por los acusados, como las recusaciones a todos los jueces de Presidente Hayes así como a varios fiscales y la suspensión de audiencia preliminar en más de 30 ocasiones. Esto hace suponer que llegar a una sentencia firme llevaría más del tiempo de la condena impuesta, por lo tanto es posible que Ñoño Núñez no vuelva a prisión por el hecho condenado.
Sin embargo, bien sabemos que esta justicia “complaciente y extremadamente garantista” no opera de manera similar con todos los condenados o incluso procesados sin condena sino solo con poderosos actores políticos. Existen casos en los cuales una persona procesada pasa mayor tiempo con prisión preventiva que la pena finalmente impuesta como condena. Lastimosamente, el nefasto precedente que deja el arresto domiciliario con el cual se beneficia a un condenado por haber utilizado para el pago de apuestas de caballos los fondos asignados a la construcción de escuelas y meriendas escolares, solo deja como mensaje que la corrupción en Paraguay sigue ganando “por una cabeza”.