Cargando...
Como era previsible, resultó un fiasco la subasta convocada a los apurones por la comuna asuncena, muy apremiada de fondos probablemente para tapar agujeros financieros, malbaratando seis hectáreas de su dominio privado: solo se registraron tres postores que no pujaron, de modo que debe realizarse un segundo intento dentro de quince días, que ya está corriendo, de acuerdo al pliego de bases y condiciones (PBC) presentado a la Junta Municipal dos meses antes. El Plan Regulador de la Franja Costera, diseñado por el arquitecto Javier Corvalán, fue aprobado recién una semana antes de la subasta. Al nervioso jefe de Gabinete municipal, Nelson Mora, no se le ocurrió nada mejor que culpar del fracaso a la prensa “malintencionada” que supuestamente tiró “demasiado barro” a un proceso aún no concluido y que se llevó a cabo con “suma transparencia”, aunque aún se ignoren el valor fiscal de los dos inmuebles y el destino específico de los fondos a ser recaudados. Negó que vayan a destinarse al pago de salarios, pero el asesor jurídico de la Municipalidad, Benito Torres, fue incapaz de asegurarlo: “Dependerá de lo que el Presupuesto general de gastos diga”, según expresó.
El segundo de a bordo de la administración comunal negó que la entidad esté en quiebra, olvidando, por ejemplo, que debe más de 13.700 millones de guaraníes a la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal y que, ya en julio de este año, el director de Administración y Finanzas, Edwin López, imputado en el caso de los “detergentes de oro”, habló de un “descalce financiero de graves e imprevisibles consecuencias”, entre las que figurarían, según la experiencia, el presunto desvío de los 500.000 millones de guaraníes y la apresurada convocatoria a la fallida subasta. Pese a unas extensas observaciones críticas del Consejo de Desarrollo de Asunción sobre la actualización del Plan Maestro de la Franja Costera, que se resumen en que no se realizaron inversiones para valorizar los dos predios a ser rematados, Nelson Mora dijo que ellos son aptos para el desarrollo inmobiliario. Si lo fueran, resultaría inexplicable el evidente desinterés de los potenciales postores que, según él, “escucharon campanas que no debían haber sido escuchadas”. Más bien, escucharon al sentido común y, con su abstención, dieron una bofetada a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), el irascible intendente que empero conservó la calma: se limitó a decir que fue “un capítulo más dentro de la historia de la Municipalidad”; en realidad, fue uno de los episodios más bochornosos que jalonan su gestión.
El jefe de Gabinete afirmó que el fracaso fue inesperado y que “documentalmente” no existía ningún problema, aunque los asistentes señalaron que faltaban varios certificados y trámites, lo que no debería sorprender en una operación realizada a toda marcha, en contubernio con una amplia mayoría de los ediles. Según Nelson Mora, iba a ser “una fiesta para iniciar ya el proceso de regeneración de la Costanera”, pero terminó en agua de borrajas y no precisamente por culpa de la prensa, sino de una administración municipal chapucera, que no sabe de dónde sacar dinero para salir del pozo en el que está hundida por la presunta corrupción, el derroche y la ineptitud. Tampoco sabe qué hacer ahora.
El susodicho sostuvo que “la Municipalidad tiene amplias potestades para evaluar cuál es el próximo camino: puede ser una nueva subasta, puede ser una venta directa, puede ser una licitación”, lo que hace temer que esté dispuesta a malvender con mayor ahínco aún, aunque esas potestades no sean absolutas. En efecto, el PBC, que podría ser modificado, dispone que en las cuestiones no previstas en él se aplicará el Código Procesal Civil, que para la segunda subasta faculta a reducir en un 25% el precio base que, en este caso, es de solo 22 millones de dólares en total; si no hubiera postores, se venderá sin base. Pese a lo que dispone el PBC, el jefe de Gabinete dijo que el citado Código no será aplicado necesariamente, lo que plantea la cuestión de la normativa a emplearse en su reemplazo. Por su lado, la Ley Orgánica Municipal permite a las municipalidades enajenar los bienes de su dominio privado mediante la subasta pública o “excepcionalmente en forma directa, previo avalúo pericial”, que no debe ser menor al valor fiscal, ignorado en este caso. También se ignoran cuáles son, según la ley, las excepciones que permitirían la venta directa.
Es evidente que la amenaza que pende sobre el valioso predio no ha desaparecido. Puede esperarse cualquier cosa ante la desesperación que ha de existir por la evidente falta de fondos para cubrir los profundos agujeros abiertos por las actuales autoridades municipales y que deben taparse perentoriamente. Habrá que mirar con cautela lo que resuelva la Municipalidad en bancarrota para salir del paso. Como el tiempo apremia a todas luces, es previsible que Nenecho y sus amigos intenten desprenderse con mayor fuerza aún de una importante porción del patrimonio comunal. Hicieron el ridículo, pero es previsible que volverán a tratar de salirse con la suya a como dé lugar, por lo que es de desear que los asuncenos se movilicen en defensa del patrimonio colectivo amenazado por una tremenda desesperación financiera.