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Torpemente, desde el Ministerio de Economía y Finanzas salieron a intentar desmentir, y hasta desacreditar, a un alto ejecutivo técnico de Fitch Ratings, una de las tres grandes calificadoras internacionales de riesgos, que explicó en un conversatorio por qué esa consultora no le ha seguido los pasos a Moody’s Investors Service en el ascenso de la calificación de los títulos soberanos del país al primer escalón del grado de inversión y, al igual que Standard & Poor’s, los ha mantenido dentro del grado especulativo.
Todd Martínez, director senior y codirector de las Américas en el grupo de soberanos de Fitch Ratings, dio a los paraguayos un crudo baño de realidad durante el conversatorio virtual “Paraguay y grado de inversión: perspectivas económicas y lucha contra la corrupción”, organizado por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Como reacción oficial, el viceministro de Economía, Carlos Javier Charotti, dijo que solicitarán “explicaciones” a la consultora y trató de restarle autoridad al ejecutivo al señalar que “nosotros conocemos bastante bien el perfil de cada uno de los que viene al Paraguay y él (por Martínez) no es uno de ellos”.
Charotti habría hecho bien en quedarse callado, porque, al margen de que no es el Gobierno paraguayo el que debe juzgar quién opina y quién no en una calificadora privada que responde ante clientes e inversores, está claro que Todd Martínez, si no es “uno de los que viene al Paraguay”, es jerárquicamente superior a ellos, no solo por el alto cargo que ocupa precisamente como supervisor en la calificación de riesgos soberanos en América Latina, sino por el conocimiento que demostró sobre el escenario de Paraguay y de otros países de la región.
Uno de los aspectos que señaló fue la corrupción y la debilidad institucional, en línea con el informe últimamente conocido del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es algo que difícilmente se puede negar en Paraguay, por más que hayan intentado minimizar el impacto negativo de medidas antidemocráticas impulsadas desde el entorno del poder, y de los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrado. Martínez subrayó que este es un elemento muy tenido en cuenta por los inversores, especialmente en el ámbito de la Justicia, pero que también es un promotor de la informalidad, de la evasión fiscal y un factor disuasivo del crecimiento en general.
La corrupción y la debilidad institucional, aunque cruciales, no son los únicos puntos que enumeró Martínez como elementos que conspiran contra la calificación del país, la atracción de inversiones y el prospecto económico nacional. Mencionó, por ejemplo, el deterioro de las finanzas públicas desde que Fitch elevara la calificación a BB+ en 2018, con una duplicación del endeudamiento público y una triplicación de la cuenta de intereses como proporción de los ingresos en ese corto lapso. También se refirió a la baja tasa de crecimiento relativo en comparación con países de la región en rango de inversión y a la ausencia de reformas largamente prometidas.
Entre estas últimas destacó la de la Caja Fiscal, que administra las jubilaciones del sector público, que actualmente ya registra un déficit del 40%, proyectado al 100% para 2026, dentro de apenas dos años. Coincidentemente, se acaba de publicar un informe que indica que en la última década el saldo rojo de la Caja Fiscal se llevó 1.100 millones de dólares del dinero de los contribuyentes, un monto equivalente a todo un presupuesto anual del Ministerio de Salud Pública. Este “agujero” crece en proyección geométrica, pero el Gobierno retrasa la reforma porque no quiere enfrentarse a la clientela política en la administración pública.
Con estos valores y este panorama, dijo Todd Martínez, no se puede aspirar al grado de inversión, por lo menos de parte de Fitch, ni a un significativo aumento del flujo de inversiones extranjeras de calidad. De hecho, señaló que Paraguay, a pesar de la publicitada imagen de “estrella regional”, en la práctica no ha sido una estrella en la atracción de inversión extranjera directa, con una de las tasas más bajas en ese rubro entre sus pares de la categoría BB+. “Es probable que por estos temas de institucionalidad Paraguay no esté logrando su potencial máximo”, indicó.
En vez de autocomplacerse y buscar tapar el sol con un dedo, el Gobierno tiene que dar pasos más concretos y decididos para atacar los grandes cuellos de botella que truncan el desarrollo nacional, no solamente para mostrar resultados y generar confianza entre las calificadoras y los inversores extranjeros, sino, en primer lugar, ante la propia población paraguaya.