Cargando...
Recientemente tuvo lugar en el Senado el tratamiento de un proyecto de ley presentado por el diputado José Rodríguez (ANR, cartista), que supuestamente pretendía establecer la inscripción obligatoria en el Registro Cívico Permanente de paraguayos residentes en el extranjero para que tengan acceso al sufragio. Sin embargo, la intención del cartismo habría sido poner trabas a los migrantes al momento de su inscripción para desalentar su participación como electores evitando que estos compatriotas puedan votar libremente.
Este proyecto obtuvo media sanción en la Cámara Baja de manera inmediata y abrumadora, sin consulta previa a la comunidad afectada, es decir, sin convocar a una audiencia pública a representantes de los compatriotas migrantes residentes en Argentina, Estados Unidos, España, Francia, etc. Posteriormente pasó a la Cámara de Senadores donde, luego de manifestaciones por parte de los migrantes, su tratamiento fue postergado por una semana, hasta que finalmente el cartismo decidió dar la estocada final con su tratamiento y aprobación también a tambor batiente con el voto de 26 senadores que, durante este período parlamentario, no han hecho otra cosa más que desoír la voz del pueblo.
La ley en cuestión, recientemente sancionada, al igual que la “Ley Garrote” o antioenegés, se presentaba con un atractivo nombre, buscando confundir a la ciudadanía sobre el verdadero propósito. Establecía la “Inscripción en el Registro Cívico Permanente de paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”. Sin embargo, desde el 2022 Paraguay cuenta con la Ley 6951 que “Establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”. Es decir, claramente la intención no era salvaguardar este derecho político fundamental en democracia, puesto que ya contábamos con una ley que reglamentaba este derecho constitucional, sino que, de la lectura del proyecto presentado por el diputado cartista, se desprende la clara intención de restringirlo, estableciendo trabas burocráticas en la inscripción, de cumplimiento oneroso y muchas veces imposible, violando con esto todas las disposiciones de rango constitucional y de protección internacional.
Pero como ya nos tienen acostumbrados estos 26 aniquiladores de la democracia, ninguna de las exposiciones que realizaron los parlamentarios de la oposición tuvo resonancia, y mucho menos el clamor de los migrantes que a todas voces pedían tan solo tener un espacio de debate público. La ley fue sancionada, y con ella, se asegura la escasa participación electoral de más de un millón de compatriotas de la diáspora, que bien podrían tener una importante incidencia en la elección de las autoridades del país.
Pero lo más llamativo de esta barbarie fue la respuesta del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), a la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) en el momento de su cuestionamiento al mencionado proyecto de ley. La misma refirió que “la conducta de los 26 senadores era de payasos porque se dejan guiar por un hombre de medio metro, y es el que les ordena cómo votar”, pudiendo entenderse que se refería a Horacio Cartes. Ante estas expresiones que no escapan al público conocimiento, el senador Núñez interrumpió diciendo: “Respeto, no es que podamos decir todo lo que queremos también… ahí están cuatro senadores expulsados por decir lo que piensan”. Es decir que, para él, ni los senadores pueden decir lo que piensan.
Esta afirmación pinta de cuerpo entero al “presidente del Poder Legislativo del Paraguay”, quien está en línea de sucesión de la presidencia de la República y no hace más que defender un discurso dictatorial, que representa un avasallamiento del poder por sobre las libertades fundamentales de expresión, de crítica y de protesta. Refleja el autoritarismo instalado en el Congreso que no admite que otro pueda tener razón y hace oídos sordos al intercambio de ideas, no admite representatividad, ya que cualquier parlamentario que ose representar a un sector vulnerable o una minoría, terminará, como bien lo dijo Bachi Núñez, expulsado del Congreso por decir lo que piensa.
El Congreso Nacional, por su esencia, es el espacio que aglutina a aquellas personas puestas por el pueblo para ejercer su representación, es decir, es el pueblo representado. Por lo tanto, expulsar a representantes del pueblo por decir lo que piensan, si lo que piensan va en contra de las órdenes impuestas por un “hombre de medio metro”, según lo expresado por la senadora Yolanda Paredes, es simplemente expulsar la voluntad del pueblo del recinto parlamentario para la toma de decisiones, y eso no es otra cosa más que una dictadura parlamentaria.