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No puede llamarse “reculada” al escándalo que involucra en estos momentos al Paraguay y a los Estados Unidos, a nuestras políticas contra el narcotráfico versus la agencia antidrogas DEA estadounidense. Según el diccionario de la Real Academia Española, recular es retroceder, ceder, transigir, claudicar, desistir. El escándalo que conoció de un nuevo capítulo el día de ayer no es una “reculada” nomás, es una crisis de gobernabilidad dentro del Poder Ejecutivo, y, por sobre todas las cosas, un desafío a la institucionalidad y un mensaje de debilidad a los cárteles de la droga en momentos en que Paraguay aparece ante el mundo como uno de los países de mayor volumen y tránsito de estupefacientes.
El Paraguay donde se apunta a que la industria de las drogas ha permeado todos los poderes e instituciones de seguridad no puede darse el lujo de despreciar ninguna cooperación. Es el país donde se investiga al hijo del difunto diputado colorado cartista Lalo Gomes por supuesto narcotráfico; es la justicia que lleva a juicio oral al senador colorado cartista Erico Galeano por prestar su avioneta a la estructura narco de Sebastián Marset; es la nación que tiene preso al exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio por sospechas de narcotráfico; y es el Estado que tiene a su exministro de Emergencia Nacional, el colorado Joaquín Roa, sospechado como herramienta de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Un país con estas señales no puede presentarse ante el mundo jactándose de que prescinde de herramientas en la lucha contra el narcotráfico. No solo es temerario y delirante, es absolutamente contradictorio con los discursos internacionales que pronuncia Santiago Peña en sus viajes para convencer a inversionistas que se vuelquen al Paraguay. ¿Quién en su sano juicio vendría a un país que enciende luces de alerta de que capitula ante el crimen organizado? En este mundo globalizado y mediatizado, a nadie se le escapa que Paraguay ha saltado a titulares principales internacionales por ser país de tránsito de enormes cargamentos que han llegado a varias partes del planeta.
El primer capítulo de este bochorno internacional vivimos el viernes 6 de diciembre pasado cuando el jefe antidrogas del Paraguay, Jalil Rachid, comunicó unilateralmente a la DEA que cesaba la cooperación, supuestamente con anuencia del mismísimo Presidente de la República. Rachid negó rotundamente haber tomado la famosa decisión ese mismo día, inclusive ante un reportero de nuestro diario. Pero cuando 24 horas después se confirmó la información, y se ratificaba que no todos los miembros del Consejo de Defensa Nacional (Codena) estaban al tanto de la decisión tomada, inmediatamente se generaron consecuencias profundas en términos de credibilidad, relaciones exteriores y hasta cooperación a nivel global con otras agencias, como la Policía Federal de Brasil, que también opinó sobre el tema a través de un delegado. Como era previsible, fracasó el intento de recular elegantemente con una conferencia de prensa donde el Presidente de la República envió a su ministro del interior, Enrique Riera, a tratar de bachear la profunda fisura institucional y diplomática que abrió el terremoto.
Si alguien en el gabinete de Santiago Peña pensó que la DEA es solo una oficina del patio del fondo de los EE.UU., a la que se podía manejar con una conferencia de prensa diciéndole que todo volvería a estar bien después de que un funcionario los despidiera y les diera las gracias por los servicios prestados, grande se equivocó.
Una furibunda nota enviada por la agencia antidrogas el martes a la Senad, confirmó que más que la DEA, es el propio Gobierno estadounidense el que ha reaccionado. Por nota, como por nota fue el aviso del cese de la cooperación con la Senad, comunicaron su intención de cesar toda la cooperación con la República del Paraguay. Y como signo elocuente del enojo, no dudaron en hacer constar que harían un inventario, tomarían sus cosas y se irían del país.
Ante la rotunda respuesta estadounidense, Santiago Peña no vaciló en volver a ordenar a su titular antidrogas enviar una carta reculando; sí, reculando las decisiones de la nota inicial enviada el 6 de diciembre pasado. Y a renglón seguido, volvió a enviar a un tercero, al mismísimo titular del Codena, el ministro Cíbar Benítez, a tratar de explicar lo inexplicable y justificar lo inconcebible. El bochornoso escándalo a estas alturas sigue con el Presidente escondido tras varios voceros que van dando la cara sobre una decisión que, aparentemente, él no solo sabía sino que además probablemente se vio obligado a apoyar.
Nadie sabe como terminará esta historia. La única certeza es que Paraguay ha dado señales que pueden ser interpretadas como un retroceso en la lucha contra el narcotráfico, una falta de compromiso en el combate a las drogas y hasta un signo de permeabilidad, de complacencia y debilidad ante los amos de los cárteles que tienen a políticos en sus filas. Si alguien cree que lo ocurrido es solo una simpática anécdota de Cantinflas, Chómpiras y Piñón Fijo, al decir del diputado colorado abdista Mauricio Espínola, está profundamente equivocado.
Lo que está ocurriendo nos devuelve alarmantes señales de falta de voluntad o capacidad del Gobierno de Santiago Peña para combatir los negocios que nos están convirtiendo en un narcoestado en toda la dimensión de la palabra: un país donde el narcotráfico ejerce un control tan fuerte que dificulta o impide el funcionamiento normal de las instituciones. La historia no ha terminado todavía...