Cargando...
Debido a la aguda crisis financiera de la comuna asuncena, causada por la corrupción, el derroche y el prebendarismo rampantes, el intendente de los “detergentes de oro”, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), y sus 18 serviciales ediles malvenderán hoy a los apurones seis hectáreas del dominio privado municipal, ubicadas en la Costanera Norte, pese a una acción judicial promovida ante el Tribunal de Cuentas. La subasta, cuyo precio base es de 22 millones de dólares, se realizará una semana después de que la Junta Municipal haya aprobado un Plan Regulador, concebido por un solo arquitecto. Tanta premura hace sospechar que esté direccionada, dado el escaso tiempo que habrán tenido los interesados para concebir sus respectivas propuestas.
Más aún, como dicho documento solo se ocupa del uso del suelo y no se hicieron las inversiones necesarias para valorizar los dos predios, el Consejo de Desarrollo de Asunción, que reúne a 35 asociaciones, insistió en que la venta generaría un ingreso muy inferior al que se podría haber logrado mediante el desarrollo urbano, causándose así un grave perjuicio al patrimonio municipal. Vale recordar que el Código Penal castiga a quien se obligó a proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y cause o no evite un daño patrimonial. Es notorio que al jefe comunal y a los suyos les apremia cubrir a como dé lugar los agujeros abiertos por su calamitosa gestión, en vez de intentar ser algo más honestos y eficientes. Recurrirán a unos fondos cuyo destino específico se ignora, pues el pliego de bases y condiciones, presentado hace dos meses, solo dice, en términos generales, que servirán para abonar deudas y realizar inversiones.
Los concejales se enterarían de su destino concreto recién entre enero y febrero, pese a lo cual prestaron su acuerdo para esta operación desesperada; por de pronto, el asesor jurídico de la Municipalidad, Benito Torres, es incapaz de informar si el dinero terminará o no en la cuenta única, como los 500.000 millones de guaraníes con paradero aún desconocido, pese a la investigación del Ministerio Público. La experiencia enseña que es probable que ello ocurra para financiar el pago de salarios y aguinaldos del abundante personal, incluyendo a los que fueron comisionados a otras entidades, como la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. Se plantea la pregunta de a qué se echará mano cuando persista la insolvencia crónica, porque los vicios del latrocinio y del clientelismo no fueron tan siquiera atenuados.
En este contexto, merecen una especial mención los ediles “liberales” Augusto Wagner, Ramón Ortiz, Humberto Blasco, Fiorella Forestieri y Félix Ayala, aunque más no sea para ilustrar que en la Municipalidad capitalina, como en el Congreso, la corrupción está más allá de los colores. Allí sigue rigiendo el principio sustentado en 2015 por el entonces concejal Yamil Esgaib (ANR), hoy diputado cartista. “Si nos preocupamos por quién se va a quedar con el vuelto (soborno), no vamos a hacer nada”, dijo en un debate sobre la compra de una impresora offset, tras una licitación amañada. Vale recordarlo porque, a decir verdad, las corruptelas en el Palacete Municipal asunceno son de larga data, algo que también pone en tela de juicio la sensatez de los electores: una y otra vez, se equivocan en las urnas, como si no importara el penoso estado de los servicios y de las infraestructuras. En verdad, los asuncenos tienen bastante responsabilidad en lo que está pasando, pues el despojo se está consumando en sus narices sin que nadie salga a expresar públicamente su repudio a tal determinación.
La evidente bancarrota municipal exige que, en aplicación de la Ley N° 317/94, la Contraloría General de la República dictamine y recomiende al Poder Ejecutivo la intervención, según lo establecido en la Carta Magna, “en razón de grave irregularidad en la ejecución del Presupuesto o en la administración de los bienes” (las negritas son nuestras). Por lo demás, cabe recordar que esta última normativa dispone que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo” (las negritas son nuestras).
Cabe reiterar que ese patrimonio colectivo será gravemente afectado por la malhadada subasta en cuestión, a la que se ha recurrido como un salvavidas financiero que, por lo demás, no resistirá mucho tiempo, atendiendo la calaña de la administración municipal. A este paso, ni el Palacete Municipal está seguro, pues la clientela aumenta y se dispersa en otras instituciones, al tiempo que las deudas crecen y se desconoce el destino de los fondos disponibles, por lo que no debe descontarse una próxima subasta de la propia sede municipal.