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Tristemente, la “corrupción desenfrenada” que sufre el Paraguay es un hecho muy difícil de negar, no porque lo diga Estados Unidos, sino por lo que experimentan a diario y perciben los propios paraguayos, tal como, por ejemplo, ha insistido la Iglesia católica en estas celebraciones de Caacupé, o como queda reflejado en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que se realiza sobre la base de encuestas entre expertos y personas de negocios en el país. Durante la administración anterior, por lo menos, hubo algunos esperanzadores casos emblemáticos que hicieron pensar en un paulatino cambio de tendencia. Desde que asumió Santiago Peña, lo que se observa es todo lo contrario.
El Departamento de Estado divulgó un análisis dirigido a ciudadanos e inversionistas estadounidenses titulado “Informes sobre el clima de inversión 2024: Paraguay”, en el que señala que, a pesar del crecimiento económico en los últimos años, la corrupción “desenfrenada” y la impunidad siguen siendo los mayores obstáculos para el desarrollo y para la confianza en el Estado de derecho, a la vez de reportar que varias empresas americanas, a las que no identifica, han tenido inconvenientes para trabajar con las oficinas gubernamentales a la hora de resolver disputas sobre inversiones.
Uno de los que salió a intentar desacreditar el documento por parte del Gobierno fue el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien señaló que “va de contramano a la realidad paraguaya”. Pero, en vez de aportar elementos para sostener su afirmación, retrucó criticando a Estados Unidos y apoyándose en el último Indicador del Clima Económico de la Fundación Getulio Vargas y en el otorgamiento del grado de inversión por parte de la calificadora Moody’s Investors Service.
Débiles argumentos, sin embargo. El ICE de la Getulio Vargas (que es una ONG, similar a las que tanto demoniza el oficialismo) se publicó en marzo de este año, cuando este Gobierno llevaba apenas cinco meses en funciones, y el análisis se concentra exclusivamente en el comportamiento económico hasta el primer trimestre de 2023.
En cuanto a Moody’s, elevó la calificación de la deuda soberana paraguaya en julio considerando mayormente lo realizado por el gobierno anterior. Eso por un lado, por el otro, si bien concedió un ascenso al primer escalón del grado de inversión con Baa3, eso todavía está muy lejos de significar un estado mínimamente ideal. De hecho, la misma consultora pone acento en los problemas de corrupción y de debilidad institucional. Asimismo, Giménez nada dice de la posición de las otras dos grandes calificadoras, Standard & Poor’s Global Ratings y Fitch Ratings, que han decidido mantener por ahora a los títulos paraguayos en el grado especulativo.
Durante la gestión de Mario Abdo Benítez se vieron algunos avances. Por ejemplo, se tumbó al omnipotente clan Zacarías en Alto Paraná o se procesó a los poderosos González Daher, algo que se creía impensable poco tiempo antes. Varios legisladores perdieron su investidura por descarado tráfico de influencias, como el propio Óscar González Daher (+), de quien Santiago Peña dijo que nunca se cansaría de defender, o el impresentable Dionisio Amarilla. Hoy, solo por citar un ejemplo, Amarilla es de nuevo senador, cercano aliado del Gobierno, y a la que echaron fue a Kattya González, con causales probadamente falsas.
Desde que asumió Peña, antes que combate a la corrupción, lo que se ha visto ha sido todo un “operativo vendetta” contra los que se atrevieron a pisar algunos callos en la gestión anterior, empezando por el intento de imputación al expresidente Abdo Benítez por supuesta filtración de investigaciones de lavado de dinero al grupo Cartes, con grabaciones difundidas del abogado dándole instrucciones al fiscal de la causa, y pasando por la creación de una Comisión Bicameral de Investigación “antilavado”, o “Comisión Garrote”, presidida nada menos que por ¡Dionisio Amarilla!, para tratar por todos los medios de involucrar a adversarios en operaciones ilícitas, a la par de hacer olímpicamente la vista gorda ante indicios muchísimo más graves y evidentes relacionados con el entorno del poder y afines.
Entretanto, no paran de saltar uno tras otro los escándalos, desde la tentativa, a duras penas frustrada, de repartija de valiosos predios del Estado en Remansito hasta la aparición de cientos, quizás miles, de fallecidos en las listas de nuevos beneficiarios de pensiones de adultos mayores, pasando por los multimillonarios contratos directos con empresas de portafolio en Petropar, la incumplida promesa de rendir cuentas de los pagos a proveedores y contratistas, la masiva contratación de “nepobabies”, de los cuales, pese a la indignación ciudadana, solo renunció uno y el resto sigue tan campante. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, a la hija del vicepresidente Pedro Alliana se le sumó su flamante yerno, a quien se lo contrató como asesor jurídico externo del IPS, que ya cuenta con 344 abogados en su nómina. Y se podría seguir interminablemente, como con los graves hechos en la Municipalidad de Asunción, a cargo del no solo cartista, sino protegido del cartismo Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Más allá de lo que piensen afuera del Paraguay, los paraguayos sabemos muy bien cómo son las cosas, nadie nos lo tiene que contar, aquí nos conocemos todos, es inútil que intenten vendernos gato por liebre.