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La ruinosa Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco), constituida en 2001 como sucesora de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, que hasta junio de este año adeudaba 833.000 millones de guaraníes y cuyos ingresos no alcanzan tan siquiera para abonar puntualmente los salarios de sus 2.500 empleados, seguirá siendo un lastre para los contribuyentes, absorbiendo fondos que podrían tener mucho mejores destinos, como el millón y medio de dólares que el Ministerio de Economía y Finanzas pagó en 2023 para tapar agujeros. En efecto, como el “plan estratégico” anunciado bajo el actual Gobierno, que implicaba buscar capital privado bajo la figura del riesgo compartido, no parece haber dado frutos, suponiendo que haya existido, el Congreso resolvió de pronto que unos 1.300 empleados sean trasladados en forma definitiva a las ya sobrepobladas entidades públicas e incluidos en el Presupuesto nacional, para aligerar las cuentas de la empresa y por ende aumentar el déficit presupuestario anual.
La medida será tomada “por única vez” durante el ejercicio 2025, de modo que se continuará echando dinero en ese barril sin fondo, como si la sanidad, la educación pública, la infraestructura vial y la seguridad interna estuvieran en condiciones tan óptimas que bien se podría arrojar un pequeño salvavidas a una empresa que hoy cuenta apenas con 115.000 clientes (los usuarios de las compañías de telefonía móvil, fuera de Vox, oscilan entre los 1,3 millones y 3,1 millones), aún aferrados a la arcaica telefonía fija, a menudo fuera de servicio debido al robo de cables. Como subió al tren de la telefonía móvil cuando el mercado ya estaba en manos de otras firmas, su filial Vox resultó una inversión fallida: ocupa solo el 4% del mercado, con unos 250 empleados. La fuga de usuarios de la telefonía fija hizo que en 2015 el Consejo Nacional de Empresas Públicas pida a la empresa hoy dirigida por Óscar Stark un plan para sanear sus finanzas y, en especial, reestructurar el área de recursos humanos; si fue elaborado, de nada sirvió, ya que la fallida empresa y su “satélite” fueron de mal en peor.
El proyecto en cuestión, que no será objetado por el Poder Ejecutivo, libera a los trasladados de la obligación de demostrar sus méritos y aptitudes en un concurso público de oposición, aunque agrega que las funciones que se les asignen en las entidades de destino deben ajustarse a sus respectivas capacidades. Se ignora el criterio de selección y cómo se sabrá lo que podrían hacer si no son sometidos a un examen. Por lo demás, los organismos a los que irán a parar ya están a su vez saturados, al igual que la propia Copaco, como tácitamente se reconoce en la ley a ser promulgada: los trasladados seguirán sin nada útil que hacer en pro del bien común, pero conservarán su antigüedad, su régimen jubilatorio y sus “derechos adquiridos”, en virtud de un contrato colectivo de trabajo de 2016.
Como se ve, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo se atreven a liberar a la población de una carga muy pesada: prefieren que subsista con más pena que gloria, a sabiendas de que seguirá siendo incapaz de competir con eficiencia en el mercado de las telecomunicaciones, no solo debido a la corrupción, al derroche y al clientelismo, sino también porque su modernización requería cuantiosas inversiones de resultado incierto. Santiago Peña dijo hace un año que no tenía previsto vender ni cerrar la Copaco, aunque esté “prácticamente en quiebra” y sea “muy complicado” invertir en ella. Todo indica que sigue en lo mismo, pese a que ya resulta claro que no tiene un plan para resucitar al muerto. Con toda evidencia, el país tiene otras prioridades, sin que falten los “nacionalistas” de siempre que creen que el Estado no debería desprenderse de un servicio supuestamente “estratégico”. Sigue en vigor, en fin, lo afirmado en nuestro editorial del 31 de agosto de 2023: “Con el paso del tiempo, y dada su desastrosa situación, la liquidación o la privatización de la Copaco resulta cada vez más imperiosa”, porque el Estado es un pésimo empresario que desvía su atención del interés general al encargarse de lo que el sector privado haría mejor. Solo el clientelismo y la politiquería pueden explicar que Juan Pueblo continúe cargando sobre sus espaldas con este costoso elefante blanco.