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El escándalo de los fallecidos en las listas de beneficiarios de pensiones de adultos mayores parece confirmar que este no es más que un programa de repartija de dinero público para la corrupción, la politiquería y la compra de votos, pésimamente focalizado, con controles deliberadamente deficientes, probablemente para esconder el desfalco, todo agravado con la reciente promulgación por parte de Santiago Peña de la “Ley de Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores”, la cual, amén del grave hecho de no contar con financiamiento, en vez de asegurar que el subsidio realmente se concentre en los segmentos más vulnerables, promueve todo lo contrario.
Por casualidad, una familia de General Artigas, Itapúa, se encontró con la sorpresa de que en la lista de nuevos beneficiarios figuraban dos de sus miembros fallecidos hace más de veinte años. Ante esto, el secretario de Acción Social de la Municipalidad, Armando Ocampos, se puso a cruzar datos y constató que, de 81 personas en la nómina, ¡¡¡solo dos estaban con vida!!!, y así lo denunció ante sus superiores y ante el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La misma situación se pudo observar luego en distritos de Alto Paraná, Concepción y San Pedro, al tiempo de que se multiplicaban en distintos puntos del país pasacalles de seccionales coloradas ofreciendo “sus servicios” para tramitar el acceso al beneficio.
La secretaria de Acción Social del Departamento de Itapúa, Luz Marina Gauto, se lavó las manos. Dijo que su secretaría no tiene participación en el programa, aunque admitió que “acompañan y asesoran” para la inscripción y reveló que también detectaron en las listas a personas fallecidas y a otras incluidas “incorrectamente”, como a hijas de excombatientes que ya cuentan con otra pensión. No aclaró si lo denunció en su momento y ante quién.
Por su parte, el viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, Raúl Ramírez, calificó los hechos como simples “errores” y vagamente los atribuyó a “datos desfasados provistos por el Ministerio de Salud y el Registro Civil”. Si bien ese ministerio debería ser el responsable de fiscalizar, apeló a la ciudadanía y a los encargados regionales para “constatar en sus comunidades quiénes en realidad siguen con vida”. Sin embargo, llamativamente el MDS retiró la lista de su portal digital y la reemplazó por un buscador, con lo cual solamente se pueden encontrar casos específicos si se busca a alguien en particular, en vez de permitir el control ciudadano general, una medida no solo sospechosa, sino incluso dolosa.
Toda esta corruptela se vio catapultada con la promulgación de la Ley 7235, que elimina el censo previo exigido en la ley anterior y extiende el subsidio a toda persona mayor de 65 años por el solo hecho de cumplirlos, con el único requisito de no estar en el Registro Único de Contribuyentes ni ser cotizante del seguro social, lo que de por sí crea un incentivo perverso en contra de la formalización.
Hasta este año estaban inscriptos 307.000 supuestos beneficiarios, con una asignación mensual del 25% de un salario mínimo, lo que demanda en este ejercicio una erogación pública de 340 millones de dólares, equivalentes a un tercio de todo el presupuesto destinado a salud pública solo para ese concepto. Se estima que con la nueva ley el universo de potenciales favorecidos se extiende en lo inmediato a 550.000 personas, 16.000 de los cuales ingresarán ya en 2024 y el resto a razón de un mínimo de 30.000 por año, para lo cual la ley no prevé fuente de financiamiento, es decir que se solventará a costa de otros programas.
Ese número es en sí mismo inaudito, porque no hay en el país 550.000 personas en condiciones extremas de vulnerabilidad como para requerir una “asistencia alimentaria” por parte del Estado. La cifra oficial de pobreza extrema en Paraguay es del 4,9% sobre una población de 6.100.000, o sea, 298.900 habitantes en total, sean adultos mayores o de cualquier edad. Ese solo dato ya demuestra que este programa, y otros similares, son disparates populistas para la maquinaria política y la corrupción a costa del bolsillo de la gente.
Estamos seguros de que la gran mayoría de la población paraguaya está de acuerdo con que se utilicen sus impuestos para ayudar a los compatriotas que más lo necesitan y no tienen otra fuente de subsistencia, pero no para mantener a un ejército de avivados en connivencia con los caudillos locales, y mucho menos para los operadores políticos que, evidentemente y como lo sugieren los casos que están saliendo a la luz, son los que se quedan con la mayor parte mediante fraudes tramposos tolerados y hasta alentados por las autoridades.